Se convirtió en ley provincial la propuesta para clasificar las viviendas según su eficiencia energética

La Cámara de Senadores de la Provincia le dio sanción al proyecto de ley para establecer un Sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética y Compromiso Ambiental de inmuebles destinados a vivienda. Se trata de una propuesta del diputado radical Jorge Sosa.
El legislador dijo a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que “la ley fue aprobada por el Senado con muy buena aceptación por parte de los senadores, por lo que solo queda reglamentarla y empezar a trabajar. La misma tiene varios beneficios que se fundamentan principalmente en la idea de instalar en la sociedad la posibilidad de hacer viviendas sustentables desde el punto de vista energético y ambiental. Esta es una cuestión cultural en la que tenemos que ir trabajando”.
Añadió que “entre los beneficios, primeramente ayuda al Estado, porque se necesita más energía para Mendoza. Esta posibilidad de tener más energía viene de generar más cantidad, con los costos que esto implica. Y se logra instalando nuevas plantas o gastando menos o haciéndolo en forma eficiente. A este sentido apunta este proyecto, es decir, a la posibilidad de tener viviendas energéticamente sustentables o eficientes. La idea es gastar menos y que, por lo tanto, las boletas que lleguen sean bastante inferiores. Esto es lo que estamos buscando”.
El legislador dijo que “buscamos que se pueda construir de otra manera o que se puedan adaptar nuevas tecnologías a las ya existentes para gastar menos gas y luz. En este aspecto, hay cuestiones de diseño que tienen que ver con esta eficiencia, como por ejemplo la orientación de las ventanas o el espesor de los muros o el material con el que se hacen los techos. De acuerdo a eso, la eficiencia de las viviendas empieza a ser mejor”.
Vale destacar que la norma define como energía primaria las distintas fuentes de energía que se extraen o capturan de la naturaleza, sea en forma directa, como la energía hidráulica, eólica, solar; o indirecta, derivada de un proceso de extracción o recolección de petróleo, carbón mineral, uranio, biomasa y toda aquella que sea incorporada por la autoridad de aplicación. La autoridad será el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, o el organismo que en el futuro lo reemplace.