En un contexto de profundo debate nacional tras la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Senadores de Mendoza ultima los detalles del despacho para sancionar el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. La iniciativa, que busca superar la histórica Ley 6.354 de 1995, establece un marco de justicia acusatorio y restaurativo con un fuerte seguimiento personalizado a través de la figura del «supervisor». En diálogo con FM Vos (94.5), el senador provincial Walther Marcolini (UCR), presidente de la Comisión de LAC, brindó precisiones sobre las modificaciones acordadas entre los distintos bloques políticos y el Poder Ejecutivo, el rol del sector judicial especializado y las garantías edilicias e institucionales que diferencian a Mendoza de otras jurisdicciones del país.
Avances en comisión y consensos para el despacho definitivo
El trabajo legislativo en torno al proyecto ingresa en su etapa definitoria. Tras intensas jornadas de análisis con la participación de magistrados y funcionarios del Fuero Penal Juvenil de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia, este jueves se concretará la reunión clave de comisión para dar paso al debate en el recinto. «Ha habido avances importantes; hay mejoras que se hacen al proyecto en un acuerdo entre los diferentes bloques y el Poder Ejecutivo. El jueves va a estar nuevamente presente en comisión la ministra Mercedes Ruz junto al subsecretario Juan Carlos Jaliff para analizar estas modificaciones al texto original. Por eso le mencionaba que vamos a estar en condiciones de dar despacho favorable y el martes próximo tratarlo en el recinto para poder darle media sanción», dijo Walther Marcolini al inicio de la entrevista.
«Es un trabajo como política de Estado que ha sido elaborado con los diferentes bloques y con el propio Poder Ejecutivo. Esto es importante porque es lo que garantiza que la ley sea la mejor posible para este nuevo Código Especial Penal Juvenil», destacó.
La figura del supervisor y la arquitectura del sistema restaurativo
Uno de los ejes centrales del debate radica en la implementación práctica del régimen a nivel provincial y federal, tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto reglamentario de la Ley Nacional 27.801. El nuevo código mendocino busca pasar de un sistema tutelar a un modelo acusatorio, donde la privación de la libertad se mantiene como última ratio frente a una gama de medidas restaurativas previas. «Como es de público conocimiento, salió en el Boletín Oficial de la Nación el decreto reglamentario de la Ley 27.801, que es la ley de fondo como dice el Código Penal de Argentina. Allí también aparecieron algunas especificaciones sobre un tema que se debatió mucho en nuestra comisión: la figura del Supervisor, que son quienes van a tener que hacer el acompañamiento, el seguimiento e informar a los jueces si el adolescente está cumpliendo o no con la pena que se le ha impuesto frente a un delito», comentó Marcolini.
«Hay que recordar que la privación de la libertad es la última medida; por lo tanto, previamente puede haber ocho medidas más que buscan tener un hecho restaurativo, de justicia restaurativa. Toda la arquitectura que se organiza en torno al nuevo régimen especial tiene esa complejidad: poner un seguimiento a cada adolescente, garantizar a la víctima la participación y hacer que las medidas sean de efectivo cumplimiento», añadió.
«El lunes ponían mucho énfasis en la comisión los magistrados que nos visitaron de las distintas circunscripciones judiciales —jueces penales del régimen penal juvenil de San Rafael y miembros de tribunales— en la necesidad de que el régimen tiene que ser especial y no es lo mismo que adecuarlo al código procesal penal de mayores. Hay que tener en cuenta cuando el delito lo comete un menor de edad junto a un adulto: para el caso del adulto vamos a tener un juicio por jurado, mientras que para el caso del menor tiene que ser un juicio especial, oral y reservado», diferenció.
«También se ha buscado proteger claramente, para no ir en contra de las convenciones internacionales que ha firmado la Argentina, la identidad tanto del adolescente que delinque como de la víctima si también es un menor. Creo que es un régimen especial que estamos creando que viene a superar ampliamente la Ley 6.354, pero que parte de una buena base que no sucede en otras provincias», agregó.
Situación de Mendoza: recursos, antecedentes e infraestructura propia
A diferencia de otras provincias, Mendoza cuenta con una estructura previa consolidada desde la sanción de la Ley 6.354 en 1995. El funcionamiento de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y el personal técnico especializado le otorgan a la provincia un marco de contención operativo para abordar la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. «Un debate en la comisión fue los recursos con los que cuenta la provincia, y hay que recordar que la Ley 6.354 del año 1995 estableció un régimen penal juvenil; en ese sentido, Mendoza está en mejor situación de poder hacer frente a esta nueva realidad del código y de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años», resaltó el legislador del oficialismo.
«Al contar con este régimen, la provincia tiene la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), que cuenta con recursos humanos —psicólogos, trabajadores sociales, operadores— que seguramente son un buen antecedente para poder llegar a cumplir la figura del supervisor que establece el nuevo Código Penal Juvenil a nivel nacional», resaltó.
«La otra preocupación es que existan los medios y los recursos adecuados de infraestructura. La provincia tiene hoy en situación de privación de la libertad a 45 adolescentes, en un universo de alrededor de 500 menores de edad que están en conflicto con la justicia por algún tipo de delito diferente. Ese ha sido gran parte del debate», señaló.
La polémica en Buenos Aires y el contraste con la realidad local
Consultado sobre la reciente resolución de una magistrada de Lomas de Zamora que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires argumentando falta de infraestructura, el legislador mendocino oriundo de General Alvear cuestionó la medida judicial y descartó de plano que un escenario similar pueda replicarse en la provincia de Mendoza. «Creo que hay un error de la jueza que es grave; lo ha puesto de manifiesto todo el sector público nacional y la prensa también debido al mensaje institucional que se da. Es decir que durante los próximos días hay ‘tierra arrasada’ y el mensaje que se da es que un adolescente tranquilamente puede delinquir en una zona caliente del país. Decir que porque el Estado no ha invertido no se lo puede aplicar es un error, y lamentablemente se van a ver las consecuencias», opinó el senador al respecto.
«Descarto en absoluto que pueda pasar algo similar en Mendoza, porque la provincia tiene una condición absolutamente distinta. Cuenta con infraestructura y cuenta con operadores. Este régimen del año 1995, que es la ley que ahora estamos derogando porque la supera este código procesal especial, viene con un respaldo de trabajo territorial y con jueces especializados; estamos hablando de una justicia especializada», declaró.
«No existe ninguna condición para que se pudiera dar una situación como la de Buenos Aires. Por el contrario, el Ministerio de Educación, Infancias y DGE —que tiene a cargo la DRPJ— ha realizado inversiones importantes en el último año y medio y ha proyectado nuevas inversiones en el presupuesto. Además, el propio sector judicial especializado y los tribunales de primera instancia han participado de la elaboración de este código que hoy analiza la Legislatura. En consecuencia, es muy difícil que un juez pueda aceptar un habeas corpus o tomar una medida de esa naturaleza en Mendoza», afirmó al cierre del reportaje.
