Tal como había anticipado durante la presentación del Presupuesto 2027, la ministra ingresó un proyecto para modificar la Ley 8465. La iniciativa agrava las sanciones por tenencia de celulares, prohíbe los streaming de presos, establece restricciones de hasta la prohibición definitiva de ingreso para las visitas y consolida el régimen de Muy Alto Perfil (MAP). Además, junto a la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, presentó una propuesta para recuperar los dispositivos retirados de las cárceles mediante programas educativos y de minería urbana.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este miércoles en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados un proyecto de reforma de la Ley 8465 para endurecer el régimen disciplinario en las cárceles mendocinas y fortalecer las herramientas de control penitenciario.
La iniciativa, anunciada la semana pasada durante la exposición del Presupuesto 2027, incorpora nuevas faltas graves para los internos, establece sanciones específicas para las visitas que vulneren las normas de seguridad y consolida legalmente la clasificación de personas privadas de libertad según su nivel de riesgo.
Durante la presentación, Rus estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana; el director de Inteligencia Penitenciaria, prefecto Diego Asensio; la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, y el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández.
Antes de explicar los alcances de la reforma, la ministra expresó sus condolencias por el fallecimiento de un integrante del Servicio Penitenciario ocurrido el martes y remarcó que el Ministerio se encuentra de luto.
En relación con el proyecto, Rus sostuvo que «a estos presos que quieren seguir siendo delincuentes desde la cárcel, la cárcel no es un home office» y recordó que esa definición forma parte de la política penitenciaria impulsada desde 2024.
Celulares, streaming y sanciones más severas
La reforma establece como faltas graves la tenencia, utilización y comercialización de teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos de comunicación no autorizados. También sanciona las conexiones clandestinas a internet y electricidad, las comunicaciones ilegales con el exterior y la difusión no autorizada de imágenes y videos.
Además, prohíbe expresamente la participación de internos en transmisiones por streaming, redes sociales y otros medios de comunicación, salvo autorizaciones excepcionales vinculadas con actividades educativas o laborales.
La medida profundiza una política de control que ya registra más de 20.000 celulares retirados y secuestrados del sistema penitenciario desde el inicio de la gestión. La cifra incluye tanto los dispositivos retirados a las personas privadas de libertad como los detectados durante requisas y los secuestrados a visitantes mediante el Sistema Único de Ingreso, que reforzó los controles de identidad, pertenencias y accesos a las cárceles.
A principios de 2025, la Provincia obtuvo autorización de la Suprema Corte de Justicia para avanzar con el retiro de celulares.
Rus anticipó además una nueva inversión tecnológica para reforzar la seguridad de los establecimientos. «Vamos a incorporar, antes de fin de año, sistemas de body scan y de escáner», anunció.
La ministra explicó que estas herramientas buscan reducir la exposición del personal a presiones de los internos y visitantes. «Si nosotros tenemos sistemas de control tecnológicos, lo que hacemos es evitar que el personal se vuelva objeto de extorsión», señaló.
Hasta la prohibición definitiva de ingreso para las visitas
Uno de los cambios centrales es la creación de un régimen sancionatorio específico para quienes intenten ingresar elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.
El ingreso o intento de ingreso de celulares y tarjetas SIM podrá sancionarse con suspensiones de hasta 180 días, que se elevarán a 365 ante una reincidencia y a la prohibición definitiva frente a una tercera infracción.
Para el ingreso de drogas se prevén suspensiones de 365 días y la prohibición definitiva en caso de reincidencia. Quienes intenten ingresar armas, explosivos o colaboren con fugas y actividades delictivas organizadas podrán quedar inhabilitados definitivamente para ingresar a los establecimientos.
El régimen de Muy Alto Perfil quedará incorporado a la ley
El proyecto consolida legalmente el régimen de Muy Alto Perfil (MAP), que ya funciona en Almafuerte II y está destinado a internos que presentan riesgos extremos por su capacidad de violencia, fuga, influencia sobre otros presos o vinculación con organizaciones criminales.
Este dispositivo contempla aislamiento, monitoreo permanente y controles reforzados. La reforma incorpora criterios objetivos de clasificación, entre ellos la participación en motines, tomas de rehenes, amenazas al personal y comunicaciones clandestinas.
También establece herramientas de información e inteligencia penitenciaria para prevenir delitos, hechos de violencia y actividades criminales organizadas desde el encierro.
Rus explicó que la incorporación de estos criterios a la ley busca fortalecer las decisiones del Servicio Penitenciario frente a las presentaciones judiciales de internos que pretenden modificar sus condiciones de alojamiento.
