El juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento decidió no extender la autorización para el uso de los teléfonos celulares por parte de los presos en las cárceles mendocinas. En ese sentido, resolvió que en un plazo no inferior de seis meses se retiren todos los equipos, aunque mantuvo algunas garantías como que se garanticen las visitas familiares con una frecuencia semanal, como mínimo.
Se tendrá que notificar a los internos en un periodo de 30 días que ya no tendrán que tener los teléfonos y que deberán ser retirados por sus familiares.
Sin embargo, sólo se retirarán esos celulares donde esté instalado un sistema de telefonía pública. De igual manera, resolvió que se instalen equipos de videollamadas para las emergencias familiares o el contacto de los detenidos con sus abogados.
Sarmiento también hizo lugar, de manera parcial, a un pedido de la Procuración de personas privadas de libertad para mantener la medida en los centros de detención de mujeres.
Una medida que llegó con la pandemia y se quedó
La posibilidad de que los presos tuvieran teléfonos celulares se instaló a raíz del aislamiento social preventivo por el covid que se dictó en 2020, por lo que no había visitas de abogados ni de familiares. Aunque cesó la emergencia, la medida se fue prorrogando con el visto bueno de todas las partes del Sistema Penitenciario.
Con el vencimiento de la prórroga, ocurrido el último día del 2023, la discusión se reabrió y el juez Sarmiento, después de oír a las partes resolvió.
