Reclaman por desalojos en puestos de El Secano y piden avanzar con la regularización de tierras

La situación de una mujer desalojada en la zona del puesto “El Lechuzo” del Cerro Nevado volvió a poner en discusión la problemática de la tenencia de tierras. Puesteros y vecinos aseguran que existen familias con varias generaciones viviendo en esos lugares y reclaman mayor intervención del Estado.

La situación de los puesteros de El Secano volvió a quedar en el centro de la escena luego de una reunión realizada con vecinos y familias de distintos puestos rurales para abordar problemáticas vinculadas a la regularización de tierras y posibles desalojos. El encuentro se desarrolló tras conocerse el caso de doña Hilda Arenas, una mujer mayor que fue desalojada del puesto “El Lechuzo”, ubicado en la zona del Cerro Nevado, el pasado 17 de abril.

Fabiola Carrión, quien acompañó a la familia y participó de la convocatoria, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que la iniciativa surgió de manera particular y desde un trabajo voluntario de acompañamiento a personas que tienen dificultades para realizar trámites administrativos y legales. “Nosotros estamos trabajando bastante en la cuestión del voluntariado, tratando de ayudar siempre en el lugar de ciudadano”, sostuvo. En ese sentido, agregó que vivir en distritos alejados implica múltiples complicaciones para acceder a servicios y organismos estatales. “Todo nos juega en contra: el tema del transporte, la tecnología”, señaló.

Según relató Carrión, el contacto con la familia surgió a partir de una vecina de El Nihuil que comentó la situación del desalojo y consultó si podía colaborar de alguna manera. “Lo primero fue tratar de hablar con la familia y ver qué es lo que había pasado para arrancar desde ahí a ver en qué se podía ayudar”, explicó.

Durante la entrevista también tomó la palabra Ariel Acosta, hijo de la mujer desalojada, quien brindó detalles sobre lo ocurrido aquel 17 de abril. Según indicó, él se encontraba en Mendoza acompañando a un hermano que había sido operado de la vista cuando recibió el llamado informando sobre el procedimiento. “Mi vieja no sabía leer ni escribir. La dejaron allá, la amenazaron y la cargaron en un móvil”, expresó. Además, aseguró que al regresar junto a otros vecinos encontraron pertenencias abandonadas a varios kilómetros del lugar. “Camas, sillas, colchones, garrafas, cocina, todo tirado en la ruta”, manifestó.

Acosta indicó que las pertenencias estaban a unos 24 kilómetros del puesto y señaló directamente a personas que, según afirmó, participaron del procedimiento posterior al desalojo. También aseguró que la familia ocupa esas tierras desde hace generaciones.

“Nosotros llevamos la quinta generación en el puesto allí. Mi bisabuelo, Francisco Pérez, llegó al puesto cuando tenía 12 años”, relató. Asimismo, señaló que su padre realizó una mensura en 1988 y que la familia cuenta con documentación vinculada al pago de impuestos inmobiliarios. “Todos los papeles que tenemos eran de pagos de impuestos inmobiliarios”, indicó, remarcando que la situación conflictiva no es nueva y que ya habían existido intentos de desalojo años atrás. “Nosotros sufrimos atropellos de desalojos”, afirmó.

Consultada sobre la situación legal, Carrión aclaró que hasta el momento no pudieron acceder plenamente a los expedientes judiciales relacionados con el caso. “Las personas que nos atendieron en Defensoría del Pueblo tampoco pudieron acceder a los expedientes”, sostuvo.

La mujer explicó que el acompañamiento busca mantener una postura objetiva y enfocarse en la asistencia a familias vulnerables. “Entendemos que es una situación de vulnerabilidad de las personas y tratamos de ayudar en eso”, expresó.

Carrión remarcó además que existe preocupación en otros sectores rurales del departamento y que, tras la difusión de la convocatoria, comenzaron a recibir consultas de familias de distintos puntos del secano. “No es solamente un caso concreto, sino que es una inquietud de varias personas”, afirmó, detallando que hubo contactos desde zonas cercanas a la Ruta Provincial 25 y también desde Punta del Agua.

En relación con la situación dominial de los terrenos, explicó que muchas familias permanecieron históricamente en los puestos sin contar con regularizaciones formales. “Muchas veces por nombre todos sabían de quién era el puesto o la tierra, pero nunca se hizo nada en concreto”, señaló.

También indicó que existen mensuras que abarcan importantes extensiones de tierra y que en algunos casos los antecedentes se remontan a varias generaciones. “Ellos tienen una mensura de más de 10.000 hectáreas”, precisó.

Por otra parte, Carrión recordó que actualmente se encuentra vigente la denominada Ley de Arraigo, normativa que busca proteger a pobladores rurales y evitar desalojos. “Hay una ley, que es la Ley de Arraigo, la 6.086, que está prorrogada hasta diciembre de este año, que evita todo tipo de desalojos”, remarcó. Mientras tanto, la familia afectada continúa realizando gestiones ante Catastro y otros organismos provinciales con el objetivo de acceder a documentación y avanzar en la defensa de su situación.