La Legislatura provincial sancionó de forma definitiva la denominada Ley Marco, un paquete de reformas estructurales impulsado por el Poder Ejecutivo mendocino que modifica de manera profunda el esquema de incentivos productivos y la gestión de las instituciones públicas. Entre los ejes centrales de la normativa destaca la adhesión formal de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Empresas (RIMI) —el correlato para el sector pyme del RIGI nacional—, el cual garantizará estabilidad tributaria por una década, programas de capacitación laboral y el subsidio de tasas de interés. Asimismo, la ley habilita la refuncionalización técnica del histórico Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), dispone la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos para adaptarlo a la era del juego virtual y ordena el cierre definitivo de las carteras de cobro residuales de los exbancos de Mendoza y Previsión Social. El senador provincial Martín Kerchner analizó el alcance del nuevo marco regulatorio, fundamentando la necesidad de desactivar estructuras estatales obsoletas de la década de 1960 para volcar los recursos públicos hacia herramientas de financiamiento multiplicadoras de la inversión.
El RIMI provincial: estabilidad tributaria a 10 años y fomento al empleo
La adhesión al régimen nacional busca generar un horizonte de previsibilidad jurídica y económica para el entramado pyme mendocino, blindando los beneficios fiscales frente a futuros cambios de gestión. «El RIMI contempla una serie de beneficios de enorme impacto para las pequeñas y medianas empresas que buscan, entre otras cosas, el acceso a tasas preferentes. En Mendoza estamos en un fuerte proceso de modernización de las herramientas financieras. Una de las pocas capacidades reales que posee la provincia para auxiliar al sector económico es gestionar la baja de tasas de interés: por cada peso que el Estado pone en subsidiar una tasa, multiplica por cuatro la llegada del crédito hacia el sector privado. Es una estrategia financiera muy superior a la de prestar el peso de forma directa. Además del acceso preferente a esas tasas de mercado más bajas, las empresas que se sumen al régimen se acoplarán a los programas de capacitación laboral como Enlace y Enlazado, lo que les permite reducir costos mientras entrenan al personal para su incorporación definitiva«, destacó Martín Kerchner de entrada.
«A estos incentivos le agregamos un beneficio estratégico: la estabilidad tributaria asegurada por ley durante un plazo de 10 años. Esto significa que por una década no se le podrán crear nuevos impuestos a la empresa ni aumentarle las alícuotas vigentes. Dejamos por escrito y bajo el resguardo de una ley lo que venimos haciendo desde el año 2016, que es un sendero de baja sostenida en Ingresos Brutos y Sellos. La meta de la provincia es clara: para el año 2030, Ingresos Brutos en diversas actividades productivas tiene que ser cero», resaltó.
«El RIMI le otorga al emprendedor la seguridad jurídica de que no le van a cambiar las reglas del juego a los dos o tres años de haber hecho su inversión. El piso mínimo de inversión para calificar lo definirá el decreto reglamentario nacional y nosotros aprovecharemos esa inercia. Hemos invitado formalmente a los municipios a adherirse para que no compliquen el último tramo de los negocios creando tasas extraordinarias o de construcción», agregó.
La transformación del FTyC y el giro hacia el apalancamiento bancario
El diagnóstico oficial sobre el Fondo para la Transformación y el Crecimiento determinó que su estructura de funcionamiento consumía casi la mitad de su capacidad prestable real, forzando un cambio de paradigma hacia el subsidio de tasas. «Si tenés un taller de la década de 1960 y conservás únicamente herramientas de esa época, cuando te traigan un vehículo actual con inyección electrónica vas a estar completamente perdido. Necesitás modernizar el taller. En Mendoza mantuvimos durante décadas estructuras que servían para jugar en otra cancha y en otra época. Cuando el Fondo para la Transformación y el Crecimiento se creó en 1994, hace 32 años, tenía una capacidad de fuego para prestar equivalente a 1.000 millones de dólares, casi el 8% de toda la economía provincial», comparó el legislador.
«Con el paso de los años, prestando por debajo de la inflación y con tasas bajas, el fondo lógicamente se descapitalizó. Hoy solo cuenta con 25 millones de dólares anuales para prestar, pero gasta 10 millones en personal y funcionamiento interno. Casi la mitad de lo que presta se consume en su propia estructura. Una empresa con ese balance no es sustentable», aseveró.
«Si esos 10 millones que gastás en sueldos y los 25 millones de la cartera los volcás de manera directa a subsidiar tasas en acuerdo con el Banco Nación, el CFI o clústeres de proveedores, multiplicás el crédito por cuatro y generás un financiamiento real de 100 millones de dólares para la provincia. Hoy el Estado mendocino no puede salir a poner de sus arcas 1.000 millones de dólares en el sistema financiero porque para hacerlo tendría que duplicar el impuesto automotor, el inmobiliario, sellos e ingresos brutos. Esa época se terminó; los estados necesitan bajar impuestos y ser eficientes», determinó.
«Cuando los productores del sur, en San Rafael, me decían que conseguir un préstamo en el fondo era imposible por la cantidad de requisitos, no era por mala voluntad de los administrativos, es porque el organismo ya no tenía dinero. El sistema de apoyo provincial no desaparece: muta y se potencia a través de Mendoza Fiduciaria y la SGR Cuyo Aval para llegar a más gente», enfatizó.
Ruleta virtual y el fin de los pasivos heredados de los años 90
La reestructuración alcanza al Instituto de Juegos y Casinos, cuyo modelo de salas físicas quedó obsoleto ante el juego digital, y cierra el capítulo judicial de las deudas incobrables de los bancos privatizados. «Con el Instituto de Juegos y Casinos pasa exactamente lo mismo: el juego existe, el Estado debe canalizarlo hacia fines sociales como salud mental u oncología, pero las formas cambiaron radicalmente. Hoy el 71% de las personas que juegan lo hacen de manera online, no en una mesa física. Teníamos una estructura de los años 60 para un partido del siglo XXI. Le dimos al Instituto la facultad de reestructurar sus gastos para no seguir pagando salarios para mantener abierta una ruleta física a la que van 3 de cada 10 apostadores. Esto no es para destruir empleo; el personal tiene tres opciones claras: un retiro voluntario que paga el 120% de lo de ley, la reubicación en la administración pública donde hacen falta administrativos técnicos —desde 2015 hay 8.000 cargos menos en el Estado—, o un periodo de seis meses en disponibilidad antes de la baja indemnizada. La gran mayoría se va a reubicar», explicó el senador en la entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
«La cuarta pata de esta ley resuelve la situación de los activos residuales de los exbancos Mendoza y Previsión Social, privatizados de forma deficiente en 1996. En aquel momento se le entregaron todos los activos sanos al sector privado y los mendocinos nos quedamos con los pasivos: una cartera de créditos incobrables por la que asumimos una deuda histórica de 1.200 millones de dólares. Tras 30 años de pasarse los expedientes de oficina en oficina, una auditoría constató que esas deudas remanentes están legalmente prescriptas, aunque subsistan las garantías prendarias o hipotecarias», indicó.
«El origen del problema tenía un pecado original. Si el Estado mendocino pretendiera llevar a juicio esos cobros hoy, perdería las costas del proceso y recibiría juicios en contra por haber trabado activos de forma indebida. Con el aval de la Fiscalía de Estado, esta ley da de baja de forma definitiva esa cartera incobrable para sanear las cuentas provinciales», cerró de forma contundente.
