La presidenta de la Organización No Gubernamental (ONG) Protectora, Romina Ríos, explicó a través de FM Vos (94.5) y de Diario San Rafael que hay una normativa del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), aunque aún no están las habilitaciones en las páginas web de las empresas prestadoras de los servicios.
La resolución que impuso una tarifa básica universal para los servicios de internet, televisión por cable y telefonía fija y móvil, está vigente desde el inicio del 2021. Es que con la llegada de la pandemia, esos servicios se volvieron fundamentales para la educación, las tareas laborales o simplemente para comunicación. Si bien desde el Gobierno insisten en que la norma fuerza a prestar los servicios incluidos, existe un período de adaptación hasta que los distintos prestadores puedan incorporarlos.
Ríos señaló que cuando esté habilitado en las páginas de las empresas, los usuarios tienen que registrarse en cada una por separado y no a través del Enacom. No cualquiera puede acceder a estos precios cuidados, sino que hay que reunir determinadas condiciones, como las similares para la Tarifa Social: trabajadores, jubilados y pensionados que no perciban más de un salario mínimo, vital y móvil; los hijos de entre 16 y 18 años de ese mismo grupo de personas; quienes estén adheridos al régimen de empleado doméstico; quienes hayan sido despedidos en esta época; monotributistas sociales; ex combatientes de Malvinas. “Hasta el momento no van a poder acceder, porque están teniendo demoras en teoría para implementarlo en sus sistemas y ofrecerlos a los usuarios, pero más que problemas técnicos yo considero que una actitud también un poco no sé si en venganza, pero al no haberles dado el aumento que las empresa querían en la tarifa, están tomando esta actitud de ir demorando cada una de las resoluciones que se van aplicando”, dijo y agregó que para esas mismas empresas, “no es prioritario el trato a los usuarios, sino que son clientes” y por lo tanto no le dan un trato protectorio, habiendo falta de empatía.
Al ser estos ahora “servicios básicos”, para el Gobierno deben ser una premisa básica, por lo que tiene el deber de garantizárselo a toda la ciudadanía, y no sólo a través de un decreto u otras normativas, sino efectivamente lograr la aplicación de la medida. No obstante, cabe decir que durante el 2020, las mismas empresas tuvieron autorizaciones para realizar aumentos considerables en sus facturas. “Con este nuevo cambio, considerando todo eso como un servicio público esencial y que el Estado esté regulando aún más la tarifa, muchos salieron al cruce y a decir que esto iba a provocar falta de inversiones, que el servicio no se iba a cargar de manera adecuada y eso genera rispideces”, aseguró.
