Un firme avance legislativo busca poner fin a la proliferación de microbasurales clandestinos, la contaminación de cauces hídricos y el abandono desinteresado de residuos en la vía pública de la provincia de Mendoza. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y se encamina a su sanción definitiva en el Senado provincial, introduce una profunda reforma en la órbita de la justicia correccional para tipificar y sancionar severamente estas conductas. El proyecto establece que las personas físicas o jurídicas que arrojen desperdicios no solo deberán afrontar multas económicas y sanciones escalonadas en caso de reincidencia, sino que estarán obligadas por orden judicial a realizar la reparación del daño ambiental, haciéndose cargo de los costos operativos de limpieza y el retiro efectivo de los desechos.
En diálogo con FM Vos (94.5), el diputado provincial Gustavo Perret (PJ), autor del proyecto de ley presentado originalmente en 2023, detalló el funcionamiento de los procesos en los juzgados correccionales, las metodologías para identificar a los infractores mediante rastros materiales, la responsabilidad solidaria de los generadores de basura y el impacto de los microbasurales en el contexto del fenómeno climático de El Niño.
Órbita correccional, reparación del daño y actualización de las sanciones
Al principio de la nota, el legislador enfatizó que la nueva normativa dota a los jueces correccionales de herramientas concretas para imponer penas pecuniarias e imponer el saneamiento ambiental obligatorio a quienes vulneren el derecho a un ambiente sano. «Esta ley, que calculo que será sancionada esta semana en la Cámara de Senadores, establece que quien tire basura afrontará un proceso dentro del fuero correccional en el cual se le aplicarán, por un lado, multas por su actuar y, por otro lado, la reparación del daño. ¿Qué quiere decir la reparación del daño? Deberá pagar los costos de la limpieza, eventualmente, y retirar la basura que ha tirado. Es una norma de carácter general que busca proteger de forma mucho más amplia los derechos que antes quedaban desamparados», explicó.
«A mí me hubiera gustado muchísimo que esta norma se hubiera tratado en el año 2023 cuando la presentamos, porque hoy tendríamos todo un aparato aceitado y se habrían realizado campañas publicitarias alertando sobre las consecuencias. Las sanciones se agravan según el caso, diferenciando si se trata de una persona física o jurídica, si es reincidente o no. Hoy la iniciativa toma mayor relevancia por el fenómeno climático del Súper Niño o Niño agravado, que genera grandes lluvias en afluentes de agua que se encuentran tapados con basura y provocan mayores daños. Ante una denuncia, un juez correccional tendrá el deber de actuar y sancionar este tipo de conductas que tanto mal le hacen a la sociedad», añadió.
Trazabilidad de los residuos, identificación de infractores y responsabilidad compartida
Frente a la dificultad práctica de sorprender a los infractores in fraganti, Perret sostuvo que la presencia de rastros y documentación dentro de los microbasurales constituye prueba suficiente para identificar a los propietarios de la basura, señalando la responsabilidad de contratar servicios informales de flete. «He recibido muchos reclamos en los cuales es totalmente factible identificar a quienes han tirado la basura porque dejan rastros claros: etiquetas con nombres de empresas semilleras, boletas de la luz o del agua. Incluso una vecina de la intersección de las calles El Toledano y Los Filtros envió recientemente una fotografía donde habían tirado dos urnas con las cenizas de un familiar. En base a este tipo de identificaciones concretas, la justicia puede dar con los responsables», remarcó.
«Respecto a la excusa de quienes sostienen que contrataron a un tercero o changarín para limpiar un lote o retirar basura en un vehículo y este terminó arrojándola en cualquier lado, hay que ser claros: la persona debe hacerse responsable de que sus desechos se depositen donde corresponde. Hay lugares legalmente indicados para tirar la basura», aseguró.
«Si en los desechos tirados en la vía pública hay pruebas suficientes que indican la propiedad de esa basura, corresponde aplicar la sanción. De lo contrario, se deberá demostrar o encontrar in fraganti a quien realizó el vertido, pero el objetivo central es regularizar esta situación y sancionar conductas reprochables», agregó.
Conductas desinteresadas, impacto presupuestario en los municipios y sanción definitiva
Por último, el diputado del bloque Justicialista contrapuso el desinterés de quienes ensucian áreas recreativas o tiran cargas completas en puertas ajenas con el enorme costo fiscal que implica el saneamiento público para las comunas. «Existe una conducta irresponsable por parte de quienes hacen un picnic o acampan cerca de un arroyo y se retiran dejando botellas y bolsas desparramadas, pero resulta aún más reprochable llenar un vehículo, camioneta o carro con desechos acumulados durante meses o años y retirárselos en la puerta de la casa a otro vecino. En avenidas altamente urbanizadas, como la intersección de avenida Los Sauces hacia El Toledano, el volumen de montones de basura al costado de la calle es impresionante y parece de otro siglo», coincidió.
«Estas costumbres avasallan totalmente los derechos de los vecinos y representan un costo altísimo para los municipios o la provincia, que son los encargados finales de realizar la limpieza. La norma ya obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, ingresará esta semana al Senado para lograr la sanción definitiva y ser enviada al Poder Ejecutivo para la promulgación por parte del Gobernador, haciendo plenamente aplicable este marco sancionatorio en todo el territorio mendocino», expresó al cierre de la charla.
