Reelección de intendentes: una importante decisión institucional

Una definición considerable del año electoral de Mendoza se encuentra por estos días en manos de la Suprema Corte de Justicia. En noviembre pasado, el decreto del gobernador Cornejo promulgando la reforma del artículo 198 de la Constitución Provincial, que limitaría la reelección de los intendentes, provocó que cuatro caciques peronistas presentaran un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar que les permita participar en los actos eleccionarios próximos.
Los intendentes del PJ, entre ellos el sanrafaelino Emir Félix, consideran que la decisión de Cornejo es contraria a la Constitución porque el referéndum de 2009 donde se le consultó al electorado al respecto no alcanzó la mitad más uno de los votos del padrón electoral, como exige el “fallo Kemelmajer” de la misma Corte de 1989.
Lo que busca el Gobierno es que el máximo tribunal provincial cambie dicho criterio. En el medio, algunas consideraciones se tornan sustanciales: la Corte ya no tiene la misma composición (aunque algunos miembros se mantienen) y desde el Ejecutivo se propone que el máximo tribunal modifique su evaluación pero sin realizar una nueva consulta, es decir, que revea su criterio pero con los resultados de 2009.
En los últimos días, los movimientos judiciales y, sobre todo, políticos han derivado en recusaciones a los supremos Mario Adaro y Dalmiro Garay, quienes –de prosperar el pedido- no podrían participar de las resoluciones. La actuación de los ahora ministros en anteriores puestos del Ejecutivo provincial (Adaro en el gobierno de Jaque y Garay en el de Cornejo) los inhabilitaría. En medio de esto, el fiscal de Estado, Fernando Simón, que fue designado en ese cargo vitalicio por el entonces gobernador Francisco Pérez, también deberá brindar su visión en la causa.
“Los tiempos apremian”, aseguró el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, días atrás en San Rafael, refiriéndose al necesario pronunciamiento judicial. Aunque parezca una utopía, esa definición debería estar basada en un estricto cimiento institucional, donde la independencia de poderes sea palmaria y los intereses partidarios sean dejados de lado.

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