Proyecto contra el acoso perjudicaría a un funcionario denunciado de nuestra provincia

Un proyecto de un senador radical para sancionar a funcionarios acusados de abusos sexuales, podría perjudicar al subsecretario de Trabajo Alejandro Jofré, que sigue en funciones tras haber sido denunciado por supuesto abuso sexual por tres empleadas.

La denuncia se conoció a fines del año pasado y en ese momento la justicia resolvió solamente una prohibición de contacto como medida general. Según indicó la fiscal que entiende en la causa, Cecilia Bignert, la semana próxima podría haber novedades ya que se conocerán los resultados de las pericias psicológicas. Según los análisis se determinará si hay o no elementos para imputar.

Para evitar situaciones como estas es que el legislador, Adrián Reche, presentó un proyecto para “prohibir y sancionar” el acoso sexual en las relaciones laborales pertenecientes a la administración pública. La propuesta apunta a erradicar la violencia contra las mujeres en este tipo de ámbito.

El legislador propone las sanciones disciplinarias previstas en el estatuto del empleado público para quien incurra en el acoso sexual; sanciones que van desde el apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración, dependiendo de la gravedad del caso.

En el artículo 3, el proyecto define por acoso sexual al “accionar de los funcionarios y/o empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función, incurran en conductas que tengan por objeto cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado por la persona a quien va dirigido, requerimiento de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza sexual (…)”.

En cuanto al procedimiento, Reche busca que la persona acosada deba informar la situación a sus superiores, quienes tendrán tres días a correr traslado al acusado para que pueda ejercer su derecho legítimo a defensa.

La víctima podrá contar con la asistencia del equipo interdisciplinario dependiente de la Dirección de la Mujer, a fin de brindar gratuitamente asesoramiento legal, tratamiento psicológico y asistencia social. Además su identidad se mantendrá en reserva la identidad de todos los involucrados.

Asimismo se propone que la Dirección de la Mujer tenga un registro sobre la identidad de las personas sancionadas, datos que serán reservados, salvo en casos que se requieran como antecedentes laborales o disciplinarios.

Fuente: El Sol de Mendoza