El diputado provincial Gustavo Cairo (LLA) impulsa una reforma clave en la Ley 6722, que regula el accionar de la Policía de Mendoza. La iniciativa busca establecer un nuevo protocolo de uso de armas de fuego, inspirado en normativas nacionales e internacionales, para terminar con la «incertidumbre jurídica» que hoy afecta a los efectivos. Según el legislador, las reglas actuales terminan castigando al agente que actúa frente al delito, generando un vacío de protección que favorece la impunidad.
Respaldo jurídico: devolver la autoridad a la calle sin zonas grises
La propuesta de Cairo surge como respuesta a casos donde el cumplimiento del deber terminó en condenas judiciales o sanciones administrativas. En ese sentido, el diputado sostuvo que la falta de claridad en los protocolos actuales paraliza a la fuerza de seguridad. «Si le das un arma a un policía y está ante un delincuente peligroso que ha intentado matar a un tercero, ¿qué hace en ese momento? Hoy existe una gran incertidumbre. Lo que planteamos es un protocolo que dé claridad, en consonancia con lo que ya se aplica a nivel nacional para las Fuerzas Federales», dijo en diálogo con FM Vos 94.5.
«No podemos permitir que la policía llegue tarde o dude ante un enfrentamiento porque sabe que, con las reglas actuales, tiene todas las de perder», añadió al respecto.
Las aristas más importantes del nuevo protocolo
La reforma introduce cambios específicos en la Ley 6722 para definir cuándo el uso del arma reglamentaria es legítimo, basándose en parámetros de la ONU. «Primero, dejamos claro que, ante un delincuente peligroso que ha atentado contra la vida de alguien, el policía puede usar el arma si la persona se resiste a ser detenida o emprende la fuga. No hablamos del que se robó un estéreo, sino de alguien que ya demostró ser una amenaza letal», explicó Cairo.
«Segundo, especificamos el ‘peligro inminente’: el agente puede accionar si el atacante tiene un arma blanca y se niega a deponer su actitud amenazante, o si porta una pistola, aunque después resulte ser de juguete o esté descargada. El policía no puede esperar a que le disparen para saber si el arma es real», consideró.
Protección de la carrera policial
Uno de los puntos más innovadores del proyecto tiene que ver con la situación administrativa del agente luego de un enfrentamiento armado. Bajo la normativa actual, el uso del arma suele activar un mecanismo que el legislador califica como un «castigo preventivo» encubierto.
La iniciativa busca poner fin al «congelamiento» que sufren los efectivos involucrados en hechos de servicio. «Hoy, ante un uso del arma con consecuencias fatales, al policía se le quita el arma reglamentaria, se le baja el sueldo y queda fuera de cualquier posibilidad de ascenso mientras dure el proceso administrativo. Básicamente, se lo pone en el ‘freezer’ por las dudas, sin que exista aún una condena», denunció Cairo.
Frente a esto, el nuevo protocolo propone la presunción de cumplimiento. «Planteamos que, mientras prima facie haya actuado conforme al protocolo, el agente no sea sancionado ni vea afectada su carrera. Solo si un juez determina que actuó fuera de la norma habrá consecuencias, pero no al revés. Este cambio de paradigma busca que el sumario administrativo no sea una condena anticipada», explicó el legislador.
Finalmente, Cairo vinculó esta seguridad jurídica con la efectividad en el patrullaje: «Buscamos que el agente no dude, que llegue a tiempo y sepa que, si actúa para proteger a la sociedad siguiendo las reglas, el Estado no le soltará la mano».
Estado legislativo y recepción política
El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y se encuentra bajo análisis en el Senado provincial. «La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en Diputados. Hace pocos días la explicamos en la Comisión de Legislación del Senado y tuvo muy buena recepción. Creemos que en un par de semanas podrá ponerse en tratamiento para obtener la sanción definitiva», concluyó.
