La senadora Mercedes Derrache impulsa un proyecto de ley crucial que busca establecer una prohibición taxativa para que personas condenadas por ciertos delitos graves ejerzan funciones que impliquen contacto directo con niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, elaborada juntamente con la senadora Adriana Cano, apunta a crear un ambiente de protección en todos los ámbitos donde los menores se desarrollan.
La iniciativa surgió tras un caso reciente de abuso sexual cometido por un entrenador de hockey femenino contra una menor de 15 años, quien, pese a estar condenado, fue nuevamente designado como instructor de un equipo de menores en el departamento de Rivadavia.
El proyecto modifica artículos de la Ley 6457 (Ley Provincial del Deporte) y de la Ley 9139 (Régimen Jurídico de Protección de Menores de Edad), e incorpora un nuevo artículo -el 13 bis- que establece expresamente la prohibición de designar en funciones a personas con condenas por delitos sexuales o de violencia de género, aun cuando no hayan recibido penas de prisión efectiva.
«Junto con la senadora Adriana Cano, diseñamos este proyecto de ley para llevar a su máxima expresión el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se trata de una iniciativa que busca hacer efectivo dicho cuidado en todos los ambientes y sectores donde los menores se desarrollan», afirmó la senadora Derrache al describir la esencia de la propuesta.
«El proyecto tiene como finalidad garantizar entornos deportivos, culturales, educativos, sociales y religiosos seguros para niñas, niños y adolescentes, mediante la prohibición expresa de designar en funciones con contacto directo con menores a personas condenadas por delitos sexuales, trata de persona o de violencia de género, aun cuando las penas no impliquen prisión efectiva», siguió explicando en la entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
Ampliación del cuidado a lo privado
La legisladora explicó que si bien el ámbito estatal (como la docencia) ya cuenta con regulaciones de ficha limpia sancionadas el año pasado, el nuevo proyecto busca ampliar esta protección a los sectores no regulados. La necesidad de esta ampliación surge de casos detectados en instituciones no gubernamentales, donde la falta de una normativa clara permitió situaciones de riesgo. «Se han dado casos muy preocupantes donde entrenadores y profesores con condenas por estos delitos de abuso seguían siendo recontratados por entidades deportivas para ejercer funciones de cuidado», aseguró la senadora.
El vacío legal y las consecuencias
El proyecto apunta a llenar un vacío legal que, hasta ahora, permitía a las instituciones contratar a estas personas sin una sanción específica. La propuesta exige que, previo a la contratación, cualquier entidad —sea deportiva, asociación sin fines de lucro, o persona jurídica o humana— que desarrolle actividades con menores, deba requerir el certificado de antecedentes penales que acredite estar libre de los delitos mencionados.
«Frente al vacío legal preexistente, se presentaron casos muy recientes donde las instituciones volvían a contratar a personas condenadas. Para evitar que ninguna institución pueda evadir esta obligación, nos pareció oportuno dejar específica y claramente establecida la prohibición legal, ya que antes no existía una sanción específica, sino una omisión», subrayó la legisladora.
«Si la ley entra en vigor, cualquier incumplimiento se debe considerar una infracción directa. Con ello, le estamos brindando herramientas contundentes al sistema de justicia», consideró en otro tramo del reportaje.
Estado parlamentario del proyecto
En cuanto al estado legislativo, el proyecto avanza con rapidez. «El proyecto tuvo despacho positivo de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) el miércoles y, gracias a Dios, recibió un tratamiento rápido. La situación lo amerita», expresó Derrache.
Se espera que el próximo martes el proyecto reciba la media sanción en el recinto de la Cámara de Senadores, tras lo cual pasará a la Cámara de Diputados. La legisladora expresó su compromiso para que el tratamiento en la cámara baja también sea expedito y que la normativa sea promulgada lo más rápido posible.
Por último, la senadora enfatizó sobre el espíritu de la ley, buscando desactivar cualquier debate sobre la reinserción laboral de los condenados. «Lo más importante es que ante todo tenemos que cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. La persona podrá trabajar, pero no frente a ellos. No estamos prohibiendo su reinserción, sino cuidando estrictamente el contacto con los chicos, un consenso en el que no hay fisura», sentenció.
