El juicio por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y por supuestas irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal por la cual también es juzgado el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quedó en la cuerda floja, tras la renuncia de uno de los tres jueces que lo llevaba adelante, y las defensas pidieron la nulidad de todo el debate.
Con Jaime preso y De Vido libre pero a la espera de si se confirma su condena por la tragedia ferroviaria de Once, el juicio que los tiene a ambos en la mira y se desarrollaba en los tribunales federales de Comodoro Py podría caerse.
En la audiencia de este lunes, el juez del Tribunal José Martínez Sobrino informó que renuncia al haber cumplido los 75 años que marca la ley.
En su reemplazo asumiría el magistrado Ricardo Basílico, el cual nunca presenció el debate y si bien podría ver los videos de las múltiples audiencias, es muy difícil reproducir la prueba de los últimos cinco años.
La audiencia se convirtió en un escándalo cuando estaban por alegar las defensas, y luego de haber argumentado la fiscal de juicio Gabriela Baigún donde reclamó la pena de ocho años de prisión para Jaime y cuatro años para De Vido.
Ante las demandas de las defensas de que sea declarado nulo el juicio, la fiscal solicitó que sean todas rechazadas y reclamó al Tribunal, también integrado por Fernando Canero y Julio Panero, que no renuncie Martínez Sobrino hasta tanto finalice el debate y así evitar que se caiga el proceso.
La fiscalía en este proceso además del pedir las penas, demandó una multa de 16 millones de pesos a pagar por parte de De Vido.
La fiscal sostuvo que, además de que la operación terminó siendo perjudicial para el erari, puesto que los trenes eran considerados «chatarra» y la intención de repararlos en talleres ferroviarios locales nunca se concretó, Jaime cobró un soborno del orden del millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.
Para Vázquez, la fiscal pidió la pena de cinco años y ocho meses de cárcel, más el pago de una multa del orden de los 11 millones de pesos. Según Baigún, los funcionarios aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada por el gobierno de Kirchner para celebrar la operación de compra de coches a España y Portugal, en condiciones desventajosas para la Argentina pero ventajosas para ellos.
Los ex funcionarios están acusados por «administración fraudulenta y cohecho» por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.
