El Gobierno de Mendoza ha lanzado una ofensiva legal contra el acoso escolar, proponiendo que los padres, madres o tutores sean considerados responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos. El caso de la menor que llevó un arma y disparó tres veces al aire en La Paz fue uno de los detonantes de este importante proyecto para la sociedad. La iniciativa, presentada por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, busca modificar el Código de Contravenciones para establecer un sistema de sanciones.
El proyecto de ley establece que los adultos responsables serán pasibles de castigos en caso de que, una vez notificados de la conducta violenta, no adopten las medidas de supervisión, educación o contención necesarias para detenerla, o si incumplen los compromisos de conducta previamente asumidos.
Las sanciones están diseñadas para ser progresivas y mixtas, combinando medidas educativas con castigos económicos. En caso de reincidencia, las sanciones se agravarán con multas que, según la propuesta, podrían superar los $2 millones. La finalidad del proyecto es garantizar que la lucha contra el bullying sea un compromiso compartido, extendiendo la responsabilidad más allá del ámbito escolar.
Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza y presidenta del Senado, brindó una entrevista a FM Vos 94.5 y dio más precisiones sobre la iniciativa. «El proyecto de ley parte del argumento de que el bullying no es solo un problema escolar, sino que los padres deben asumir un rol activo en la educación y las acciones de sus hijos. La verdad que también los padres tienen que empezar a hacerse cargo de lo que hacen sus hijos. La responsabilidad parental es importante en estos casos. En la escuela se puede instruir al alumno con diferentes materias, pero los valores vienen de la casa», expresó Casado al principio del reportaje.
«La propuesta establece una progresión de sanciones para los padres del niño acosador, con un enfoque inicial en la educación. En primera instancia, el padre y el hijo deberán acudir a un taller antibullying y realizar tareas comunitarias. El juez contravencional definirá la naturaleza y duración de estas tareas según la gravedad del caso. En caso de reincidencia, se aplicará una multa de 500 a 5000 Unidades Fijas (UF)», detalló la vicegobernadora.
El valor actual de las UF es de $420, por lo que las multas podrán oscilar entre los $210.000 y los $2.100.000.
Estado parlamentario del proyecto
Más adelante, la sanrafaelina dio más detalles del proyecto. «La iniciativa ya ingresó a la Legislatura y será tratado en comisión conjunta a partir del lunes. Además de la penalización, se han confeccionado capacitaciones, una guía y un protocolo de acción para docentes y no docentes, con el fin de identificar la gravedad de las acciones de bullying y determinar las medidas a tomar con el alumno, que pueden ir desde la separación del aula con educación virtual hasta su evaluación por el gabinete psicopedagógico», indicó.
Defensa de la reforma del Estatuto del Empleado Público
Respecto a la reforma del Estatuto del Empleado Público, aprobada en la Legislatura tras su voto de desempate esta semana, Casado sostuvo que la ley busca terminar con la inequidad en la administración central, donde existían capas geológicas de empleados que no son permanentes sino temporales. «El Estado no puede seguir pagando sueldos a personal que fue incorporado como temporario por gestiones anteriores, lo que ha generado costosos juicios por reincorporación. Tener personal porque sí, nada más porque alguien lo metió y quedó, la verdad que no es justo para aquellos que pagan impuestos», argumentó Casado.
Sobre la crítica de ATE respecto a la nueva figura del trabajador interino, que según el gremio promueve la flexibilización laboral, Casado fue enfática. «El objetivo de la reforma es la modernización del Estado y garantizar que los ingresos a planta permanente se realicen únicamente por concurso», destacó.
«Queremos que aquel que ingrese a planta permanente lo haga por concurso, mientras tanto, va a ser interino. La ley también fija un tope de reintegro de 24 meses de sueldo en caso de que un empleado temporal judicialice su despido y elimina la figura de los cargos hereditarios, una práctica obsoleta que se mantenía en la ley de 1973», aseguró Hebe Casado sobre el final del reportaje.
