San Rafael, escenario del primer uso de una “wallet judicial” para incautar criptomonedas
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza puso en marcha una wallet institucional para incautar y resguardar criptoactivos vinculados a delitos, y su primera aplicación concreta se realizó en San Rafael, en el marco de una investigación por ciberdelito de alcance nacional.
La herramienta, desarrollada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, permite intervenir en tiempo real sobre activos digitales provenientes de maniobras ilícitas, garantizando su resguardo y trazabilidad durante todo el proceso penal. Se trata de un paso clave ante el crecimiento de delitos informáticos, donde la velocidad de las operaciones digitales puede dificultar la recuperación de fondos.
El caso que marcó el debut operativo del sistema tuvo epicentro en San Rafael. A partir de información aportada por una entidad privada, que detectó movimientos irregulares en operaciones electrónicas, se inició una investigación que permitió desarticular una maniobra basada en la modalidad de “phishing”. A través de esta práctica, los involucrados obtenían datos de tarjetas de crédito y débito para realizar múltiples transacciones de bajo monto, evitando así los sistemas de alerta.
UN FRENO A LAS ESTAFAS
El seguimiento de las operaciones permitió establecer que parte del dinero sustraído era convertido en criptoactivos. Frente a este escenario, y bajo directivas del MPF, se dispusieron allanamientos que posibilitaron acceder a dispositivos electrónicos, identificar los activos digitales y proceder a su incautación inmediata mediante la nueva wallet institucional.
El operativo derivó en detenciones e imputaciones a personas vinculadas a la organización, además de interrumpir el circuito delictivo y asegurar los fondos para el avance de la causa. La investigación continúa en curso.
La implementación de esta billetera digital oficial posiciona al MPF mendocino entre los organismos pioneros del país en la incorporación de tecnología aplicada a la investigación penal. Y en ese proceso, San Rafael no solo fue escenario del primer caso, sino también protagonista de un cambio de paradigma en la lucha contra el ciberdelito.