Renunció la defensora oficial Romina Crisafulli, acusada de irregularidades en su cargo

La titular de la Primera Defensoría Oficial Penal de Adultos de la Segunda Circunscripción Judicial, Romina Crisafulli, presentó hoy su renuncia formal ante el Poder Ejecutivo provincial. La dimisión se produjo un mes después de que el Jury de Enjuiciamiento resolviera, de forma unánime, suspenderla de su cargo y dar inicio a un proceso de destitución por mal desempeño y desorden de conducta.
La situación procesal de la funcionaria se había vuelto insostenible tras la denuncia presentada por la defensora general de la provincia, Cecilia Saint André. El expediente administrativo detalló una serie de irregularidades graves, entre las que se destacan más de 130 inasistencias injustificadas y la presentación sistemática de certificados médicos apócrifos firmados por un profesional no habilitado para el ejercicio de la medicina.
Según la investigación, Crisafulli habría incurrido en un abandono de sus funciones en las dependencias judiciales de San Rafael, trasladando su residencia fuera del departamento sin dar aviso a sus superiores y desatendiendo las obligaciones inherentes a la defensa pública de adultos.
La resolución inicial del Jury, integrada por miembros de la Suprema Corte, senadores y diputados, había dispuesto no solo el apartamiento del cargo sino también la retención del 50% de sus haberes mientras se sustanciaba el juicio político. Sin embargo, con la presentación de la renuncia al gobernador, la funcionaria busca el cese del proceso técnico.
De ser aceptada la dimisión por el Ejecutivo, el Jury de Enjuiciamiento perdería su jurisdicción, permitiendo que Crisafulli se retire de la estructura judicial sin enfrentar la sentencia de destitución y la consecuente inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las actuaciones quedan ahora supeditadas a la decisión política del Gobierno de la provincia sobre la aceptación de dicho apartamiento voluntario, aunque se descarta que así será.