Lamentablemente la Justicia vuelve a ser foco de críticas, pues su rol en los conflictos por la tenencia de los hijos en casos de separaciones o divorcios tiene como consecuencia la vulneración de los derechos de niños y niñas que, en muchos casos pierden el contacto con alguno de sus progenitores y toda su familia paterna o materna. Hay casi medio millón de chicos afectados por esta problemática en Argentina.
Pablo Mangiarotti, miembro de la Asociación Infancias Compartidas, entidad que reclama de manera constante por la lentitud judicial desde hace mucho tiempo, explicó a través de FM Vos (94.5) y de Diario San Rafael, que están en un escenario donde se plantea el colapso de la Justicia. “Hace poquito la Asociación de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, alertó sobre la posibilidad del colapso judicial cuando dijeron que los juzgados de Familia, los Civiles y los de Paz tienen que absorber la violencia laboral y otras causas civiles para su fuero.
La realidad es que las denuncias no paran y crecen, la violencia intrafamiliar es un fenómeno que crece y la realidad es que el Estado no le acierta al diagnóstico de la problemática, entonces la función que tendría que tener de prevención, de concientización, de buscar herramientas para que los problemas bajen su magnitud, para que la gente comience a comprender que lo que verdaderamente pasa cuando se produce un conflicto dentro de una familia o cuando papá y mamá se separan, es que los verdaderos perjudicados son los chicos”, aclaró y criticó que los juzgados de Familia “se crearon para proponer soluciones a esta problemática y la realidad es que lejos de eso, lo que proponen es una lógica adversarial pues desde la carátula, está ‘Pepito’ contra ‘Fulanita’, no es ‘Pepito y Fulanita a favor de su hijo’ y eso es lo que se tendría que encontrar”.
En los pésimos momentos, donde se van a dividir bienes, se van a ordenar los tiempos para ver a los pequeños, lo que se hace estatalmente es “ponerle nafta al fuego”. Es que mientras surge una denuncia y el juzgado empieza a ver qué ocurre, pueden pasar varios meses o hasta varios años incluso. “Nosotros sostenemos que esto es violencia institucional, y no sólo lo sostenemos nosotros ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sancionado a la República Argentina por la demora en los procesos judiciales que involucran a chicos que son sujetos de derecho por quienes hay que preservar su identidad, a la libre expresión, porque los chicos tienen que llegar a hablar, tienen que ser escuchados rápidamente para que se sepa qué es lo que les está pasando”, destacó y añadió que si bien la presión social es grande y útil, «hay malas prácticas desde organismos del Estado».
