Reconfiguración de las pensiones por invalidez: críticas al proyecto del Gobierno Nacional por la destrucción del principio de igualdad
El sistema de prestaciones para personas con discapacidad en Argentina atraviesa una de sus horas más críticas por medida del gobierno de Javier Milei. Mientras las instituciones del sector reclaman desde hace años una Ley de Emergencia que garantice el financiamiento y la operatividad de los servicios, el Gobierno Nacional ha enviado al Senado un proyecto denominado «Contra el fraude de pensiones por invalidez». Para Yanina García, referente de la Cámara Mendocina de Discapacidad (CADIMA) y kinesióloga, esta iniciativa no busca sanear vicios administrativos, sino desregular el sistema y recortar derechos adquiridos. En diálogo con FM Vos 94.5, García alertó sobre el impacto que tendrá este reordenamiento en las familias del sur mendocino.
La principal preocupación de CADIMA radica en la intención del Ejecutivo de reconfigurar el sistema de prestaciones básicas, permitiendo que cada obra social negocie sus propios aranceles, rompiendo la uniformidad nacional. «Este nuevo proyecto de ley es totalmente lo opuesto a lo que venimos pidiendo como Cámara. Desregular el sistema de prestaciones básicas es retroceder 30 o 50 años. Hoy existe un nomenclador nacional que, aunque está atrasado, unifica y da equidad a todas las personas del país sin importar su obra social. Abrir esto a la oferta y la demanda hará que cada obra social pague lo que se le ocurra a cada profesional, y que la calidad de la atención de una persona con discapacidad dependa exclusivamente de su cobertura. Es destruir el principio de igualdad», advirtió García de entrada.
Control o recorte: la polémica detrás del reempadronamiento obligatorio
El nombre del proyecto ha generado una fuerte indignación en el sector, al considerar que se criminaliza a los beneficiarios para justificar lo que consideran un ajuste presupuestario encubierto.
Respecto al estigma del título, García fue categórica al calificar la iniciativa como una falta de respeto a la comunidad. «Es vergonzoso. El nombre en sí mismo es un fraude a las personas con discapacidad. Poner un título de esa índole a un sistema que ya está tan dañado es malintencionado. Si el Estado considera que existen irregularidades, lo que corresponde es hacer auditorías y controlar a las juntas que emiten los certificados, que son sus propios empleados, y no cortar derechos masivamente para después ver quién tenía razón», reclamó la referente de CADIMA.
En cuanto a las barreras administrativas, la licenciada puso en duda la viabilidad del reempadronamiento obligatorio propuesto. «Plantean exigir antecedentes laborales y médicos actualizados, pero ¿le van a dar accesibilidad real a la gente para que lo haga? Hay muchas personas que, por su condición de salud, no pueden acercarse a generar instancias administrativas complejas. Si la verdadera intención fuera colaborar para que demuestren su condición y sigan manteniendo su derecho, me parecería perfecto; pero lo que han demostrado estos dos años es que solo buscan destruir el sistema», aseveró de forma categórica.
El pedido de emergencia en Mendoza
En paralelo al debate nacional, CADIMA ha estado trabajando activamente con legisladores e intendentes locales para que la provincia tome cartas en el asunto ante la asfixia financiera de las instituciones. «Hace 20 días que trabajamos para que se declare la emergencia en discapacidad en Mendoza y que el Gobernador inste al Ejecutivo Nacional a hacer lo mismo. Tenemos un proyecto de emergencia firmado por varios intendentes y diputados. Sin embargo, en medio de este esfuerzo, entra este proyecto nacional que va en sentido contrario», comentó García.
«Me permito desconfiar de la buena voluntad política de esta conducción. Hace dos años que estamos detrás de soluciones y solo recibimos más burocracia y desregulación», sostuvo.
El rol de los legisladores nacionales
Con el proyecto ya ingresado formalmente en el Senado Nacional, la mirada del sector se posa con urgencia sobre los representantes mendocinos en el Congreso y la postura que adoptarán frente a la posible eliminación de beneficios y la desregulación del sistema.
En este escenario, el objetivo primordial es despertar una mayor conciencia social sobre la realidad que enfrentan las familias. «Nuestro paso ahora es instar públicamente a los legisladores nacionales por Mendoza a que nos den la cara y nos digan cómo van a votar. Queremos generar conciencia para que ese ‘título amarillo’ de fraude no contamine el trabajo diario de las instituciones ni la vida de las personas con discapacidad, cuya realidad jamás está cerca de ser un fraude», enfatizó la entrevistada.
Además, destacó que mantienen un diálogo abierto y constante con diversos actores, aunque con una profunda desconfianza hacia la gestión actual. «Estamos generando reuniones permanentes. Nuestra actividad es ética y política, no partidaria, pero los últimos dos años y medio nos han demostrado con hechos que no hay voluntad real de mejorar el sistema de discapacidad. Vamos a defender con firmeza lo que conocemos y vivimos todos los días desde hace más de 21 años frente a los pacientes», manifestó.
La diferencia entre CUD y pensión
Finalmente, García aclaró que la confusión entre los certificados de discapacidad y las pensiones suele ser utilizada para desinformar a la opinión pública sobre el alcance de los recortes. «Hay que ser claros; el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y una pensión por invalidez son cosas diferentes. Si ha habido vicios en el otorgamiento, el Estado tiene efectores y empleados que son los que firman; hay que auditar esas juntas a lo largo del país. Pero ir directamente contra la persona con discapacidad es una estrategia dañina», afirmó.
«No se puede usar un error administrativo de una junta para quitarle el acceso a la salud o a la subsistencia a miles de ciudadanos que realmente lo necesitan», agregó al final de la comunicación.