San Rafael: policía y empresario detenidos e imputados por viralizar audios con información falsa

El audio de Whatsapp que sembró temor público

Las denominadas fake news o noticias falsas han abundado por estos días en los que la conmoción se adueñó del mundo, en medio del avance del coronavirus y las medidas que se han adoptado para frenarlo.

El audio de Whatsapp que sembró temor público

En ese contexto, luego de decretada la cuarentena obligatoria por el presidente Alberto Fernández, creció exponencialmente la circulación de falsas noticias por redes sociales, sobre todo por Whatsapp, cuyo uso – al estar prácticamente todos los usuarios encerrados en sus casas – también creció significativamente.

El sábado, a lo largo de la jornada, fueron dos los audios que se viralizaron en cuestión de segundos y llegaron prácticamente a todos los usuarios sanrafaelinos, principalmente a grupos. En uno de esos documentos, se hablaba de un hombre de Malargüe que había contraído la enfermedad tras tener contacto con turistas extranjeros que habían llegado a Las Leñas. La noticia sembró pánico, sobre todo en los malargüinos.

Luego, un audio de 1 minuto y 31 segundos, grabado por quien se presentaba como policía y que cumplía funciones en el Centro Estratégico de Operaciones, generó consternación en la sociedad sanrafaelina, pues afirmaba que una mujer de Las Paredes estaba contagiada tras tener contacto con la primera paciente portadora del virus.

“Está fea la cosa. Ya se confirmó un caso en Mendoza y uno en San Rafael, de una mujer de Las Paredes, quien hoy llamó con toda la sintomatología”, afirmaba el efectivo con total liviandad en su audio.

Más tarde, la supuesta información ofrecida por el policía fue desmentida por el titular de Salud Provincial en la Zona Sur, Abel Freidemberg.

Como consecuencia del audio con información falsa que viralizó el efectivo, sus propios colegas lo identificaron y aportaron datos claves a la Justicia Federal para que el juez Eduardo Puigdéngolas pudiera avanzar en un proceso penal contra el uniformado de apellido Fernández. El mismo magistrado identificó también a quien había hecho lo propio con el audio de Malargüe, siendo un empresario vinculado a la diversión nocturna de apellido Antolín.

Puigdéngolas, en función de lo ocurrido, ordenó la detención del policía y el empresario, ésta última ejecutada por agentes de Gendarmería Nacional. Ambos fueron imputados por infringir el artículo 211 del Código Penal Argentino, que sanciona a quienes infunden temor a través de información falsa.

“Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”, establece dicho artículo.

Al policía y al empresario se les secuestraron los teléfonos celulares y Puigdéngolas ordenó otra serie de medidas para avanzar en el procesamiento de cada uno. El más complicado, sin dudas, es el agente policial, pues además enfrenta cargos por incumplimiento en sus deberes de funcionario público, lo que podría costarle hasta el puesto en la Policía de Mendoza.

Las detenciones de quienes viralizaron audios con información falsa pueden sentar un fuerte precedente no solo en Mendoza, sino también a nivel nacional, ya que la decisión de Puigdéngolas tendrá su efecto en otras jurisdicciones donde se registra la misma problemática.

“Somos hijos del rigor, entonces demos rigor”, aseveró una alta fuente judicial en declaraciones a este diario.

21 imputados por violar la cuarentena

 Además de los detenidos por “infundir temor público” a través de audios de Whatsapp, el juez Puigdéngolas también realizó 21 imputaciones a quienes violaron la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional.

Fueron muchos los sanrafaelinos que la policía encontró en la calle y no pudieron justificar su presencia en la vía pública. “Encontramos a varios grupos bebiendo alcohol en alguna esquina, sin respetar la orden de aislamiento emanada desde la Nación”, informaron desde la fuerza.

En función de lo anterior y a raíz de haber ignorado el aislamiento obligatorio, preventivo y social decretado por el presidente Alberto Fernández, el juez Puigdéngolas imputó a los “rebeldes” por infringir el artículo 205 que sanciona “al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Pero eso no es todo, porque también se les aplica sanciones patrimoniales a quienes ignoran la cuarentena obligatoria.

Además, desde la Jefatura Distrital que comanda el comisario Eduardo Algaba, informaron que se realizaron 1.000 desplazamientos en apenas 24 horas por llamadas al CEO respecto a violaciones de la cuarentena.