Río de Janeiro batió el récord de muertes en intervenciones policiales

El estado de Río de Janeiro totalizó 194 muertes en intervenciones policiales en julio. “Se trata del balance mensual más alto desde 1998, año en que se empezaron a contabilizar estas muertes”, reveló este miércoles el Instituto de Seguridad Pública (ISP). La cifra representa un incremento del 49% en comparación con el mismo período del año pasado, en donde tuvieron lugar 130 fallecimientos.

En los primeros siete meses del 2019, un total de 1.075 personas murieron en intervenciones policiales en ese distrito cuya capital homónima es el ícono turístico del Brasil, que se traduce como un aumento del 19,6% en relación a la misma etapa del año anterior. Además, el gobernador de Río, Wilson Witzel, mantiene su política de mano dura frente a la delincuencia que en los últimos tiempos tuvo un potente auge.

Por otro lado, el Senado brasileño rechazó a fines de junio el decreto que facilitaba la portación de armas en su territorio nacional. Tras casi tres horas de discusión, la asamblea aprobó en ese momento (con 47 votos a favor y 28 en contra) un dictamen emitido por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara Alta, que anteriormente había solicitado suspender esa ordenanza presidencial.

Con este resultado, la cuestión será debatida más adelante por la Cámara de Diputados que tendrá la última palabra. “El debate se realizó con madurez política”, afirmó en aquel entonces el titular del Senado, Davi Alcolumbre, luego de la votación. Mientras que más temprano, el presidente Jair Bolsonaro había presionado a senadores y diputados para “no dejar morir” el documento.

La polémica ordenanza del mandatario del país vecino que facilita la tenencia de armas provoca diariamente críticas de legisladores, expertos y distintos sectores de la sociedad que aseguran que esa resolución aumentará la violencia a lo largo y ancho del suelo brasileño, que según los datos oficiales registró 65.602 asesinatos en el 2017. Después de las críticas de un gran número de instituciones y verificarse una brecha que les facilitaba a los civiles la adquisición de fusiles.

El jefe de Estado brasileño había rectificado el 23 de mayo pasado algunos puntos de su controvertido decreto que autoriza el porte dearmamento para determinadas categorías. De acuerdo con lo que dio a conocer el Gobierno del país vecino en un comunicado de aquel fecha, la versión rectificada veda “expresamente la concesión del porte de armas de fuego portátiles (fusiles, carabinas y escopetas) al ciudadano común”, que únicamente podrá comprar armamento de menor calibre, denominado “de porte”.

“Los propietarios rurales sí podrán adquirir ese tipo de armas largas y mantenerlas en sus viviendas. Los cambios fueron introducidos a partir de los cuestionamientos realizados ante la Justicia, en el ámbito del Poder Legislativo y por la sociedad en general”, continuó la misiva oficial del Ejecutivo de Brasil. “Hubo críticas de que tal vez hubiesen algunos excesos (en el decreto), el Gobierno fue sensible a esas críticas”, sostuvo, por su parte, Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, en diálogo con la radio Bandeirantes.