El Hospital, que tiene como prioridad atender a personas sin cobertura social, se encuentra en el contexto de la pandemia con una demanda creciente de afiliados de PAMI que no reciben la adecuada atención en los efectores dispuestos para tal fin, haciéndose casi imposible conseguir turnos en los prestadores de la misma.
Uno de los sectores de la sociedad que más expuesto se ha visto durante esta pandemia han sido los adultos mayores, atento a ser el principal grupo de riesgo y donde principales cuidados de salud se debían afianzar. Nuestros adultos mayores conforman uno de los sectores más vulnerables y perjudicados por este flagelo denominado “Covid-19
Hace unas semanas trascendió a través de las redes sociales la situación de un adulto mayor sanrafaelino, con diagnóstico positivo de COVID, que tuvo que esperar sentado largas horas en una reposera ubicada a la intemperie en la vereda que lo recibiesen en la clínica responsable de dar atención a los afiliados de la obra social de jubilados y pensionados (PAMI).
Situaciones como esta se repiten regularmente y afectan con crudeza al sistema público de salud. El Hospital Teodoro J. Schestakow, que tiene como prioridad atender a personas sin cobertura social, se encuentra en el contexto de la pandemia con una demanda creciente de afiliados de PAMI que no reciben la adecuada atención en los efectores dispuestos para tal fin, haciéndose casi imposible conseguir turnos en los prestadores de la misma.
Adicionalmente PAMI, de gestión íntegramente estatal y centralizada en el Gobierno Nacional, adeuda al Hospital Schestakow la impresionante cifra de 75 millones de pesos, en concepto de prestaciones a sus afiliados en sus instalaciones.
La situación es preocupante. No solo la obra social que debe proteger la salud de los adultos mayores expresa deficiencias evidentes en la atención de sus afiliados sanrafaelinos, sino que además mantiene una deuda millonaria con el Hospital Público en tiempos donde los recursos para salud son de trascendental importancia.
“El mal funcionamiento de la entidad disminuye la calidad de vida y salud de las personas afiliadas a la misma. Ante la situación de vulnerabilidad a la que están expuestos la mayoría de los beneficiarios de PAMI, sumado a la escalada inflacionaria y a la pandemia, es que solicitamos a la máxima autoridad de PAMI la rápida intervención a fin de subsanar los derechos lesionados y terminar con dicha situación que no es más que una verdadera injusticia social”, destaca el planteo realizado a través de la Cámara de Diputados.
Ante esto se elevó un pedido para que “el Poder Ejecutivo Nacional adopte las medidas para reforzar y garantizar las adecuadas prestaciones médicas a los afiliados de PAMI del Sur de la provincia de Mendoza”.
