Este lunes la Fiscalía de Estado le dio el visto bueno al Gobierno para que avance con la licitación para la contratación del servicio médico de emergencias por cuatro temporadas en el Parque Provincial Aconcagua, pero con algunas observaciones y recomendaciones.
En este caso se esperaba que la adjudicación estuviera lista el pasado 21 de diciembre, sin embargo, los plazos se retrasaron y en el medio surgieron denuncias por presuntas irregularidades.
También la Fiscalía de Estado tenía que expedirse por una denuncia que realizó una de las competidoras respecto de una contratación de emergencia que culminó el pasado 20 de diciembre. Sobre eso, en los próximos días, el organismo enviaría la información al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Ética Pública, ya que se trata de un periodo de que ya finalizó. En ese caso, serán esos dos organismos los que llevarán adelante la investigación.
La denuncia
El organismo de control dictaminó sobre el procedimiento para las temporadas 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026. En concreto, este proceso licitatorio es para contratar las necesidades de atención de urgencia, emergencia y control clínico a toda persona durante su permanencia dentro del área protegida. Esto abarcará desde el inicio de la temporada estival o desde la fecha de adjudicación hasta la fecha de finalización de las tareas.
La denuncia por irregularidades llegó de parte de la firma Medicina de Altura, ex adjudicataria de los servicios médicos, que consideró que tanto la contratación de emergencia anterior, como la actual, estuvieron “direccionadas” para favorecer a X-Medicina.
Según el dictamen, hubo dos ofertas de las firmas mencionadas anteriormente. La Comisión concluyó preadjudicar a X-Medicina, que ofreció un precio de guardia de $129 mil. La decisión se tomó por “ser la oferta más conveniente desde lo económico dentro de las ofertas que se ajustan a los pliegos”.
El monto de total es de $265.740.000 y el presupuestado era de $206.000.000 para las cuatro temporadas.
Análisis del procedimiento
Para la Fiscalía de Estado, el procedimiento “se ha desarrollado conforme las previsiones normativas generales vigentes y aplicables al caso”. De este modo, Simón concluyó que se han cumplimentado los pasos esenciales que se establecen para los procedimientos licitatorios previstos en la Ley 8.706.
Uno de los puntos que había generado controversia era en torno al cobro de las prestaciones a los particulares cuando no se trata de emergencias. A diferencia de otros años, esta vez se autorizó al adjudicatario a cobrar las prácticas médicas por fuera de las necesidades de atención de urgencia.
Actualmente, se hacen unas 2.500 consultas por temporada por fuera de las urgencias, razón por la cual el denunciante sospecha de un “negociado” detrás de esa adjudicación.
Es por eso que en este aspecto se dictaminó que la firma deberá presentar ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) la propuesta de las prácticas para llevar a cabo y deberá registrarse como prestador de servicios bajo las condiciones que establezca la normativa vigente.
Además, se solicitó que previo al acto de adjudicación deberán incorporarse los justificativos pertinentes en los considerandos de la norma sobre la diferencia de presupuesto con el oficial. También se sugirió incluir, dentro de la parte resolutiva de la norma, el procedimiento de impugnación.
“Se remarca la necesidad imperiosa de ajustar los cálculos iniciales del presupuesto oficial (con un mínimo margen de diferencia razonable) al monto por el cual efectivamente se va a adjudicar para evitar casos en los que se produce la adjudicación por un monto sensiblemente superior, lo cual podría atentar contra el principio de concurrencia”, aclara el dictamen.
Asimismo, se recomendó prestar atención a lo que dispone la Ley 27.159, que regula el sistema de prevención integral de muerte súbita, en relación con la cantidad de desfibriladores necesaria para atender las necesidades a cubrir en el lugar de prestación de los servicios.
El fiscal de Estado dictaminó también que se agregue en el contrato de adjudicación o en la reglamentación posterior las previsiones necesarias para evitar abusos, compras innecesarias, desvío de insumos y sobreprecios, entre otros.
La contratación de emergencia
Durante el mes de diciembre estalló la polémica por una contratación directa de urgencia que se llevó adelante. La controversia se generó porque el servicio médico se adjudicó a una firma que no cumplía con los requisitos técnicos del pliego original.
Esa contratación era para cubrir las prestaciones médicas desde el 25 de noviembre hasta el 20 de diciembre.
En el informe oficial se aconsejó adjudicar a favor de esa firma un total de 86 guardias por un monto de $8.591.400. Sin embargo, se trató de una oferta alternativa que propuso un solo domo de atención para los campamentos de Confluencia, Plaza de Mulas y Argentina. Mientras que su competidor, Medicina de Altura, había cotizado $1.642.600 más, pero con tres domos para cubrir todas las zonas, como pedía el pliego original.
Fuente: El Sol
