Roggiero fue reelecto en la FCAI, reafirmó su reclamo contra la asfixia financiera universitaria y defendió la educación pública al alcance de todo

La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria San Rafael (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo ha iniciado una nueva etapa institucional orientada a consolidar su protagonismo en el entramado socioproductivo del sur mendocino. Luego de ser reelecto para un nuevo período al frente de la casa de altos estudios, el decano Dr. Ing. Ángel Augusto Roggiero trazó un balance minucioso sobre el estado actual de la educación superior en este año 2026. La autoridad académica analizó el reciente acuerdo salarial y de gastos de funcionamiento alcanzado con el gobierno nacional tras ciclos de fuerte asfixia financiera, expuso el impacto de las auditorías oficiales en la credibilidad institucional y fijó una posición humanista frente al debate global por la automatización tecnológica. Roggiero defendió la universalidad del conocimiento científico ante los modelos puramente tecnocráticos y abogó por una integración crítica de la inteligencia artificial en las currículas de ingeniería.

La reelección del Dr. Ing. Ángel Augusto Roggiero al frente de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) consolida un horizonte de previsibilidad institucional tras un primer período gubernamental caracterizado por severas turbulencias financieras. El decano reelecto asumió su nuevo mandato interpretando el resultado soberano como una muestra de confianza basada en la evidencia de la gestión y el ordenamiento de los recursos frente a los condicionamientos externos.

Al analizar el significado de este voto de confianza de los claustros en un contexto adverso, Roggiero expresó: «En primer lugar decirles que la emoción y la responsabilidad de haber sido reelecto es enorme porque significa que la comunidad volvió a confiar, pero ya en base también a no sólo a las promesas de una campaña sino a la evidencia de un trabajo de cuatro años. La asfixia económica complicó la gestión y terminó marcando el límite de qué proyectos pudimos concretar y cuáles quedaron postergados de aquellos sueños que nos propusimos cuando asumimos en 2022. En ese sentido, quiero agradecer profundamente a la comunidad y asegurarles que vamos a poner todo el esfuerzo que ya pusimos, y el doble también, para honrar la confianza que han vuelto a depositar en nosotros», dijo en FM Vos 94.5.

Bajo esta nueva etapa, la plataforma de conducción ratifica la necesidad de consolidar una casa de estudios que actúe como un actor técnico central en el desarrollo de la región. Por ello, el decano vinculó los objetivos pedagógicos con la inserción de la universidad en los grandes debates económicos y energéticos de la provincia. «Pensamos que nuestra institución tiene que estar plenamente integrada al territorio, ser relevante y, sobre todo, convertirse en protagonista en el lugar donde está, es decir, en el sur del mundo. Esto significa garantizar la formación de profesionales de alta calidad, articular acciones con el medio socioproductivo y las organizaciones sociales, potenciar la investigación aplicada y cumplir con las tareas clave que tiene la universidad como entidad auditora y dictaminante en emprendimientos estratégicos, como lo son el Complejo Fabril Malargüe o el Distrito Minero Occidental», destacó.

«La complejidad de las demandas actuales nos obliga a elevar de forma permanente la excelencia académica, dado que las respuestas que hoy nos solicitan las distintas instituciones son de muy alto nivel técnico y conllevan una enorme responsabilidad social. Como universidad pública, somos los garantes ante la sociedad que nos sostiene y que envía a sus hijos a formarse en nuestras aulas; nuestro deber es asegurar que todos los procesos y proyectos en los que intervenimos sean absolutamente transparentes y se encuadren de manera estricta dentro de la legislación vigente», agregó.

Financiamiento universitario: el alcance del acuerdo y el impacto de la crisis en la calidad académica

El reciente entendimiento presupuestario entre las universidades públicas y la administración federal abre un canal de normalización operativa, aunque persisten los reclamos de fondo en el ámbito judicial. «Comienzan a resolverse gradualmente las situaciones críticas, pero el conflicto de fondo sigue presente: las universidades no vamos a retirar el pedido para que la Corte Suprema de Justicia se exprese sobre la validez de una ley que pasó cinco veces por el Congreso de la Nación. Es verdad que tras casi tres años de ajustes, movilizaciones y medidas de fuerza, logramos una recomposición salarial e institucional cercana al 24% global, desglosada en un 21,33% para julio y un 13% en octubre, además de una mejora del 50% en las becas estudiantiles y un 20% en los gastos de funcionamiento para pagar servicios esenciales como luz, agua y gas. La demostración de que estos fondos estaban disponibles sin romper el equilibrio fiscal nos obliga a preguntarnos por qué hubo necesidad de esperar dos años para destrabar la situación», manifestó el ingeniero Roggiero al respecto.

«El 70% de nuestros docentes estaba por debajo de la línea de la pobreza; un profesor con 15 años de antigüedad percibía apenas 460 mil pesos. Para sostener las clases debimos desatender funciones nucleares como la investigación, la extensión, la vinculación tecnológica y la compra de reactivos, drogas de laboratorio o equipamiento, lo que indudablemente repercute de forma directa en la calidad académica», añadió.

