El sacerdote Javier Olivera Ravasi ya no puede residir en la diócesis de Zárate-Campana por disposición de la autoridad eclesiástica y tendrá que volver a Santa Rafael (Mendoza) o buscar otro lugar donde vivir. La decisión se conoció a través de un comunicado publicado en el sitio web de esa jurisdicción eclesiástica, cuyo titular es el obispo Pedro María Laxague. La medida es la primera consecuencia del revuelo causado dentro y fuera de la Iglesia por las acciones que el cura viene realizando en coordinación con diputados de La Libertad Avanza (LLA) para obtener la prisión domiciliaria de los genocidas presos por delitos de lesa humanidad.
En el encuentro celebrado el martes con el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea, y con el vicepresidente del mismo cuerpo, obispo Marcelo Colombo, una delegación de representantes de los organismos defensores de derechos humanos había pedido la expulsión de Olivera Ravasi de la Iglesia “por las actividades que viene desarrollando y por ser heredero del proyecto de impunidad de los genocidas”.
En el comunicado eclesiástico se recuerda ahora que “el sacerdote, Presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años” y que “por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana”. En el mismo texto se advierte que ese permiso le fue concedido “por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”.
En el documento se argumenta escuetamente que “en reiteradas ocasiones, se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote” y que por ese motivo “se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder”.
A partir de la decisión del obispado de Zárate-Campana el cura Olivera Ravasi deberá regresar a San Rafael (Mendoza), la diócesis a la que pertenece según la norma eclesiástica o, de lo contrario, buscar que algún otro obispo lo acoja. La disposición no adelanta sobre la posibilidad de que se tomen otras medidas que restrinjan la actividad religiosa del cura ni tampoco sobre su estatus como sacerdote. Cualquier determinación al respecto debería recaer en principio sobre el obispo de San Rafael, Carlos María Domínguez, de quien hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento.
El cura Olivera Ravasi es un activo militante de la ultraderecha, y en redes sociales se presenta él mismo como promotor del proyecto para liberar a los genocidas presos. El sacerdote nacido el 12 de setiembre de 1977 es hijo de Jorge Olivera, militar condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El cura se encargó de organizar reuniones entre legisladores y referentes políticos de LLA para elaborar un proyecto de ley que permitiera el acceso a la prisión domiciliaria de los detenidos por delitos de lesa humanidad. Aunque no tenía funciones asignadas en la diócesis el religioso se desempeñó hasta el momento en la capilla “San Juan de la Luz”, en el barrio privado San Benito, en la ciudad de Zárate.
Si bien el comunicado oficial de la Iglesia no menciona sanciones sí se dice que en varias ocasiones el sacerdote fue advertido por su conducta que, por otra parte, contradice la perspectiva sobre “memoria, verdad y justicia” expresada por el Papa Francisco y por las autoridades de la iglesia local. El vocero oficial de la Conferencia, el sacerdote Máximo Jurcinovic aclaró expresamente que los dichos y hechos de Olivera Ravasi no representan el pensamiento de la Iglesia y en ese misma línea se expresaron los obispos Ojea y Colombo en el encuentro mantenido el pasado martes con representantes de organismos defensores de los derechos humanos.
Ahora la diócesis de Zárate-Campana sostiene que “al no observarse hasta el presente (en Olivera Ravasi) el cambio requerido en su actitud y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.
Si bien el comunicado oficial de la Iglesia no menciona sanciones sí se dice que en varias ocasiones el sacerdote fue advertido por su conducta que, por otra parte, contradice la perspectiva sobre “memoria, verdad y justicia” expresada por el Papa Francisco y por las autoridades de la iglesia local. El vocero oficial de la Conferencia, el sacerdote Máximo Jurcinovic aclaró expresamente que los dichos y hechos de Olivera Ravasi no representan el pensamiento de la Iglesia y en ese misma línea se expresaron los obispos Ojea y Colombo en el encuentro mantenido el pasado martes con representantes de organismos defensores de los derechos humanos.
Ahora la diócesis de Zárate-Campana sostiene que “al no observarse hasta el presente (en Olivera Ravasi) el cambio requerido en su actitud y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.
Quién es el sacerdote Olivera Ravasi
Olivera Ravasi nació el 12 de setiembre de 1977, en San Juan, el destino castrense de su padre, Jorge Olivera, hoy condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Para el cura “mi padre está detenido por haber luchado en la década de los setenta” y “para mi es una cruz familiar”, según lo dijo en una entrevista con el diario La Nación.
El cura hizo sus estudios en el Instituto del Verbo Encarnado, una institución con base en San Rafael (Mendoza), cuestionada e intervenida por el Papa Francisco, El fundador del Verbo Encarnado, el sacerdote Carlos Buela, falleció el 23 de abril del año pasado en Génova (Italia) y estaba suspendido desde el 2010 por la Iglesia a raíz de la condena sufrida en un juicio canónico en el que se le comprobó abusos contra miembros de la institución.
Fuente: Página 12
