Reconocido empresario sanrafaelino se expresó sobre el recorte de fondos para remediar Sierra Pintada, los pasivos ambientales y el futuro de la mina de uranio
El reconocido vecino y empresario de San Rafael Ricardo Stradella repasó la histórica lucha judicial impulsada desde la Multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable para impedir la reapertura de Sierra Pintada sin saneamiento previo. Advirtió que todavía quedan residuos contaminantes en el predio y cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de eliminar partidas destinadas a la remediación.
El recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno Nacional de Javier Milei sobre partidas destinadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica volvió a encender la alarma en San Rafael por la situación ambiental de Sierra Pintada. La decisión afecta unos $600 millones que estaban contemplados en el presupuesto 2026 para avanzar en la remediación de los pasivos ambientales del complejo minero fabril, una problemática que lleva décadas sin una solución definitiva.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el empresario bodeguero Ricardo Stradella analizó el escenario actual y recordó el largo proceso de reclamos judiciales y sociales que impulsó la Multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable, entidad que tuvo un rol central en la resistencia a la reapertura de la mina de uranio sin remediación ambiental previa.
“La noticia evidentemente no es de satisfacción para ninguno de nosotros en San Rafael”, expresó Stradella al comienzo de la entrevista, al ser consultado sobre el recorte de fondos nacionales.
El empresario consideró necesario hacer memoria sobre cómo se originó el conflicto en torno a Sierra Pintada y repasó el contexto de la década de 1990, cuando durante el gobierno de Carlos Menem surgió la intención de reactivar la explotación de uranio en el sur mendocino.
“Cuando en la época de Menem se decide reabrir la mina de uranio, hasta entonces nadie había prestado mucha atención sobre lo que pasaba mientras estaba explotando la mina y después de que se deja de explotar”, recordó.
Fue en ese momento cuando Stradella, junto a otros vecinos y dirigentes locales, comenzaron a interiorizarse sobre la situación ambiental del predio y las posibles consecuencias de una reapertura sin controles adecuados.
“Nosotros, junto con mi señora y con Paulina Martínez, decidimos formar un grupo que luego se transformó en la Multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable”, señaló.
Además, aclaró que la organización tuvo como presidente a Ricardo Schkop y que él ocupó la vicepresidencia. Según explicó, la Multisectorial funcionó “perfectamente bien dentro de todo el marco legal” y tuvo como principal objetivo investigar y advertir sobre las implicancias ambientales vinculadas a Sierra Pintada.
En ese proceso, relató que uno de los primeros obstáculos fue la postura que mantenía la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo que aseguraba que no existían riesgos ambientales relevantes.
“La Comisión de Energía Atómica en realidad nos decía que no había ningún tipo de problema”, afirmó Stradella, aclarando que se refería específicamente a los cuestionamientos por contaminación y que el órgano estatal decía que estaba todo controlado.
El empresario recordó que las discusiones con el organismo nacional fueron intensas y atravesadas por fuertes tensiones. “Tuvimos idas y vueltas, encontronazos bastante complicados con la Comisión de Energía Atómica. La verdad fue feo esa lucha porque sufrimos cosas que no vienen al caso mencionar, pero nos trataron bastante mal”, manifestó.
Frente a ese escenario, explicó que desde la Multisectorial tomaron la decisión de avanzar únicamente por la vía judicial, buscando impedir la reapertura de la mina mientras no existiera una remediación integral del lugar.
“Decidimos ir solamente por la vía legal para pedirle a la Comisión que lo que tenía que hacer era, antes de abrir, remediar”, detalló.
Stradella recordó además que desde la Comisión Nacional de Energía Atómica se propuso en algún momento avanzar con una “remediación sincrónica”, es decir, desarrollar tareas de saneamiento mientras paralelamente se retomaba la explotación minera.
“Ellos también en un momento plantearon la remediación sincrónica que era ‘nosotros abrimos y vamos remediando’, y nosotros desde la Multisectorial a eso nos opusimos”, sostuvo.
En relación con el contexto social de aquellos años, el empresario remarcó que la percepción ambiental de la comunidad era muy distinta a la actual. “En aquella época la sociedad sanrafaelina era bastante escéptica sobre la reapertura de la mina de uranio y tampoco había la conciencia que hay hoy sobre la contaminación que esto produce”, expresó.
