En las últimas horas, diversas organizaciones ambientalistas expresaron su repudio en torno al proyecto de reforma de la ley 7722, que es impulsado por el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.
Las voces que están a favor de este proyecto, aseguran que en Malargüe existe la licencia social para las prácticas mineras, y es por eso que pretenden que se cree una reglamentación especial para ese departamento.
Por el contrario, ayer, sectores ambientalistas tomaron cartas en el asunto y salieron a las calles para mostrar su descontento y expresar su total negativa a que se modifique la ley vigente. En San Rafael se llevó a cabo ayer por la tarde, donde unas 150 personas se concentraron en el kilómetro cero y recorrieron calles céntricas.
En FM Vos 94.5, dialogamos ayer por la mañana con una integrante de la Asamblea por el Agua de San Rafael, Lilian Tapia, quien aseguró que nuevamente la ley 7722 está en peligro.
«El martes se presentó el proyecto del intendente de Malargüe en la Legislatura. Lo hemos leído y analizado, por eso puedo decir que prácticamente es un copie y pegue de la Ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de cianuro. Es muy similar a esa, casi que no hay diferencias. Estamos muy preocupados, ya que somos una sola provincia y un solo río, puesto que los acuíferos están conectados. Es decir, que si se hace minería en ese departamento se pone en riesgo a un gran sector de la provincia. Si bien Malargüe es cabecera de cuenca, eso no hace que sean los dueños de los ríos que luego atraviesan otros departamentos y provincias. Además, existe el riesgo de que esto se tome como un precedente y que otros municipios quieran hacer lo mismo», expuso Tapia al comienzo del reportaje.
«Por esta razón, decidimos marchar y nos convocamos en distintos puntos de la provincia. Hubo manifestaciones simultaneas en San Carlos, San Rafael, Tunuyán, San Martín, Uspallata, Ciudad Mendoza e incluso en Malargüe. Es la misma ley que pedimos que se derogara en el año 2019, la cual vino a reemplazar a la ley 7722, que se pudo volver a restituir gracias a la presión popular. Otra cuestión que genera alarma, es que en Mendoza no hay agua y estamos atravesando una sequía severa y extrema. En este sentido sabemos que la megaminería a cielo abierto usa millones de litros de agua y los contamina de tal forma que pasan años para que se puedan remediar. Un ejemplo es el de Sierra Pintada, donde están las canteras y los diques hace más de 20 años a cielo abierto y no se comenzó con el proceso de la remediación. Durante todo este tiempo se contaminaron las napas y con riesgos de derrames y accidentes», agregó.
Luego, prosiguió haciendo una férrea defensa de la Ley 7722. «En Mendoza no ha habido accidentes mineros porque esta ley no los permitió. No obstante, pudimos observar todo lo que pasa en otras provincias, como sucedió en la provincia de San Juan, donde se rompió una válvula y se volcó solución de cianuro durante 14 horas sin que nadie se diera cuenta. Esto se trató de ocultar en la localidad de Jáchal, aunque hubo cinco accidentes de enormes magnitudes en esa misma provincia. Los ríos de esa zona están todos contaminados. La 7722 impidió que esto ocurriera en Mendoza. Hay hasta 8 roturas de diques de cola al año en todo el mundo», advirtió Lilian Tapia.
«El proyecto de Ojeda permite usar todo, menos el mercurio. Está hecho a la medida de las mineras, porque ya todo está explorado por más que se niegue y se diga que se tardarán unos cinco años en hacerlos. Digamos que está todo listo para comenzar ya. De hecho, estaba todo preparado en el 2007, que fue cuando nació la 7722. Hay proyectos en Malargüe que sí encuadran en esta ley. Son los proyectos de Hierro Indio o Potasio Río Colorado, pero no los hacen. Simplemente están empecinados en derogar la Ley 7722 y usar sustancias tóxicas en el agua. ¿Por qué no arrancan con los proyectos que tienen aprobados y se encuentran dentro del marco de la ley vigente? Me parece todo muy raro», dijo al finalizar.
