La apertura de los concursos preventivos de Rama Caída y Turismo Total pone bajo la lupa la situación financiera de dos empresas vinculadas a la actividad económica de San Rafael. Los procesos judiciales y los registros de cheques rechazados abren interrogantes sobre el cumplimiento de sus obligaciones, las respuestas a los acreedores y el futuro de quienes trabajan en ambas compañías.
Según información obtenida por este diario, la jueza Mariela Selvaggio, a cargo del Juzgado de Procesos Concursales de la Segunda Circunscripción Judicial, dispuso el concurso preventivo de Rama Caída S.A. La magistrada también interviene en el de Turismo Total S.A., cuya apertura fue resuelta el 19 de octubre de 2026 y tramita en el expediente 48.079.
La consulta realizada este 3 de noviembre en la Central de Cheques Rechazados del Banco Central permite dimensionar parte de los compromisos comerciales de ambas sociedades.
En Rama Caída S.A., una marca histórica de la producción sidrera local y de alcance nacional, figuran 812 cheques rechazados por un total de $2.542.995.088,90. De ellos, 85 aparecen abonados, por $354.754.002,02. Por diferencia, quedan 727 sin pago registrado, por $2.188.241.086,88.
Los rechazos de la sidrera abarcan desde febrero de 2022 hasta octubre de 2026, por lo que corresponden a un acumulado de varios años. La cifra actualiza los registros difundidos anteriormente por plataformas privadas, que consignaban 803 cheques rechazados.
Para Turismo Total S.A., conformada en San Rafael y con servicios de transporte también en Malargüe y Añelo, Neuquén, el registro oficial muestra 28 cheques rechazados por $2.434.722.351,82. Solo uno figura abonado, por $88.592.918,53, mientras que los restantes 27 no registran pago y suman $2.346.129.433,29. En este caso, los rechazos se concentran entre el 16 de julio y el 9 de octubre de 2026.
En ambas compañías, los rechazos consignados corresponden a la causal “sin fondos”. Los datos reflejan el estado informado por los bancos al momento de la consulta y deben distinguirse del endeudamiento total de las empresas y del pasivo que sea reconocido en los respectivos concursos.
El concurso preventivo es una instancia judicial orientada a alcanzar un acuerdo con los acreedores y no implica, por sí mismo, la quiebra o el cierre de una empresa. Sin embargo, su apertura coloca en primer plano la capacidad de cada firma para reorganizar sus obligaciones y sostener su funcionamiento.
En ese escenario, la continuidad laboral adquiere especial relevancia. Detrás de la actividad de ambas compañías están los ingresos de sus trabajadores y las economías de las familias que dependen de ellos. Las alternativas que se planteen durante los procesos y las decisiones de sus administraciones serán centrales para el futuro de esas fuentes de trabajo.
A esa dimensión se suma la situación de proveedores y otros acreedores, para quienes los incumplimientos pueden repercutir sobre sus propios compromisos. Por eso, el alcance de estos casos excede a las empresas concursadas y se proyecta sobre otros actores de la economía local.
Ambos procesos se desarrollan en un escenario de dificultades para distintos sectores empresarios. Según el INDEC, la producción industrial manufacturera cayó 3,2% interanual en agosto y acumuló una disminución del 2,7% en los primeros ocho meses de 2026. No obstante, ese contexto general no explica por sí solo la situación particular de cada compañía.
La evolución del endeudamiento, las decisiones de administración y las propuestas para afrontar las obligaciones serán elementos centrales para evaluar ambos casos. Las dificultades de la economía constituyen un marco de referencia, pero no sustituyen el análisis de la gestión de cada empresa ni las respuestas que esperan sus acreedores.
Para San Rafael, la atención está puesta en cómo avanzarán los concursos, qué posibilidades de cobro tendrán quienes mantienen acreencias y de qué manera las compañías prevén sostener su actividad y sus puestos de trabajo.