Con el paso del tiempo, la Multisectorial avanzó judicialmente con el patrocinio del abogado Andrés Gil y logró un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia en 2010 que marcó un antes y un después en el conflicto.
“Llegamos a que la Corte Suprema de Justicia nos diera la razón”, destacó Stradella.
A partir de esa resolución, remarcó, quedó establecido que la mina no puede reabrirse mientras no exista una remediación ambiental completa y comprobable. “La mina, bajo ningún concepto, hoy se puede abrir”, afirmó.
En ese sentido, insistió: “No se puede abrir si no se remedia”.
En el año 2019, la provincia de Mendoza otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). A través de la Resolución 259 del gobierno provincial, se autorizó formalmente el plan de remediación de los pasivos ambientales del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada (San Rafael), pero luego por la llegada de la cuarentena y la falta de fondos los trabajos de remediación desminuyeron su actividad y no se cumplió con el plazo estipulado para finalizar.
No obstante, Stradella reconoció que durante estos años sí existieron algunas acciones parciales dentro del predio, aunque consideró que los avances fueron insuficientes frente a la magnitud del problema ambiental existente.
“Se ha hecho bastante poco. Sí se hicieron cosas, también hay que ser honestos. Se impermeabilizaron algunas lagunas, hay cosas que la Comisión hizo, pero no fueron suficientes”, señaló.
El empresario advirtió que todavía existen residuos y desechos pendientes de tratamiento dentro del complejo minero. “Aún quedan un montón de desechos”, alertó.
Además, expresó preocupación por el renovado interés que existe actualmente en distintos sectores políticos y empresariales respecto de la explotación de uranio en Argentina. Durante la entrevista también se hizo referencia al avance de proyectos mineros en otras provincias, como Chubut, donde existen iniciativas que ya cuentan con declaración de impacto ambiental aprobada.
Frente a ese escenario, Stradella remarcó que San Rafael posee actualmente una herramienta judicial clave que impide cualquier reapertura sin saneamiento previo.
“Nosotros los sanrafaelinos tenemos la carta que dice claramente: ‘Señor, usted no puede abrir si no remedia’”, enfatizó.
Sin embargo, también reconoció que si en algún momento se completara efectivamente la remediación, el debate sobre el futuro de la mina volvería inevitablemente a la comunidad sanrafaelina.
“Una vez que eso suceda y que estemos absolutamente conformes y conscientes de que se ha logrado la remediación, ya es otro tema que habría que analizar dentro de la comunidad de San Rafael”, explicó.
De todas maneras, dejó clara su posición personal respecto a una eventual reactivación de la explotación de uranio en el departamento. “Yo particularmente no quisiera que en algún futuro reabran la mina de uranio”, sostuvo.
Aun así, mencionó que existen investigaciones internacionales sobre nuevos sistemas de extracción menos agresivos desde el punto de vista ambiental. “Se está estudiando y se está analizando métodos nuevos y que no son tan contaminantes, son poco contaminantes”, comentó.
No obstante, aclaró que se trata de cuestiones que deberían ser evaluadas con profundidad técnica y científica. “Eso habría que analizarlo. Yo no soy especialista al respecto, pero eso es otro punto para el futuro”, indicó.
Finalmente, Stradella recordó que la Multisectorial también tuvo un rol importante en la defensa de los glaciares del sur mendocino, impulsando uno de los primeros recursos de amparo vinculados a esa temática.
“La Multisectorial en su momento fue la primera que puso un recurso de amparo con los glaciares”, señaló Stradella. El recurso de amparo fue presentado en 2009 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acción se realizó tras el veto presidencial a una ley anterior de protección de glaciares, buscando que el Estado nacional se abstuviera de autorizar actividades que pudieran causar daños ambientales y exigiendo el cese de la omisión inconstitucional por la falta de una normativa de presupuestos mínimos. El amparo exigía que los glaciares y el ambiente periglacial fueran preservados como reservas estratégicas de agua dulce.
Asimismo, explicó que la ubicación geográfica de San Rafael permitió avanzar sobre ese planteo judicial. “San Rafael limita con Chile y pudimos hacerlo porque existen glaciares dentro del área de San Rafael”, concluyó.