Un lamentable episodio sacudió a la sociedad argentina en su conjunto, luego de que se difundiera una resolución del área de discapacidad a nivel nacional que utilizaba términos peyorativos y obsoletos para clasificar diferentes tipos de discapacidad mental. Las palabras «idiota», «imbécil», «débil mental» y «desagradable», que habían caído en desuso hace años, fueron incluidas en un documento oficial, generando un fuerte repudio por parte de organizaciones y personas con discapacidad.
La polémica surgió a raíz de una resolución que modificaba los criterios para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En la página 37 del Boletín Oficial, se incluía una clasificación de la discapacidad mental basada en el coeficiente intelectual (CI), utilizando los términos mencionados anteriormente.
La reacción no se hizo esperar. Organizaciones de personas con discapacidad de todo el país expresaron su indignación y exigieron una rectificación inmediata. Ante la presión, el gobierno nacional tomó la decisión de desplazar a Miriam Améndola, la funcionaria a cargo del área de discapacidad y responsable de la resolución.
Yanina García, miembro de la comisión directiva de la Cámara Mendocina de Discapacidad, calificó el hecho como algo aberrante. «Se trata un retroceso absoluto en los paradigmas. Estos términos son ofensivos y están en desuso hace muchos años. Ya no aparecen en los libros de psiquiatría ni en los tratados de derechos internacionales», afirmó Yanina García ante los micrófonos de FM Vos 94.5.
En ese sentido, García explicó que la resolución también generó controversia por la utilización del CI (Coeficiente intelectual) como criterio de clasificación. «El CI es algo obsoleto. Hoy sabemos que existen inteligencias múltiples y neurodiversidad. No se puede clasificar a las personas con discapacidad mental basándose únicamente en el CI», sostuvo.
«Lo que pasó es muy desafortunado, pero también puede servir para poner en agenda social la importancia de cómo miramos la discapacidad. Este incidente resalta la importancia de utilizar un lenguaje respetuoso e inclusivo al referirse a las personas con discapacidad, y de garantizar que las políticas públicas estén alineadas con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», reflexionó sobre el final.
