El debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil ha vuelto a la escena pública, traccionado por la conmoción social ante hechos delictivos graves. Sin embargo, para la Dra. Ana Paula Martorelli, abogada penalista y especialista en Derecho de Familia, la discusión actual está peligrosamente simplificada. Según la experta, centrar el foco únicamente en la cifra de la edad de imputabilidad oculta la carencia de un sistema restaurativo real y la falta de presupuesto para dispositivos que garanticen que un menor, tras cumplir su pena, no se convierta en un adulto con mayor compromiso criminal.
Más allá de la cifra: el concepto de capacidad jurídica
Para Martorelli, la discusión técnica no debería ser sobre cuántos años tiene el joven, sino sobre su capacidad para comprender la criminalidad del acto. En el derecho penal, esto se traduce en la posibilidad de generar un «reproche» legal. «Estamos poniendo el foco únicamente en una franja etaria, en un número, y estamos perdiendo el debate que debería tener una reforma integral. Hoy se cuestiona bajar la edad para atribuirle al chico la capacidad jurídica de comprender sus actos. Lo cierto es que la autonomía progresiva de los chicos ha cambiado; hoy la tecnología y la globalización hacen que la información fluya distinto», dijo Martorelli a la emisora radial FM Vos 94.5.
«Razonablemente, un chico de 10 años tiene la capacidad de comprender que lo que hizo está mal. El problema es que, como actualmente son inimputables bajo la ley vigente, se generan abusos por parte de bandas narcos o de estafas que los reclutan porque saben que no recibirán una pena», sostuvo.
«El tema de la edad siempre nos va a dejar un vacío. Si bajamos el límite a los 14 años, corremos el riesgo de que las bandas criminales empiecen a reclutar chicos de 12. Si nos centramos únicamente en un número, el reproche de la sociedad siempre tendrá un sabor a poco, porque el foco debe estar en desarticular el sistema que utiliza a los menores y no solo en mover la barrera de la punibilidad», planteó.
¿Delito de adulto, pena de adulto? Un lema con matices
Aunque el eslogan gubernamental sugiere una paridad total con el régimen de mayores, el proyecto establece límites y escalas diferenciadas que buscan cumplir con tratados internacionales. «El proyecto establece que la privación de la libertad tiene que ser la última instancia, el último mecanismo. Se busca una justicia que restaure, que repare, donde el castigo se traduzca en una reinserción social. Pero esto no es lo que ‘vende’ ni lo que se dice en la calle. Además, hay topes: la pena máxima prevista sería de entre 15 y 20 años, incluso para delitos gravísimos como homicidio o abuso sexual, donde un adulto recibiría perpetua», diferenció la doctora Martorelli.
«El gran dilema es: si un chico entra a los 14 y sale a los 30 o 34 años, ¿qué pasa si el sistema de encierro no lo preparó para ser un adulto funcional? Si no hay un proyecto de reinserción, simplemente estamos postergando el problema», razonó.
Las falencias del sistema actual: el riesgo de la «letra muerta»
Uno de los mayores obstáculos para el éxito del Proyecto de Régimen Penal Juvenil es la profunda crisis que atraviesan los dispositivos de contención existentes. Martorelli se mostró tajante al señalar la falta de dispositivos adecuados: «Hoy no funciona el mecanismo socioeducativo en los institutos de menores de 16 a 18 años. Si no logramos que el sistema sea eficiente con la franja que ya tenemos, cabe preguntarse cómo va a funcionar para chicos aún más jóvenes que requieren un abordaje mucho más complejo», expresó.
A esta carencia operativa se le suma un vacío presupuestario que el proyecto actual no termina de clarificar. Dentro de ese marco, la especialista cuestionó la viabilidad financiera de la reforma, preguntándose de dónde se obtendrán los recursos para crear nuevos lugares de encierro o centros de rehabilitación especializados. «El proyecto no establece las partidas necesarias, y sin presupuesto no hay herramientas reales para la Policía, los jueces ni las familias. No se puede transformar la realidad penal solo con la firma de un decreto», aseveró.
Además, la abogada puso el acento en el respeto a las garantías constitucionales. En ese contexto, recordó que la Carta Magna argentina respalda el debido proceso para cualquier ciudadano, independientemente de su edad o del delito cometido. «Aunque la persona haya infringido la ley, el sistema debe garantizar sus derechos procesales. Sin las herramientas y el personal capacitado, el sistema judicial completo se quedará sin respuestas técnicas ante el primer caso que recaiga bajo la nueva ley, generando un vacío legal que terminará en nulidades o impunidad», advirtió.
Un paliativo para calmar los ánimos sociales
La especialista sugirió que la reforma responde más a una necesidad de «aplacar ánimos» ante la inseguridad que a un cambio estructural que resuelva la delincuencia juvenil. «Lamentablemente, esta reforma va a ser un paliativo para la sociedad, pero no para el sistema en sí. Se va a aprobar con más o menos acuerdos para dar una respuesta a la revuelta social que surge cada vez que hay hechos graves, como los vistos recientemente en Santa Fe. Pero el debate de fondo sigue faltando: ¿Cómo reinsertamos a esos chicos? ¿Cómo evitamos que las bandas los sigan utilizando?», interpeló.
«Estamos empezando por lo último sin ver todo el camino que falta. Sin un sistema preparado, la reforma será una respuesta emocional, pero no una solución real a largo plazo», sentenció.
