Comerciantes, autoridades policiales y vecinos coincidieron en que no hay un crecimiento exponencial del delito, pero sí una mayor conflictividad social, hechos reiterados y falencias estructurales en controles, prevención y articulación entre organismos.
La seguridad volvió a ubicarse en el centro del debate público en San Rafael a partir de una realidad compleja, donde conviven robos, vandalismo, problemáticas sociales y reclamos por mayor presencia del Estado. En ese marco, asistieron a los estudios de la emisora el jefe departamental de la Policía, comisario Iván Bermúdez, el presidente de la Cámara de Comercio y responsable de la empresa Iselín, Gabriel Brega, mientras que la vecina del barrio Docente, Patricia Delamarre habló por teléfono y analizaron en el programa de FM Vos 94.5 “Todas las Voces” (sábados de 10 a 12.30), conducido por Ariel Sat y Alejandro Sosa, la situación actual desde distintas perspectivas, dejando en evidencia coincidencias, tensiones y múltiples aristas que explican el fenómeno.
Desde el sector comercial, el diagnóstico es contundente. “La verdad que es preocupante el daño y el nivel de violencia que estamos sufriendo desde el comercio”, expresó Brega, quien advirtió que los hechos registrados en el último tiempo muestran características propias de ciudades más grandes. “Nosotros ya estamos teniendo algunos incidentes del nivel de ciudades muy grandes, que es lo que nos preocupa”, afirmó. En ese sentido, subrayó la necesidad de actuar con rapidez: “Esto realmente es preocupante y tenemos que tomar cartas en el asunto urgente”.
Los robos a locales, especialmente en el microcentro, aparecen como una de las principales preocupaciones. “Los robos son múltiples y justamente rompen directamente la puerta o las rejas”, describió el dirigente, al tiempo que mencionó la aparición de nuevas modalidades como hechos vinculados a motochorros, lo que marca una evolución del delito en el departamento.
En este punto, Brega puso el foco en el funcionamiento del sistema judicial, particularmente en el ámbito judicial. “Los denunciamos, los atrapan, los tienen que soltar”, cuestionó, y remarcó que “acá está faltando un soporte del juzgado que cumpla con la ley y que realmente dé soporte a la policía”. Además, señaló diferencias con otros departamentos: “Esto no sucede en Malargüe ni en General Alvear”.
Uno de los ejes centrales del análisis fue la utilización de tecnología para prevenir delitos. Desde la Cámara se impulsó la conexión de cámaras privadas al sistema de monitoreo oficial. “Por ahora hay algo de seis a ocho cámaras nada más”, explicó Brega, quien detalló que existen limitaciones técnicas y económicas: “Tiene que ser IP pública… eso tiene un costo adicional y a veces el comercio no puede sumar”. También recordó que al inicio hubo desconfianza: “Tenían miedo de decir ‘me van a ver todas mis cámaras’, pero son solo las que enfocan hacia afuera”.
Desde la Policía, el comisario Bermúdez reconoció la existencia de hechos delictivos, aunque buscó llevar tranquilidad respecto a su evolución. “No hemos visto un aumento grave del delito” y “no tenemos un crecimiento exponencial del delito”, afirmó. Sin embargo, explicó que el comportamiento delictivo es dinámico: “El accionar de los delincuentes es mutante todo el tiempo”, lo que obliga a redistribuir permanentemente los recursos.
En esa línea, rechazó la idea de zonas liberadas. “Nosotros no consideramos que existan zonas liberadas”, sostuvo, y explicó que la mayor concentración de efectivos se da en el microcentro, especialmente en horarios críticos. “La zona del microcentro, es donde se afecta mayor cantidad de recursos”, indicó, con especial énfasis en la noche, cuando se han registrado reiterados hechos de rotura de vidrieras.
Sobre estos episodios, confirmó avances en la investigación. “Hemos podido detectar que se ha tratado de la misma persona”, señaló, y agregó que “se han hecho algunas medidas de allanamiento, pudimos detener una persona mayor de edad y un menor”. También detalló otros casos relevantes, como la detención de individuos oriundos de Las Heras vinculados a robos en cabañas de Rama Caída, quienes incluso utilizaron tarjetas sustraídas para realizar compras en comercios locales. A esto se sumó un procedimiento en avenida Moreno donde se detuvo a cuatro personas que intentaban sustraer cables.
En cuanto al origen del delito, Bermúdez fue claro al desmentir una percepción extendida: “No, literalmente no es así”, dijo sobre la idea de delincuentes provenientes de otros departamentos, y aclaró que “en los últimos meses los únicos dos hechos son los que he hecho referencia”, confirmando que la mayoría de los delitos son cometidos por personas del propio departamento.
