El robo de ganado y la faena clandestina han dejado de ser abordados únicamente como delitos aislados para convertirse en el foco de un plan integral que une a la Policía Rural, la Dirección de Ganadería y la Justicia. Adrián Ríos, jefe de la Policía Rural de la provincia, detalló los resultados de una gestión que en 2025 superó las 15 toneladas de carne secuestrada y logró poner a disposición de la Justicia a más de 130 personas.
El cambio de paradigma en la seguridad rural mendocina se asienta en una estrategia que no solo previene el robo en el campo, sino que ataca el destino final del producto: la comercialización ilegal. «Trabajar todos en conjunto —municipios, bromatología y Ganadería— fue lo que generó el éxito de este modelo. El año pasado cerramos con más de 15 toneladas de carne secuestrada y cerca de 7.000 animales recuperados. En el sur, por ser zona ganadera, la perspectiva del abigeato es distinta; tenemos desde el ‘robo hormiga’ hasta sustracciones abultadas en campos abiertos», comentó Ríos al inicio de la nota en FM Vos 94.5.
«El número de animales recuperados incluye también aquellos secuestrados por falta de documentación respaldatoria, una conducta que, afortunadamente, se corrigió en un porcentaje altísimo durante 2025», agregó.
Marca y señal: el avance en la identificación que protege al productor y ordena el campo
Uno de los grandes avances en materia de seguridad rural ha sido la regularización de las marcas y señales en el ganado, un factor que históricamente generaba conflictos legales y graves riesgos en las rutas mendocinas. Para la Policía Rural, la regularización de las marcas ha sido un paso fundamental para proteger tanto a los productores como a la comunidad.
«Muchos productores tenían su crianza sin señalar o marcar. Por el solo hecho de estar ‘orejano’, como se dice en el campo al animal sin marca, correspondía el secuestro inmediato. Hoy, la gran mayoría de las tropas están debidamente identificadas, lo que permite que, si un animal sale a la ruta y causa un incidente, sepamos fehacientemente a quién pertenece y se lo podamos devolver al dueño tras la infracción, evitando que pierda su capital», explicó Adrián Ríos.
Este proceso también ha tenido un impacto positivo en la prevención de accidentes. A través de un relevamiento de campos linderos a las rutas más transitadas, se logró revertir una práctica peligrosa: antes, muchos propietarios evitaban marcar a sus animales para no tener que responder legalmente ante un posible siniestro vial. «Hoy esa cultura ha cambiado; el productor entiende que el beneficio es mutuo porque, al estar identificado, el animal no se pierde», señaló el comisario. Además, el protocolo establece con claridad el destino de lo secuestrado para garantizar la transparencia. «Todo animal retirado de la vía pública o secuestrado por irregularidades termina en los corrales de la Dirección Provincial de Ganadería, el único lugar habilitado para asegurar su cuidado y sanidad. Si en un plazo de 10 días no se registra un reclamo o no se justifica la propiedad, la Dirección queda legalmente facultada para realizar un remate público, supervisado por escribano, donde los animales regresan a la órbita privada a través del mejor postor», señaló el jefe de la fuerza rural.
El golpe al mercado clandestino y los casos de abigeato
La presión policial ha forzado a los delincuentes a buscar nuevos horizontes, exponiéndolos a mayores riesgos y detenciones en rutas principales. «El año pasado tuvimos 33 personas detenidas e imputadas específicamente por abigeato. Un caso resonante fue en San Carlos, donde detuvimos una camioneta con casi mil kilos de carne de faena clandestina proveniente del sur. Eran personas conocidas en el ambiente de San Rafael que, al ver que se les achicó el mercado local por los controles, tuvieron que arriesgarse a viajar, quedando detenidos en la Ruta 40», recordó Ríos. «Logramos probar 5 casos de abigeato completo en el sur y pusimos a disposición de la Justicia a 137 personas en 2025», añadió en ese mismo tramo de la charla.
Consumo personal frente a comercio ilegal: el criterio policial
La Policía Rural establece una distinción fundamental entre la práctica cultural del campo y el riesgo sanitario que implica la comercialización de carne sin los controles correspondientes. En zonas con una fuerte identidad rural como el sur mendocino, la fuerza aplica el sentido común frente a tradiciones de antaño.
Respecto al «chivito» del puesto, el comisario Adrián Ríos aclaró que se actúa con criterio. «Si una persona compra un animal para consumo personal en un puesto, tratamos de corroborar la transacción con el productor. Aunque administrativamente sea una situación irregular, si el producto no lleva un destino comercial, no se secuestra la carne. Entendemos perfectamente la idiosincrasia del productor de campo», afirmó.
Para formalizar estas prácticas, existe la guía de faena, una herramienta administrativa de la Dirección Provincial de Ganadería. «Los productores tienen la posibilidad de faenar para consumo propio legalmente, de acuerdo con la cantidad de cabezas que producen. Están habilitados para consumir esa carne; lo que está estrictamente prohibido es su comercialización fuera de los canales autorizados», aclaró el entrevistado. Desde este enfoque, la prioridad de los controles radica en mitigar el riesgo sanitario que representa el mercado negro. «La gran diferencia está en el mercado clandestino. Cuando alguien compra en un comercio, confía en que el producto tuvo supervisión; si es faena ilegal, el riesgo para la salud es enorme. Nos ha pasado de encontrar personas con 20 chivos en un auto; eso ya no es consumo personal, es comercio ilegal, y en esos casos no hay concesiones posibles», advirtió el jefe de la Policía Rural de Mendoza.
El escenario actual: cifras y datos
Según Ríos, la operatividad no ha mermado en el inicio del nuevo ciclo, manteniendo la vigilancia sobre el mercado negro. «En lo que va de este año ya llevamos 35 personas puestas a disposición de la Justicia. La clave es romper el mercado negro. Muchas veces se nos dificulta probar el abigeato porque descartan el cuero o la cabeza, que es donde está la marca», admitió. «Sin embargo, al intervenir en el transporte y la comercialización, logramos desarticular la cadena económica del delito. El productor ahora se siente más respaldado porque sabe que el animal marcado vuelve a su corral», declaró hacia el cierre de la comunicación.
