En medio del paquete de anuncios del Gobierno Nacional en materia tributaria y financiera, el contador Marcelo Olea ofreció una lectura detallada sobre las medidas recientemente anunciadas y sus posibles implicancias en la economía argentina. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el especialista remarcó los objetivos centrales del denominado “plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”, aunque también mostró preocupación por las indefiniciones normativas y los efectos que podría tener en el futuro.
“El plan pretende reunir dos o tres características: simplificar el cumplimiento tributario, reducir la carga burocrática para ciudadanos y empresas, y simplificar las tareas de fiscalización y verificación de los pequeños contribuyentes, priorizando el uso de los recursos para controlar a quienes tienen mayor capacidad contributiva”, detalló.
Uno de los ejes más discutidos de esta reforma es la eliminación de ciertos regímenes de información, lo que, según Olea, apunta a desburocratizar los procesos impositivos. “Se eliminaron regímenes específicos de información, como por ejemplo, cuando uno quería vender un inmueble y debía informar previamente la intención de hacerlo, o en el caso de la compra-venta de automóviles”, explicó. También indicó que antes se requería informar consumos relacionados con energía, gas, agua o expensas, datos que “le daban una cierta pauta de capacidad de contribución al fisco”.
“Todo esto de alguna manera le alivia la carga al vendedor y para quien quiera invertir o hacer algo con su dinero puede hacerlo más libremente”, reconoció Olea, aunque con cautela. “La verdad que a mí me sigue haciendo muchísimo ruido todo esto”.
Respecto de la recaudación impositiva, Olea mencionó un dato que da cuenta de la concentración del sistema: “Según la gacetilla de prensa que me pasaron, 10.000 grandes contribuyentes reúnen el 80% de lo recaudado”. A partir de ese diagnóstico, consideró razonable que se busque alivianar las exigencias para los contribuyentes de menor escala.
El Decreto 353 del Poder Ejecutivo Nacional representa la primera etapa de este nuevo plan. A través de él, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera a dictar las normas reglamentarias vinculadas. “Ya ARCA ha dictado cuatro resoluciones generales, pero todavía faltan”, señaló Olea, quien insistió en que “hay un montón de imprecisiones todavía porque faltan normas reglamentarias”.
Uno de los aspectos que generó mayor atención fue la preservación del secreto fiscal. “Dice que queda a resguardo el secreto fiscal en todos los casos cuando, por ejemplo, las entidades financieras, que son las agentes obligadas por lavado de dinero y financiación del terrorismo, soliciten a los clientes las declaraciones de impuestos nacionales. No lo van a poder hacer más”, subrayó el contador.
Además, se ampliaron los umbrales para ciertos trámites financieros, algo que también fue destacado por Olea. “Antes se informaban transferencias y acreditaciones bancarias desde un millón de pesos por mes. Ahora, el umbral es de 50 millones para persona humana y 30 millones para persona jurídica. Lo mismo con extracciones de efectivo y saldos bancarios. Antes eran 700.000 o un millón de pesos; ahora pasaron a 50 millones y 30 millones, respectivamente”, explicó.
Sin embargo, más allá del alivio inmediato que estas modificaciones puedan traer, Olea remarcó la necesidad de una reforma de fondo en el marco normativo. “Se viene un proyecto de reforma de ciertas leyes. Todavía no ha sido develado, pero hay que modificar la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria y la ley de procedimiento fiscal nacional”, adelantó.
En relación con la ley penal tributaria, destacó que “hoy, si uno evade impuestos por más de un millón y medio de pesos, incurre en evasión simple. Lo mismo pasa con la ley penal cambiaria”, por lo que esos umbrales podrían ser revisados.
Sobre la ley de procedimiento fiscal, Olea también manifestó reparos. “Los plazos prescriptorios impositivos son muy largos. Son cinco años y medio, casi seis, y en algunos casos se duplican. El avance de la tecnología le permitió al fisco controlar mucho más rápido, entonces es imposible hoy que prescriban las obligaciones tributarias”, argumentó. En ese marco, también consideró necesario ajustar “las facultades de fiscalización previstas en la ley”, especialmente si se busca “simplificar las tareas para los pequeños contribuyentes”.
Si bien el objetivo oficial es inyectar los dólares que están fuera del sistema y estimular la economía, para Olea esto no alcanza sin un marco jurídico sólido: “Al margen de la justificación desde lo económico, se necesitan modificaciones legales que acompañen. Todavía hay muchas indefiniciones”.
