El Senado provincial dio media sanción a una reforma clave de la Ley de Arbolado Público que busca desburocratizar la gestión forestal en Mendoza. El proyecto, impulsado por el senador Marcelino Iglesias (UCR), transfiere a las comunas la autoridad directa sobre la poda, tala y mantenimiento de los ejemplares urbanos. En diálogo con FM Vos 94.5, el exintendente de Guaymallén explicó por qué la centralización provincial ha quedado obsoleta frente a las emergencias climáticas y la crisis hídrica.
Desburocratización de la gestión forestal municipal
Durante décadas, los municipios mendocinos se enfrentaron a un cuello de botella administrativo: para remover un ejemplar seco o peligroso, debían esperar autorizaciones de organismos provinciales que podían demorar meses. Según Iglesias, la nueva normativa busca agilizar esta respuesta cotidiana. «La realidad es que los municipios ya vienen haciendo la tarea, pero tenían las manos atadas por una ley vieja. Ante un árbol que levanta una vereda o mete raíces en una casa, el vecino acude al municipio, pero nosotros teníamos que elevar informes digitales a la provincia y esperar que ellos volvieran a inspeccionar para autorizar. Ese trámite es muy lento porque la provincia no tiene capacidad para semejante demanda. Con esta reforma, los intendentes tendrán la facultad de decidir e intervenir preventivamente», comentó Iglesias al inicio del reportaje.
Convivencia urbana y crisis hídrica
En otro tramo de la comunicación, el senador destacó que el arbolado de gran porte, diseñado originalmente para zonas rurales o rutas, hoy genera conflictos en áreas densamente pobladas, agravados por la escasez de agua que afecta a la provincia. «Los árboles grandes no siempre conviven bien con las áreas urbanas pobladas. El avance del cemento impermeabiliza la superficie y los árboles reciben menos riego. A esto se suma la crisis hídrica permanente: en muchas acequias ya no pasa agua ni va a pasar», aseguró.
«Durante mi gestión en Guaymallén, tuvimos que adquirir flotas de camiones regadores con tanques de acero inoxidable para mantener parques y ejemplares jóvenes, además de grúas de 30 metros para trabajar en copas que representaban un riesgo real para las personas», recordó a modo de ejemplo.
Mitos y realidades: el balance forestal
En cuanto a la estadística del reemplazo, Iglesias buscó derribar prejuicios sobre la gestión local. «Hay que terminar con el mito de que los municipios solo quieren talar. En mis ocho años como intendente, erradicamos 6.093 forestales (la mayoría secos o caídos por temporales), pero plantamos 32.294. Es decir, pusimos más de cinco árboles por cada uno que se sacó», enfatizó.
Asimismo, el senador destacó la presencia en la emergencia como el factor determinante para la seguridad pública. «Cuando viene un viento Zonda o un temporal, las únicas que están en la calle son las cuadrillas municipales. Las organizaciones que se oponen por oponerse no están ahí cuando una rama le aplasta el auto a un vecino. Si el municipio tiene la responsabilidad de la emergencia, debe tener las facultades legales para actuar antes de que el meteoro ocurra», coincidió.
Un consenso transversal hacia la ley final
La propuesta no solo cuenta con el aval de los jefes comunales de diversos signos políticos, sino que en el Senado logró una aprobación unánime, lo que genera grandes expectativas para su tratamiento en la Cámara de Diputados. «El proyecto fue acompañado por legisladores de todo el espectro, desde el senador Serra de San Rafael hasta el Partido Verde y la Unión Mendocina. Hay unanimidad en que los municipios son los que tienen el equipamiento, los profesionales y el personal capacitado para realizar la tarea», indicó el senador Marcelino Iglesias.
