Con la participación del periodista de investigación Hugo Alconada Mon (de diario La Nación) se hizo una conferencia virtual donde se explicó los alcances de la ley que hace penalmente responsables a las empresas por actos de corrupción.
La abogada Paula Cortijo, que coordinó la charla, explicó en Fm Vos (94.5) la importancia de esta ley (27.401) y de la inclusión del programa de responsabilidad en los pliegos de Portezuelo del Viento. Con el título “¿Cómo hacemos de Portezuelo del Viento una oportunidad de transparencia e integridad en el manejo de los fondos públicos?”, se dio inicio a la serie de charlas organizada por Transparencia Latam con el aval de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE).
Cortijo señaló que “en nuestro país tenemos una ley que es poco conocida en Mendoza, si bien en Buenos Aires es bastante conocida y las empresas se han tenido que ajustar muy rápido, hasta antes de la ley 27.401 solo las personas físicas podíamos ser pasibles de una sanción por cometer un delito de corrupción, ahora también las empresas. Como no pueden ser sancionadas con prisión, lo que hace la ley es suspender la personería jurídica de la empresa, quiere decir que las desintegra, que esa empresa desaparezca hasta por 10 años y tiene multas dinerarias”. También se prohíbe que esa empresa pueda licitar con el Estado nacional por 10 años y pone a la empresa en un registro público de empresas con antecedentes de corrupción.
“Un punto importante –explicó Cortijo- es la obligación de aplicar un programa de integridad, con Hugo Alconada Mon contamos que estos programas se aplican en el mundo hace 42 años y consisten en un conjunto de procedimientos que se aplican en las empresas para prevenir y remediar actos de corrupción”.
En Mendoza hay un proyecto de ley que dice que las empresas que quieran licitar con el Estado provincial también van a tener que tener ese programa y “en el medio como una ventana en el proceso de Portezuelo se pone como requisito, lo cual está bien porque la ley nacional no dice que haya que tener una ley provincial sino que se adecúe su legislación. Al ponerlo en Portezuelo lo veo como una oportunidad, se necesita informar al público en general; esto es bueno para todos, esta ley pone en cabeza del sector privado la obligación de aplicar estos programas y denunciar a los funcionarios públicos que les pidan sobornos”.
La abogada afirmó que las empresas que “aplican estos programas logran hacer negocios de una manera distinta y cuando se juntan las empresas hacen fuerza para dejar de pagar estos sobornos. “Hay un estudio de Transparencia Internacional donde pone a la obra pública entre las industrias más corruptas del mundo, que hay entre un 10 y un 30% del valor de la obra que se va en corrupción y falta de eficiencia, si me das el contrato porque te estoy pagando no vas a venir a controlarme como corresponde”.
