Este último martes, el Senado de la provincia de Mendoza aprobó la derogación de la Ley 9133. La iniciativa busca corregir las deficiencias que presentaba la normativa.
En un principio, la intención de la ley era proteger a los pequeños productores mediante la obligación de registro, asegurando que se establecieran precios y plazos de pago antes de la entrega de la producción. Sin embargo, en la práctica, los resultados no fueron los esperados, especialmente en el sector vitivinícola.
Un ejemplo claro en la vitivinicultura es que los acuerdos definitivos no pueden cerrarse antes de contar con una aproximación certera sobre los quintales de uva y variedades disponibles. Esta información solo se obtiene una vez que la uva ha sido cosechada y pesada en el establecimiento elaborador. Además, los precios relativos por variedad y zona se clarifican al finalizar la cosecha, cuando ya se conoce el stock resultante y las condiciones del mercado, lo que ha generado un desfase entre los precios acordados y los reales al momento de la entrega.
El senador Walther Marcolini (UCR), autor de la iniciativa, aseguró que, desde el punto de vista contractual, la ley imponía una obligación que afectaba la libertad de los productores para negociar de manera justa.
«La Ley 9133 no dio la respuesta en relación al objetivo que se había planteado. La derogación de la misma atiende al fuerte reclamo tanto del sector productivo como industrial. Con la aplicación de la misma, se fue generado una serie de burocracia con costos adicionales y multas ante el incumplimiento del registro de contratos en fechas. La norma no funcionó. De hecho, la mayoría de las asociaciones se mostraron a favor de la derogación o modificación», aseguró a FM Vos 94.5 Walther Marcolini.
«Dentro de este marco, el Ejecutivo envió un proyecto a la Legislatura para avanzar sobre su derogación, al cual se anexó uno de mi autoría. En ese sentido, es que el martes se derogó la normativa y se creó una ley, la cual obtuvo media sanción, y establece que los establecimientos que reciban materias primas para su industrialización, acopio o transporte deberán entregar un recibo al productor, detallando la cantidad, calidad, precio pactado y la forma de pago», destacó.
En ese mismo sentido, explicó a qué se apunta con la implementación de la nueva iniciativa. «Lo que se busca es implementar un mecanismo de desregulación, pero que mantenga algún criterio de preservación y seguridad entre las partes. Lo que plantea la nueva ley en su artículo número 2 es que el Estado provincial tiene la obligatoriedad de brindar información de calidad y actualizada a todos los sectores intervinientes, desde el sector primario hasta la cadena de industrialización. Se van a establecer precios de referencia y hasta se va a brindar información en lo que refiere al pronóstico de cosecha», aseguró el senador provincial.
«Es muy difícil poder establecer de antemano un precio cuando puede surgir una contingencia climática y el productor se queda sin cosecha, o cuando varía el nivel de producción y calidad. Se debe trabajar en la integración de los diferentes eslabones de la cadena productiva, fundamentalmente entre el sector primario y el industrial», aportó.
Al cierre de la comunicación, el entrevistado comentó las condiciones de votación que se dio en la Cámara de Senadores. «Luego de escuchar las posturas de los legisladores de las diferentes bancadas, el proyecto se sometió a votación. De esta manera, la iniciativa fue aprobada por 28 votos afirmativos y 10 abstenciones, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados en revisión. La nueva normativa entrará en vigencia tras su publicación oficial», cerró.