«La seguridad penitenciaria y la seguridad pública de los mendocinos es importante, por lo tanto, vamos a tener zonas específicas», sostuvo la ministra, y remarcó que la clasificación responde a criterios objetivos vinculados con el comportamiento y el riesgo de cada interno.
En ese contexto, se refirió a los dos internos trasladados el martes al MAP de Almafuerte II tras la toma de un rehén en Boulogne Sur Mer. La ministra ratificó que ninguno accederá a los destinos ni a los beneficios que reclamaba.
«Ellos querían más beneficios, querían privilegios, pero optaron por la violencia, y eso tiene consecuencias. Y las consecuencias son duras», sostuvo.
También confirmó que permanecerán bajo ese régimen durante un mínimo de 180 días y que el Servicio Penitenciario avanzará en la revisión de su conducta y concepto, con consecuencias sobre los beneficios que habían solicitado ante la Justicia.
En ese sentido, Rus cuestionó el asesoramiento que reciben algunos internos por parte de determinados operadores del sistema, a quienes responsabilizó de generar expectativas sobre beneficios que no les corresponden.
«Hay también ciertos operadores del sistema que, bajo la voz de derechos humanos, les hacen creer a estos presos que tienen más derechos que los derechos que corresponden, y que tienen más derechos por encima de los mendocinos», afirmó la ministra.
Rus vinculó estas situaciones con los reclamos de los internos y ratificó que las decisiones sobre alojamiento, clasificación y régimen disciplinario deben responder a criterios de seguridad penitenciaria y no a las pretensiones de las personas privadas de libertad.
Los celulares retirados de las cárceles podrán convertirse en recursos educativos
Junto a la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, Rus presentó una propuesta para dar un nuevo destino a los dispositivos recuperados del sistema penitenciario, mediante una articulación con Educación y programas provinciales de minería urbana.
Los equipos que puedan reacondicionarse se destinarán a proyectos de escuelas técnicas y otras iniciativas educativas. Aquellos que no puedan reutilizarse serán evaluados para recuperar componentes y materiales que puedan aprovecharse como materia prima.
La iniciativa contempla la participación de la Asociación Civil Traperos de Emaús y de programas de economía circular impulsados por Ambiente. Los residuos que no puedan recuperarse serán derivados al Centro de Disposición Final autorizado de El Borbollón, garantizando su tratamiento y trazabilidad.
Ojeda explicó que la Provincia trabaja en la cuantificación de los residuos eléctricos y electrónicos, cuya generación se estima teóricamente entre 8 y 10 kilos por habitante al año, una cifra que actualmente se encuentra bajo verificación técnica.
«Lo que nosotros evitamos es que este residuo forme un pasivo ambiental permanente en el territorio de la provincia», afirmó.
La subsecretaria destacó además que la iniciativa se vincula con el proyecto CREAL, trabajado con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Dirección de Minería.
«Todo aparato o residuo electrónico o eléctrico es minería urbana, es parte del último circuito que nosotros utilizamos de estos metales que extraemos de nuestro suelo», explicó Ojeda, al fundamentar la importancia de recuperar materiales antes de su disposición final.
Por su parte, el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, precisó que los dispositivos atravesarán una auditoría específica y un proceso de reseteo o formateo antes de ingresar al circuito de recuperación.
«No todos son residuos. Los teléfonos que funcionen y se crea conveniente poder reutilizar se van a donar a la Dirección General de Escuelas», señaló.
Fernández agregó que la recuperación involucrará a estudiantes y egresados de distintas carreras, mientras que los dispositivos que no puedan aprovecharse deberán recibir un tratamiento ambiental adecuado.
Presos confeccionaron 80 uniformes para el MAP y las custodias hospitalarias
En paralelo, el Servicio Penitenciario incorporó 80 uniformes confeccionados por personas privadas de libertad en RERDA, una de las fábricas que funcionan dentro del complejo Almafuerte II.
De esa producción, 40 uniformes fueron destinados al régimen de Muy Alto Perfil y otros 40 a internos bajo custodia penitenciaria en establecimientos hospitalarios, como el Hospital Central y El Sauce.
Los primeros en estrenar esta indumentaria fueron los dos internos trasladados este martes al MAP de Almafuerte II, quienes comenzaron a utilizar los uniformes confeccionados en los talleres penitenciarios.
La producción forma parte de las actividades laborales que desarrollan las personas privadas de libertad y permite abastecer necesidades operativas del propio sistema penitenciario.
Rus explicó que la nueva indumentaria responde a criterios de identificación y seguridad, especialmente durante los traslados y en los espacios donde los internos pueden tener contacto con la ciudadanía.
«Queremos tener mejor visibilidad en los traslados de personas privadas de libertad», señaló, y explicó que su utilización en establecimientos hospitalarios permite reforzar los controles ante posibles intentos de evasión.
