La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, explicó en diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5 los alcances del proyecto de reforma al Código Procesal Penal, una propuesta que, según destacó, tiene como objetivo central “devolver credibilidad a la justicia y fortalecer la seguridad pública”. La funcionaria aseguró que la iniciativa busca agilizar los procesos, mejorar la eficiencia del sistema judicial y ofrecer respuestas más contundentes frente a delitos como robos simples, hurtos y encubrimientos, que en la práctica cotidiana generan gran preocupación en la ciudadanía.
Rus recordó que la creación del Ministerio de Seguridad y Justicia en diciembre de 2023 respondió a la necesidad de articular ambos campos, entendiendo que el desempeño del sistema judicial tiene incidencia directa en la seguridad. “No nos contentamos sólo con tener números en materia de aprehendidos y detenidos, sino que queremos saber qué pasa con esos detenidos en la justicia, porque además sabemos que muchos de ellos vuelven a cometer delito o salen rápidamente”, detalló.
La Ministra Rus explicó que uno de los principales diagnósticos realizados fue el desequilibrio en la carga de trabajo que enfrentan los magistrados. “Los jueces penales colegiados tienen al año cerca de 20.000 causas contra 1.800 que tienen los tribunales, creíamos necesario equilibrar eso. Por otro lado, que un 86% de las audiencias en materia del fuero penal, que es el directamente vinculado con materia de justicia, se hacen en una franja de horario corta”, señaló. En esa línea, la propuesta establece una redistribución de funciones entre los jueces que investigan y aquellos que llevan adelante los debates, buscando una mayor equidad en el reparto de causas.
Según precisó, la reforma se sustenta en tres ejes: lograr una justicia más rápida y eficiente, optimizar recursos sin aumentar el gasto público y otorgar mayor transparencia y control al sistema de audiencias. “Primero, una justicia más rápida y una justicia más eficiente, pero también que le devuelva al ciudadano una legitimidad para con la justicia, que el ciudadano pueda volver a creer en la justicia”, indicó.
Uno de los puntos centrales es la ampliación del horario de audiencias. Actualmente, el 86 por ciento de los debates se concentran en la franja de la mañana, lo que genera demoras y reprogramaciones. Rus subrayó que existe la infraestructura y el personal para ampliar ese rango y aprovechar la capacidad instalada. “Está habilitado el trabajo para los jueces en la tarde, hay auxiliares administrativos y hay toda una capacidad instalada en materia de infraestructura, que es el polo nuevo judicial penal que se hizo con la intención de que las audiencias fueran en todo horario”, explicó. “Es decir, hay una capacidad instalada y lo que nosotros hemos observado es que se concentra todo o la mayor parte del trabajo en este horario de 8.30 y por eso es que estamos insistiendo. Hay jueces que hacen audiencias en la tarde, pero la mayor concentración la tenemos en estos horarios de la mañana. Por eso, teniendo la capacidad instalada, teniendo la infraestructura y haciendo una reorganización de recursos, creemos que se puede aumentar la cantidad de audiencias que se hagan en horario vespertino” dijo enfáticamente la Ministro de Seguridad y Justicia.
El proyecto también prevé consolidar en la normativa la participación de ayudantes fiscales y co-defensores en los debates, algo que ya se venía aplicando en la práctica. “También potenciamos que lo dejemos escrito, digamos, en la ley, porque si bien se venía trabajando de esa forma, el dejarlo en la ley le da más seguridad jurídica a los actuantes. Tanto ayudantes fiscales como co-defensores pueden intervenir válidamente en las audiencias y en los debates”, afirmó la ministra, destacando que esta medida dará mayor solidez y capacidad de respuesta al sistema.
En relación con los efectos esperados de la reforma, Rus fue categórica: se busca reforzar la respuesta frente a delitos que suelen recibir sanciones leves. “Queremos que tenga una respuesta contundente y que no se vaya, no dedicándose solo en suspensiones de juicio a prueba o juicios abreviados, que por ahí es un mal uso de estos institutos que lleva a penas bajas o a que queden en condenas condicionales”, planteó.
Mercedes Rus remarcó que recuperar la credibilidad de la justicia es clave para el orden público y la confianza ciudadana de Mendoza. “La justicia de un tiempo ha perdido en legitimidad y por eso uno de los objetivos principales de esta propuesta tiene que ver con devolver esa credibilidad a la comunidad”, expresó. En ese sentido, insistió en la necesidad de dar respuestas firmes a los delitos de mediana gravedad. “Queremos una respuesta contundente porque sino también el mensaje es un mensaje de impunidad y eso es lo que no queremos, queremos un mensaje de impunidad cero”, enfatizó.
Por último, la ministra adelantó que el proyecto ya inició su camino legislativo. “Este proyecto ingresó por la Cámara de Diputados hace unas semanas y va a ser derivado de la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales para que ingrese su tratamiento y nosotros estamos apurados, queremos que sea un tratamiento rápido”, concluyó.
