El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en la utilización de los recursos que originalmente habían sido destinados a la construcción de la represa Portezuelo del Viento. Con el llamado a licitación de un nuevo paquete de obras de infraestructura, la administración de Alfredo Cornejo prácticamente agotó el histórico fondo del resarcimiento por la Promoción Industrial, del que sólo restan unos 35 millones de dólares sin asignar.
El dinero integra los 1.023 millones de dólares que la Nación acordó transferir a Mendoza como compensación por los perjuicios ocasionados por el régimen de Promoción Industrial. Durante años, esos recursos tuvieron como destino exclusivo la construcción de Portezuelo del Viento, el proyecto hidroeléctrico previsto sobre el río Grande, en Malargüe.
Sin embargo, luego de que la obra quedara definitivamente descartada por la falta de consenso interprovincial en la presidencia de Alberto Fernández y tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y la administración nacional de Javier Milei, Mendoza obtuvo la autorización para modificar el destino de esos recursos y utilizarlos en distintas obras de infraestructura distribuidas en todo el territorio provincial.
Desde entonces, el Ejecutivo comenzó a ejecutar un ambicioso plan de inversiones que reemplazó la lógica de una única megaobra por un conjunto de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de Mendoza.
Entre las principales inversiones financiadas con los recursos del ex Portezuelo sobresale la remodelación integral del Acceso Este, una de las intervenciones viales más importantes del Gran Mendoza, que incluye la renovación de calzadas, construcción de colectoras, mejoras en distribuidores y obras destinadas a incrementar la seguridad vial.
A ello se suma la transformación del Acceso Sur, donde se ejecutarán nuevos puentes, distribuidores de tránsito y adecuaciones que buscan mejorar la circulación en uno de los principales corredores de ingreso al área metropolitana.
En materia energética, una de las obras de mayor impacto para el sur provincial es el cierre del anillo eléctrico de 132 kV entre San Rafael y General Alvear, una inversión largamente esperada que permitirá fortalecer el sistema de transporte eléctrico, reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones del servicio y brindar mejores condiciones para el desarrollo industrial, agrícola y comercial de ambos departamentos.
Los fondos también fueron destinados a una importante cantidad de obras hídricas, entre ellas la modernización de canales de riego, impermeabilización de cauces, construcción de nuevas perforaciones, mejoras en redes de distribución de agua potable y proyectos de saneamiento, con el objetivo de optimizar un recurso estratégico para la producción y el abastecimiento en toda la provincia.
El proceso marca el cierre de uno de los capítulos más significativos de la obra pública mendocina de las últimas décadas. El fondo que durante años estuvo asociado exclusivamente a Portezuelo del Viento terminó financiando un amplio abanico de proyectos distribuidos en distintos departamentos de la provincia, modificando por completo el destino para el cual había sido concebido.
La utilización de estos recursos también representa un cambio de paradigma en la política de infraestructura provincial. Mientras durante años el debate estuvo centrado en la construcción de una única obra de gran magnitud, el Gobierno optó finalmente por diversificar la inversión y financiar proyectos de impacto regional en materia vial, energética, hídrica y de servicios básicos.
Con apenas 35 millones de dólares aún disponibles, el histórico fideicomiso ingresa en su tramo final, cerrando un ciclo que comenzó con la promesa de construir una de las mayores represas del país y que concluye con una cartera de obras distribuidas a lo largo y ancho de Mendoza.
