Recupero de bienes de la corrupción: “El DNU tiene serios cuestionamientos constitucionales”

El decreto 62/2019 fue publicado en el Boletín Oficial

Desde que el Gobierno nacional dio a conocer el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el que entra en vigencia el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico, se originó mucha polémica sobre su constitucionalidad.
Con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros del Gabinete nacional, el decreto 62/2019 fue publicado ya en el Boletín Oficial.
Andrés Gil Domínguez, abogado y doctor en Derecho, opinó en FM Vos (91.5) sobre el DNU dictado por el Gobierno nacional para recuperar bienes de la corrupción. Según el letrado constitucionalista, este no cumple los requisitos que establece la Constitución y se mete en materia de legislación penal, algo prohibido al Ejecutivo.
“Si bien la lucha contra la corrupción es una obligación constitucional y surge de tratados firmados, el órgano natural para establecer el mecanismo es el Congreso. Nuestra Constitución establece que queda prohibido al Presidente disposiciones de naturaleza legislativa. Esto se exceptúa cuando existen circunstancias que hacen imposible seguir con los trámites en el Congreso y que no se toque materia penal. Con el DNU dictado no existe esa situación extrema, porque en el Congreso se estaba tratando el tema, y el Presidente no incorporó el tema en extraordinarias”.
Agregó que “la jurisprudencia de la Corte entiende lo excepcional como algo verificable, como una catástrofe natural o epidemia de salud, y aparte porque toca indirectamente lo penal. La extinción de dominio se basa en la existencia de un proceso penal, más allá de otras cuestiones de fondo en que el DNU presenta serios cuestionamientos constitucionales”.
Domínguez señaló que “del texto del DNU surge que se puede iniciar contra cualquier persona que ni siquiera esté imputada en un proceso penal, en la medida que sea titular de un bien que sea investigado penalmente. No se habilita una instancia de daños y perjuicios contra el Estado a pesar de haber sido declarado inocente o sobreseído”.
Sobre si esta acción se le puede aplicar a funcionarios del kirchnerismo investigados, el letrado dijo que “toda norma civil no es retroactiva, salvo que expresamente se establezca. En el decreto no se establece, por lo que no se podría aplicar hacia atrás, sino solamente a aquellos bienes que ingresen en el patrimonio de las personas a partir de la publicación del DNU que eventualmente estén implicados en procesos penales donde se investiguen delitos de corrupción y otros delitos que establece”.