Un proyecto legislativo busca frenar por un año embargos y remates a quienes no cobraron su uva tras la insolvencia de bodegas. Advierten sobre el riesgo de pérdida de fincas productivas y piden intervención del Gobierno provincial.
La crisis que atraviesa la vitivinicultura mendocina sumó un nuevo capítulo con la presentación de un proyecto que solicita suspender por 1 año las ejecuciones contra productores que no pudieron cobrar su uva tras la insolvencia de algunas bodegas. La iniciativa fue impulsada por el senador provincial Martín Rostand, quien explicó que la propuesta busca proteger al eslabón más débil de la cadena mientras se encuentra una salida estructural al problema.
La situación se agravó en los últimos meses por dificultades financieras en firmas emblemáticas como Bianchi en San Rafael y Norton en el norte provincial, cuyos inconvenientes impactaron directamente en los productores primarios que entregaron su cosecha pero no recibieron el pago correspondiente. Esa falta de liquidez, a su vez, impide que puedan afrontar créditos tomados para financiar la vendimia.
“Como es de público conocimiento, la situación de todo el sector vitivinícola es verdaderamente grave, crítica en algunos casos”, detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 el legislador sanrafaelino. En ese sentido, explicó que “estas dos experiencias respecto a estas empresas son emergentes de esta problemática” y que quienes quedan más expuestos son los productores. “Aparecen como más comprometidos en el eslabón más débil que la cadena productiva tiene, que es el productor primario”, sostuvo.
Según Rostand, los reclamos surgieron directamente de los viñateros. “La iniciativa de este proyecto tiene que ver con la preocupación que nos acercan los propios productores”, afirmó, al tiempo que explicó que muchos ya están recibiendo intimaciones de entidades financieras como el Banco Supervielle o sociedades de garantía recíproca por créditos tomados para afrontar gastos de cosecha. “Han entregado la producción a la firma y ante la insolvencia ahora se encuentran con que no tienen la uva y tampoco el dinero para devolver al banco”, remarcó.
El senador explicó que el pedido no busca condonar deudas, sino otorgar un compás de espera. “Esto no significa disolver los compromisos ni negarlos, lo que estamos pidiendo es que se suspendan los intereses punitorios para evitar que la deuda se engrose y el perjuicio sea mayor”, indicó. El objetivo es permitir renegociaciones y evitar que los productores pierdan sus fincas por embargos o remates.
Rostand advirtió que, sin intervención estatal, el mercado puede resolver el problema pero con consecuencias graves. “El mercado va a solucionar este problema, pero lo va a hacer de una manera cruel”, expresó, y agregó que eso puede traducirse en ejecuciones rápidas por tratarse de títulos ejecutivos. “Con los bancos ejecutando las deudas habrá inhibiciones, embargos y remates”, señaló.
El legislador también alertó sobre el impacto a largo plazo en la matriz productiva. “Frente a esta frustración, lo que se pierde son tierras productivas”, afirmó, y explicó que algunos propietarios evalúan cerrar sus fincas y destinar esos terrenos a loteos inmobiliarios ante la falta de rentabilidad del negocio.
En paralelo, mencionó que existen otras iniciativas legislativas vinculadas al tema, presentadas por distintos representantes, lo que refleja la preocupación generalizada por la situación del sector. Sin embargo, el proyecto aún no recibió respuesta del Ejecutivo provincial. “Esto lo presentamos recientemente y todavía no hemos tenido respuesta del Ejecutivo”, indicó, y agregó que esperan una definición en los próximos días.
El planteo apunta a que el Gobierno de Mendoza intervenga como ya ocurrió en otras crisis productivas, generando herramientas que permitan sostener la actividad y evitar la desaparición de pequeños y medianos productores. Para Rostand, la vitivinicultura es una actividad estratégica para la economía regional y su debilitamiento impacta en empleo, exportaciones y desarrollo territorial.
Mientras tanto, productores y legisladores coinciden en que la situación requiere medidas urgentes. La vendimia avanza, las deudas se acumulan y el riesgo de ejecuciones crece. En ese escenario, la propuesta de suspender embargos por 1 año busca dar aire a quienes hoy no pudieron cobrar su trabajo y evitar que la crisis financiera se transforme en una crisis social y productiva más profunda.
