Prestadores y familias advierten que, pese a la publicación en el Boletín Oficial, aún no hay precisiones sobre la implementación efectiva de la norma. Denuncian pagos atrasados, cierres de instituciones y un panorama crítico en todo el país.
La reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad generó expectativas, pero también numerosas dudas dentro de un sector que atraviesa una crisis profunda desde hace varios años. Si bien la norma fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, su puesta en marcha todavía no es una realidad concreta y los prestadores continúan sin respuestas claras sobre los alcances reales de la medida. Así lo expresó Maxi Llorens, prestador del servicio de transporte y padre de un niño con discapacidad visual, quien describió un escenario marcado por la falta de pagos, la incertidumbre y el desgaste de familias y trabajadores.
“Todavía no está implementada, digámoslo así, estamos a la espera de ver cómo y cuándo la implementan”, señaló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Llorens, al tiempo que recordó que la reglamentación llegó luego de un plazo impuesto por la Justicia. “Ellos tenían la obligación ya, porque a través de un juez federal se había fijado una fecha límite, y ayer salió publicada”, explicó.
El prestador indicó que la ley en términos generales es clara, aunque existen aspectos que generan preocupación dentro del sector. “La Ley de Emergencia en Discapacidad en sí es bastante clara, hay algunos puntos que entendemos como prestadores que se pueden tratar, pero hay otros que no sabemos bien con qué nos pueden llegar a salir”, sostuvo. Entre esos puntos mencionó posibles modificaciones en los valores, la incorporación de nuevas prestaciones y la situación de quienes aún no cobraron servicios realizados hace meses.
Uno de los problemas centrales sigue siendo el atraso en los pagos. “Hay muchos prestadores que, como en mi caso, todavía no terminamos de cobrar lo del año pasado, para que tengan una noción”, afirmó. Según detalló, los incrementos otorgados durante el último período resultaron insuficientes frente al contexto económico. “El año pasado hubo un aumento escalonado en octubre, noviembre y diciembre, que terminó siendo un 35 por ciento aproximadamente”, recordó, y remarcó que ese porcentaje quedó rápidamente desactualizado frente a la inflación.
A esto se suman los plazos excesivos de cobro. “Seguimos con tiempos de pagos atrasados totalmente, entre 60 y 90 días”, explicó, y agregó que la situación es aún más grave en algunas obras sociales vinculadas a la Nación o a las provincias. “Hay colegas que están con demoras de seis a ocho meses, y eso hace que directamente dejen de brindar servicios”, advirtió.
La consecuencia directa de este escenario es el cierre de instituciones y la salida de profesionales del sistema. “Tenemos muchos centros a nivel país que han cerrado, muchos institutos y escuelas que brindaban servicio para discapacidad”, relató Llorens. “Muchos profesionales también se están alejando porque no les rinde, y con pagos atrasados es imposible sostenerse”, añadió.
Desde su experiencia como padre, Llorens remarcó el impacto que estas decisiones tienen en las familias. “Nosotros hemos sido prácticamente invisibles para ellos”, expresó en relación con la falta de respuestas estatales. Además, recordó que la ley fue tratada y aprobada en el Congreso en más de una oportunidad. “La Ley de Emergencia en Discapacidad se sesionó dos veces, las dos fueron aprobadas en forma unánime, y la seguían vetando o dejándola en stand-by”, señaló.
El prestador también se refirió a la estigmatización que, según su mirada, pesa sobre las personas con discapacidad. “Un par de vivos rompió esa estructura y después queda en el imaginario social que habría que ver si esa persona realmente tiene discapacidad”, afirmó. En ese sentido, fue contundente: “Una cosa es opinar y otra cosa es tener una persona con discapacidad dentro de tu casa”.
Llorens contó que es padre de un niño de 3 años y medio con discapacidad visual y describió el esfuerzo cotidiano que implica garantizar sus derechos. “Hay que vivirlo para sentir esto, sentirte que tenés que hacer un millón de cosas para que tu hijo tenga los derechos que se merece y que están establecidos”, expresó. También remarcó el alto costo de tratamientos y terapias. “Uno como papá quiere todo lo mejor para su hijo y realmente no es barato, no está al alcance de cualquiera”, afirmó.
Otro punto crítico señalado durante la entrevista fue la forma en que se realizaron auditorías vinculadas al Certificado Único de Discapacidad. “Nosotros como sector no estamos en desacuerdo con las auditorías, porque corresponde hacerlas”, aclaró, aunque cuestionó los métodos utilizados. “El problema es la forma en que se hicieron”, dijo, y ejemplificó: “Mandaban a hacer auditorías a familias que viven en distritos y las hacían venir a San Rafael, a lugares que no correspondían”.
Según Llorens, estas situaciones generaron trabas innecesarias. “A veces la familia llegaba y no se podía hacer la auditoría, entonces les rechazaban los papeles o decían que no fueron”, explicó. Para el prestador, estas prácticas tuvieron un objetivo claro: “Eso es a propósito, para cansar a la gente y que digan: ‘listo, guárdense la plata’”.
Finalmente, Llorens sostuvo que el enfoque sobre la discapacidad retrocedió en los últimos años. “Se había avanzado mucho hacia un enfoque social, y hoy se está volviendo a un enfoque más médico”, lamentó. En ese contexto, remarcó la necesidad de que la reglamentación de la ley se traduzca en acciones concretas. “Realmente se necesita que estos derechos sean respetados y que cualquier persona los pueda obtener”, concluyó.