Violencia social, crisis económica y conflictos estructurales
Más allá de los delitos tradicionales, tanto desde el comercio como desde la Policía coincidieron en que existe un fenómeno creciente de violencia social. “Hay una cuestión con la situación en general, y la recesión que hay”, sostuvo Brega, quien agregó que “hay como una angustia ahí generalizada”, lo que “potencia las cuestiones de violencia, de robo”.
Uno de los ejemplos más claros de esta problemática es el vandalismo contra el transporte público. “Desde enero hasta mediados de marzo, Iselín tuvo 17 siniestros”, detalló, con “alrededor de 6 a 7 coches por mes”. En muchos casos, se trata de ataques con piedras sin intención de robo. “La única finalidad es hacer daño”, explicó Bermúdez, quien lo definió como “un problema cultural, es un problema de violencia social”, generalmente protagonizado por menores.
Las consecuencias son graves. “Hemos tenido casos que, por ejemplo, una chica casi pierde un ojo por una astilla de un vidrio”, relató Brega, y advirtió: “El día que le peguen a un conductor… puede pasar un desastre importante”. Estos hechos se repiten en zonas como El Molino, Cuadro Nacional, El Cerrito y sectores de la ruta 40, lo que incluso obligó a modificar recorridos del transporte en algunos casos.
En el ámbito rural, también se plantearon preocupaciones vinculadas al abigeato. Brega indicó que el sector trabaja articuladamente con la Dirección de Ganadería y mantiene canales de denuncia directa. Por su parte, Bermúdez desmintió versiones sobre falta de recursos: “No falta gasoil… es algo que no sucede hace muchos años”, y aseguró que todas las unidades cuentan con movilidad. No obstante, reconoció que la extensión territorial representa un desafío.
Otro tema relevante fue la diferenciación entre tipos de delito. Bermúdez explicó que “el robo es cuando se produce la apropiación mediante el ejercicio de la violencia y el hurto es cuando no hay violencia”, señalando que “el delito de hurto ciertamente existe mucho”, especialmente en casos de descuidos, como vehículos o bicicletas sin medidas de seguridad.
La problemática de la venta ambulante y la presencia de personas en situación de calle también ocupó parte del debate. “Es preocupante también la cantidad de malabaristas que estamos importando para temporada”, expresó Brega, quien advirtió que muchos terminan viviendo en la vía pública. Además, cuestionó la falta de controles sostenidos por los vendedores “ambulantes”: “No tenemos un plan de acción… termina siempre en alguna cuestión de que no tenemos continuidad”.
En ese sentido, remarcó que existe una normativa que permite vender solo en circulación, pero no instalarse. “Pero no es lo que ocurre”, afirmó. También denunció competencia desleal: “Hay más verdulerías en la calle que en la feria”. Desde la Policía, se explicó que los operativos requieren intervención conjunta con el municipio y que se dispone personal específico para acompañarlos.
Vecinos organizados y reclamos persistentes
La mirada vecinal aportó un componente clave al diagnóstico. Desde el barrio Docente, la vecina Patricia Delamarre señaló que “desde el 2018 venimos con pedidos muy concretos” y que, si bien “los delitos han mermado un poco”, la situación sigue siendo preocupante. “Parece que con eso solamente no alcanza, porque los delitos siguen existiendo”, afirmó.
La vecina relató hechos recientes que evidencian la gravedad del problema. “La semana pasada hubieron dos robos importantes… a plena luz del día”, indicó, y agregó que “ya no es cuando el vecino no está, ya es a cualquier hora del día”. En uno de los casos, una familia se encontró con delincuentes dentro de su vivienda: “Nos encontramos con los ladrones adentro de su casa”.
Frente a este escenario, destacó la organización comunitaria. “Somos más de mil personas en ese grupo estrictamente de seguridad”, explicó, detallando que el protocolo incluye llamar al 911, alertar a vecinos y aportar información. “Tenemos que reconocer que cada vez que los llamamos acuden lo más rápido que pueden”, valoró.
Sin embargo, remarcó problemas estructurales que favorecen el delito, como la falta de iluminación, la necesidad de poda y la presencia de terrenos baldíos. “Es un escondite perfecto para cuando los ladrones acechan”, advirtió. También insistió en la necesidad de más tecnología: “Lo que hemos pedido es poner cámaras dentro del barrio”.
En cuanto a los recursos en San Rafael, Bermúdez sostuvo que “la zona sur ha tenido asignación de recurso humano y logístico”, con incorporación de móviles y tecnología como vehículos aéreos no tripulados, aunque reconoció que “si pudiese tener más gente sería mejor”.
El panorama que surge es el de una problemática multifactorial, donde la seguridad no depende únicamente de la acción policial, sino también de factores sociales, económicos y urbanos. En ese contexto, el propio Bermúdez dejó una definición que sintetiza el momento: “Desde mi parte también, abierto a la sociedad, abierto a los reclamos”.
