El diputado provincial Gustavo Perret (PJ) ha elevado un pedido de informes al Ejecutivo para pedir explicaciones sobre el proyecto de la nueva unidad penitenciaria en Tirasso y Lassa, en El Cerrito, San Rafael. En diálogo con FM Vos 94.5, el legislador sanrafaelino explicó que el gobierno de Mendoza está licitando una obra de gran envergadura sin haber presentado planos, sin factibilidad de servicios y, fundamentalmente, omitiendo la audiencia pública que exige la propia normativa provincial. Mientras tanto, los vecinos denuncian olores nauseabundos por el colapso de las cloacas y una inseguridad creciente que condiciona su vida cotidiana en esa zona.
Licitación de la nueva cárcel
Según explicó Perret se han saltado pasos legales que son obligatorios para cualquier ciudadano y, con más razón, para el Estado. «El gobierno provincial hizo hace unos años la Ley 8051, que prevé procedimientos específicos para construir establecimientos como una cárcel. Se requiere una audiencia pública, la presentación de planos en la Municipalidad y la obtención de factibilidades de agua, gas, cloacas y transporte. Esa carpeta directamente no existe; no la han presentado», aseguró ante nuestro medio de comunicación.
«Es preocupante que no cumplan la ley que ellos mismos hicieron. Sin la habilitación municipal, han lanzado una licitación que ya está en sus pasos finales», añadió.
Decisiones a 240 kilómetros
Uno de los puntos que más enfatizó el legislador es el desconocimiento de la realidad territorial de San Rafael. «El problema real es que se toman decisiones a 240 kilómetros de distancia sin saber lo que piensan los vecinos. Sentados en un escritorio dicen: ‘hagamos la cárcel ahí’, ignorando que alrededor hay barrios y desarrollos inmobiliarios. Hay un avasallamiento hacia los sanrafaelinos», expresó.
«En 1998, el exintendente Vicente Emilio Russo donó una finca de 50 hectáreas en Colonia Helena, lejos del casco urbano, específicamente para una colonia penal. ¿Por qué no desarrollan la cárcel de forma íntegra allá? Podrían sacar las cárceles del radio céntrico y hacer algo completo», declaró.
Colapso ambiental y sanitario
El reclamo de los vecinos se fundamenta en una infraestructura de servicios que se encuentra al límite de su capacidad. Según advirtió el legislador, la unidad que funciona actualmente en El Cerrito ya sufre las consecuencias de la superpoblación. «La actual unidad ya está colapsada. Como la penitenciaría de la calle Mitre no da más, han empezado a llevar a la Granja Penal mucha más gente de la que soportaba, y eso la transformó de hecho en una unidad penitenciaria para la que no estaba preparada», explicó Perret.
«Los lechos percoladores y los servicios de cloacas están agotados y sobresaturados. Esto provoca olores nauseabundos permanentes en la zona, algo que los vecinos denuncian como habitual. Si hoy el sistema no funciona bien porque está sobreexigido, es alarmante imaginar el impacto sanitario si le agregan 300 personas más sin las obras de base necesarias», expuso el diputado.
Asimismo, el entrevistado puso el foco en el incumplimiento de las normativas de preservación del entorno. Remarcó que no se han cumplido ni presentado las declaraciones de impacto ambiental necesarias para un proyecto de esta envergadura. «Esta omisión técnica no solo es una falta administrativa, sino que pone en riesgo real el equilibrio ambiental de la zona y la salud de los habitantes de los barrios linderos, quienes ven cómo el desarrollo inmobiliario y la vida cotidiana del distrito quedan supeditados a una obra que carece de las garantías mínimas de sustentabilidad», planteó.
El drama de la inseguridad cotidiana
«Los vecinos viven una inseguridad permanente. Un señor que trabaja en Neuquén contaba que tiene que hablar por teléfono con su hija antes de las siete de la mañana, mientras ella camina a tomar el colectivo, porque teme por su vida. Hay comerciantes que comentan ciertos hechos de inseguridad con los familiares que van a visitar a los reclusos», contó.
Un conflicto que puede escalar a la Justicia
Gustavo Perret advirtió que, si la Provincia persiste en avanzar sin la documentación legal correspondiente, el conflicto escalará a los tribunales. «Se ha hecho una intimación para que presenten los papeles. Si insisten en continuar la obra sin habilitación, se harán las denuncias penales correspondientes por el incumplimiento de una orden de la administración pública. Si no se realiza la audiencia pública y los vecinos no están de acuerdo, el municipio no va a otorgar la factibilidad. Esto conlleva pasos legales inmediatos: el cese de la obra y, si no se cumple, las denuncias penales por incumplimiento de una orden pública», lanzó de forma categórica al cierre del reportaje.
