La situación de los establecimientos carcelarios de la provincia y la eficacia de las medidas de control interno volvieron a instalarse en el centro del debate institucional. En el marco de una agenda de auditorías territoriales, la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura provincial se trasladó al departamento de San Rafael para llevar a cabo una exhaustiva inspección en las dependencias penitenciarias locales y sostener reuniones de trabajo con concejales y autoridades del sector. En diálogo con FM Vos (94.5), el diputado provincial Germán Gómez (PJ), presidente de la bicameral, detalló las conclusiones del relevamiento, analizó el grave impacto de la superpoblación penal en el establecimiento de la avenida Mitre y La Pampa, alertó sobre la incautación masiva de miles de teléfonos celulares en las cárceles mendocinas y expuso los condicionamientos técnicos y sociales que frenan la construcción de un nuevo centro de detención en el sur provincial.
Auditoría institucional en San Rafael e incautación récord de telefonía celular
Al principio del reportaje, el legislador explicó que la visita efectuada por los senadores y diputados que integran el órgano bicameral responde a la función permanente de auditar los organismos e instituciones vinculados de forma directa con la seguridad pública. «Como comisión permanente e integral formada por diputados y senadores, vamos auditando de forma continua las instituciones asociadas a la seguridad pública de todos los mendocinos. En esta oportunidad nos trasladamos a San Rafael, en lo que constituye la primera de una serie de visitas que forman parte de la agenda provincial», comentó.
«Recorrimos el establecimiento carcelario situado en El Cerrito, verificamos la situación en la que se encuentran los detenidos, la calidad de la alimentación que reciben, los horarios de visitas, la organización interna y la situación procesal de la gran mayoría de los internos», detalló.
«Mantuvimos una charla muy intensa con el Director General del Sistema Penitenciario, el señor Orellana, abordando el uso indebido de teléfonos celulares y los problemas de aplicabilidad que tienen algunos inhibidores de señal. Es una pelea constante; solo en el último año sanitario se secuestraron 16.000 teléfonos celulares en la totalidad de los establecimientos penitenciarios de la provincia», señaló.
«Aunque las inspecciones al personal y a los visitantes son exhaustivas, frente al control igual se logra ingresar tecnología. Es imprescindible una mayor inversión tecnológica, como los escáneres de mayor precisión que se van a instalar este año. En los casos donde existió falla o connivencia humana, se tomaron medidas drásticas, se aplicaron sumarios efectivos y hubo personal que fue exonerado y excluido de la función penitenciaria», resaltó.
Dificultades técnicas en la inhibición de señales y el dilema de la infraestructura urbana
Respecto de la implementación de tecnología de bloqueo electromagnético para anular las comunicaciones no autorizadas desde las celdas, Gómez detalló que el proceso tropieza con severos obstáculos operativos vinculados a la localización geográfica de las cárceles. «La inversión en inhibidores de señal viene realizándose y está en camino, pero en algunos establecimientos esa tecnología presenta serias dificultades de aplicabilidad. En cárceles como Boulogne Sur Mer u otros penales urbanos, los inhibidores generan consecuencias que complican su uso», afirmó.
«Debido a la ubicación geográfica y a la proximidad con zonas pobladas o asentamientos cercanos a los penales, la señal de los inhibidores alcanza a los vecinos, generando una serie de conflictos en las comunicaciones de la zona. De todas formas, se continúa aplicando la tecnología a la par que se intensifican las requisas e inspecciones de verificación interna», amplió.
Crisis por hacinamiento edilicio y la inviabilidad de las alternativas para un nuevo penal
En el tramo final del análisis, el representante de la Bicameral abordó el deterioro estructural que presenta el edificio penitenciario ubicado en la intersección de las avenidas Mitre y La Pampa. Gómez alertó que el inmueble se encuentra al límite de su capacidad y padece una marcada superpoblación. Asimismo, al evaluar las alternativas para la construcción de una nueva penitenciaría regional, el diputado repasó las complejidades logísticas que hicieron descartar proyectos previos. «El tema de una nueva cárcel es imperioso. Hay que comprender que un establecimiento penitenciario funciona como una miniciudad: requiere agua, luz, plantas de tratamiento, conexión a la red y accesos acordes. Son un cúmulo de requisitos indispensables que deben garantizarse antes de iniciar cualquier obra», subrayó.
«El proyecto que en su momento se pensó para la zona de Colonia Elena no solo enfrentaba reclamos sociales, sino que no reunía los requisitos técnicos mínimos. Salvo que se realizara una inversión astronómica, llevar adelante la construcción en ese predio era inviable», opinó.
«Si bien existen observaciones y reclamos por parte de los vecinos respecto a la propuesta de instalar un establecimiento para 200 personas en El Cerrito, la realidad es que el edificio actual de Mitre y La Pampa alberga hoy a 480 detenidos. Esa cárcel ya cumplió su ciclo, está vieja, deteriorada y no cuenta con capacidad para semejante volumen de personas, por lo que resulta imperioso encontrar una solución definitiva a esta seria problemática», completó.
