La provincia de Mendoza se posiciona en la vanguardia institucional para la aplicación de la nueva Ley Nacional 27.801, sancionada en marzo de este año, la cual establece un nuevo Marco Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad en la Argentina de los 16 a los 14 años. Mientras que el escenario federal presenta severas asimetrías debido a que numerosas provincias deben estructurar sus sistemas desde cero, el Ejecutivo mendocino acelera los preparativos técnicos y logísticos respaldado por una infraestructura penal juvenil preexistente.
El subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza, el doctor Juan Carlos Jalif, confirmó la firma de un convenio de colaboración estratégica con el Ministerio de Justicia de la Nación, detalló el abanico de sanciones alternativas que contempla la legislación de fondo y anticipó la redacción de un Código de Procedimiento Especial Juvenil para dotar a los magistrados locales de herramientas precisas a partir del próximo 1 de septiembre.
El factor experiencia y el convenio estratégico con la Nación
A diferencia de otras jurisdicciones, Mendoza cuenta con un andamiaje procedimental previo que le permite asimilar la ampliación del universo de menores imputables (ahora fijado entre los 14 y 17 años) sin colapsar sus estructuras judiciales. «Efectivamente, una ley de marzo de este año, la 27.801, modificó el régimen de imputabilidad en el país, llevándolo a los 14 años. El esquema penal, que antes cubría la franja de los 16 a los 17 años, ahora comprenderá desde los 14 hasta los 17 años inclusive. Mendoza tiene una situación muy particular y ventajosa porque nosotros ya implementamos un régimen penal juvenil hace tiempo; nuestra administración está en plenas condiciones de ejecutar este cambio ya que contamos con una experiencia bastante importante en la materia. Este es un dato clave, porque el resto del país enfrenta un problema complejo: tienen que empezar absolutamente desde cero», destacó Juan Carlos Jalif de entrada.
«Hace un tiempo nos visitó el subsecretario de Justicia de la Nación, Emiliano Méndez Ortiz, y estuvimos dialogando con él y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ellos se mostraron muy interesados en cómo la provincia ya tenía consolidado este sistema», agregó. «A partir de ese interés mutuo, la semana pasada se firmó un convenio de colaboración conjunta entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Provincia. ¿Qué tiene de importante este acuerdo? Primero, establece una colaboración técnica directa para cruzar las experiencias de cada organismo, ya sea provincial o nacional. Además, la nueva ley crea un instituto normativo novedoso: la figura de los supervisores, quienes van a ser los encargados de controlar y llevar adelante el seguimiento técnico de los menores en conflicto con la ley penal. Esta es una función que tenemos que empezar a implementar bajo estrictos protocolos», comentó. «Asimismo, el gobierno nacional nos proveerá un software especializado donde vamos a poder registrar de manera centralizada todos los datos del menor, su entorno familiar y sus patologías. Toda esa información estará a disposición inmediata del juez, lo cual es vital para analizar la situación particular del joven y aplicar la medida correspondiente. Hay que destacar que el régimen actual solo contemplaba determinados delitos a partir de los 16 años; ahora, bajo la nueva normativa, se investigarán la totalidad de los delitos», continuó exponiendo.
Infraestructura diferenciada: desmitificación de la cárcel común y penas alternativas
La reforma obligará a la provincia a realizar inversiones selectivas en materia edilicia para garantizar la separación estricta de los jóvenes por franjas etarias y géneros, priorizando un catálogo de medidas correctivas no privativas de la libertad. «Es fundamental aclarar de manera taxativa que un menor en conflicto con la ley nunca va a una cárcel común; eso bajo ningún punto de vista ocurre en nuestro sistema. Lo que sí debo precisar es que la actual infraestructura de la provincia va a requerir una ampliación. Necesitamos tener perfectamente diferenciados y separados a los menores de 14 y 15 años de aquellos que tienen 16 y 17 años, además de la correspondiente separación por género. Vamos a tener que invertir en infraestructura, pero no se trata de montos desmedidos porque, según las estadísticas y los dictámenes técnicos que manejamos, no esperamos la aparición de una gran cantidad de menores imputables», señaló Jalif.
«A veces se genera un sesgo, porque los delitos cometidos por menores suelen ser más impactantes, tienen una enorme trascendencia mediática y resultan muy llamativos para la opinión pública, pero los números reales no indican que vaya a darse un aumento significativo respecto al régimen que ya administramos», añadió. «Precisamente, uno de los ejes que queremos abordar con fuerza es no solo tener a los jóvenes dentro del régimen penal, sino acompañarlos de forma integral. La nueva ley nacional establece distintas modalidades de ejecución que se van graduando. Contempla la privación de libertad en el domicilio, la permanencia en un instituto abierto o la detención en un establecimiento especializado. Pero también abre un abanico de sanciones alternativas muy amplio antes de llegar a la pérdida de la libertad: la amonestación, la prohibición de contacto o aproximación a la víctima, la prohibición de conducir cualquier naturaleza de vehículos motorizados, la restricción de concurrir a determinados establecimientos o espectáculos deportivos, musicales y culturales, la prestación de servicios a la comunidad y el monitoreo electrónico. Es un entramado complejo y con muchas posibilidades que el juez debe evaluar minuciosamente antes de dictar una condena de privación de libertad», explicó en medio de la entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
El diseño del Código Procesal de Mendoza y el cumplimiento de los plazos
La legislación de fondo es potestad del Congreso de la Nación, pero las provincias retienen la facultad de dictar sus propias normas de procedimiento. Una comisión interjurisdiccional ya redacta el texto definitivo para el plano local. «La vigencia de la ley a partir del primero de septiembre es para todo el país. En lo que respecta a Mendoza, nos encontramos elaborando un nuevo Código de Procedimiento Especial Juvenil, es decir, un código procesal propio. Debemos recordar que las medidas de legislación de fondo las establece el Congreso de la Nación, pero las normas de procedimiento son facultad exclusiva de la provincia», aclaró. «Por ello, ya hay una comisión técnica trabajando de manera conjunta entre el Poder Judicial y los organismos públicos del Estado en la redacción de este digesto procesal específico. Los magistrados locales van a poder aplicar estas normas procedimentales modernas, o bien utilizar el régimen procesal que ya está establecido y en vigencia», recalcó el subsecretario de Justicia de la provincia.
«Confirmamos que en Mendoza vamos a llegar a término para tener todo preparado de cara al inicio de septiembre. La gran ventaja es que no empezamos de cero, lo cual nos coloca en una situación de total tranquilidad respecto a otras provincias. Desconozco cómo van a resolverlo aquellas jurisdicciones que deben arrancar sus estructuras desde el inicio absoluto; estimo que será un proceso muy problemático para ellas. Nosotros no vamos a vivir esa zozobra institucional y, precisamente por este avance previo, el Gobierno nacional priorizó firmar el primer convenio de colaboración con Mendoza», completó.