La falsedad de las cajas negras y el rigor de los controles públicos

La máxima autoridad de la FCAI defendió la transparencia administrativa de las cuentas universitarias y denunció el daño reputacional infligido hacia el sistema educativo de gestión estatal. «El impacto más complejo de este proceso no fue solo el económico, sino el daño que se intentó causar a la credibilidad de la universidad pública. Se nos endilgó sistemáticamente la existencia de supuestas cajas negras y la resistencia a los controles. La realidad fáctica derriba ese relato: hoy, esta facultad ha recibido y procesado un total de ocho auditorías consecutivas que comenzaron en el mes de febrero, las cuales contestamos y respondimos en tiempo y forma porque es nuestro estricto deber de administradores de recursos públicos. El ensañamiento fue especialmente hiriente con nuestros estudiantes», señaló el decano.

«Las becas de estudio que otorga el Estado —que se encontraban congeladas en una cifra irrisoria de 30 mil pesos que apenas cubría cuatro pasajes de transporte— se depositan de manera directa en las cuentas bancarias de los chicos, sin ningún tipo de mediación ni intervención de las autoridades de la facultad. Restringir esos fondos bajo sospechas de corrupción era un sinsentido técnico que solo buscaba desfinanciar el arraigo de los alumnos que permanecen ocho horas diarias cursando en las aulas», amplió.

Vanguardia digital: el protocolo de Inteligencia Artificial de la UNCuyo

La institución académica se posiciona a la vanguardia a nivel federal al consolidarse como el primer polo universitario del país en regular de forma orgánica y sistémica la utilización de tecnologías de procesamiento generativo en sus tres niveles de gestión. El pilar fundamental de esta estrategia radica en su marco institucional pionero. La Universidad Nacional de Cuyo aprobó una reglamentación integral inédita que valida, legitima y delimita el uso de la inteligencia artificial generativa tanto en los ámbitos estrictamente académicos y científicos como en las tareas de soporte administrativo, transformándose en un modelo de referencia para el resto de las universidades del territorio nacional.

Esta ambiciosa transformación digital no se realiza de manera improvisada, sino que se asienta sobre ocho principios rectores de cumplimiento obligatorio para los claustros. La normativa estipula pautas de transparencia institucional, la obligatoriedad de la verificación metodológica de la información procesada, el resguardo y la protección de los datos personales de la comunidad universitaria, y el mantenimiento de una estricta supervisión humana en la toma de decisiones críticas, previniendo así sesgos o fallos automatizados en las evaluaciones y dictámenes.

Lejos de una mirada restrictiva, la conducción técnica de la FCAI proyecta el enorme potencial pedagógico que abre esta herramienta en las aulas de ingeniería. «La inteligencia artificial posee un potencial altísimo para personalizar las trayectorias de los estudiantes y optimizar el procesamiento de datos estadísticos complejos, lo que nos permite comprar tiempo valioso para realizar mejores análisis estratégicos y tomar decisiones de gestión más eficientes», destacó el decano Ángel Roggiero, promoviendo una integración responsable que prepare a los futuros profesionales para los desafíos de la automatización global.

De este modo, el protocolo de la UNCuyo demuestra que la innovación tecnológica y la excelencia académica no son variables excluyentes, sino componentes complementarios de una universidad pública que decide liderar los cambios culturales de su época en lugar de regularlos desde la periferia.

Humanismo y universalidad frente al pragmatismo tecnocrático de mercado

Ante las tendencias internacionales de supresión de trayectorias formativas tradicionales, la conducción de la FCAI ratificó la necesidad de preservar las ciencias sociales y las disciplinas creativas. Frente a experiencias internacionales como el plan de optimización de China, que suprime masivamente carreras de artes, humanidades o economía básica para reemplazarlas exclusivamente por disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), consideró que lo estrictamente tecnocrático no es propio de la esencia universitaria. «La formación que debe proponerse al medio tiene que ser universal e integral. El desprestigio o la menor ponderación de las ciencias sociales es un error conceptual severo; es imposible pensarse como sociedad sin sociólogos que analicen los impactos de la relación entre la industria y la comunidad», explicó Augusto Roggiero.

«No podemos reducir la vida humana a meras experiencias de trabajo y productividad, los ciudadanos tienen derecho a realizarse a través de la cultura y las disciplinas creativas», sentenció.

El dilema del semáforo económico y la obsolescencia laboral

La autoridad académica analizó las transformaciones de los perfiles profesionales, advirtiendo que la falta de demanda actual responde más a la coyuntura macroeconómica que a la automatización. «La irrupción de la inteligencia artificial modifica de manera drástica la forma de ejercer cualquier profesión, y el desafío de los profesionales pasa por incorporarla activamente a las currículas con responsabilidad, sin resistencias pero tampoco con una aceptación acrítica. Pasamos del papel a la computadora, del viejo PowerPoint a las presentaciones automatizadas en plataformas interactivas, y el uso de simuladores virtuales mejora el ojo clínico de los estudiantes antes de ir al territorio real. Ahora bien, cuando analizamos casos de profesionales con trayectoria que hoy se ven obligados a reconvertirse hacia oficios manufactureros por una drástica caída de la demanda en su sector, debemos contextualizar las variables antes de decretar la obsolescencia de una carrera», opinó.

«Con indicadores que muestran caídas severas en la industria siderúrgica, el comercio, el turismo y la construcción, los sectores no están repuntando. En un escenario donde las variables macroeconómicas del semáforo productivo no están en verde, es muy difícil determinar si la falta de trabajo se debe a la disrupción tecnológica o a que simplemente la economía no está vendiendo. El profesional competente debe saber reconvertirse, pero el Estado debe garantizar que las variables de la producción acompañen ese esfuerzo«, concluyó.