Sierra Pintada: el imperativo ético de la remediación

La cuestión del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada ha vuelto a instalarse en el centro del debate público regional, reactivando las alarmas de una comunidad que, con sobrada memoria histórica, se resiste a aceptar la lógica de los hechos consumados en materia de seguridad ambiental. La reciente y contundente advertencia formulada a FM Vos y Diario Dan Rafael por el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente y premio Nobel alternativo, Raúl Montenegro, respecto de la inviabilidad absoluta de reactivar el yacimiento de uranio sin concluir de manera efectiva la remediación de sus pasivos ambientales, no constituye una postura obstruccionista; representa un principio de estricta racionalidad científica y de legítima defensa del territorio.

El planteo de Montenegro desnuda una realidad que las urgencias macroeconómicas del oficialismo nacional y provincial pretenden soslayar con llamativa liviandad. El especialista no descartó la posibilidad de contaminación del arroyo El Tigre, por lo que cualquier especulación o borrador gubernamental que plantee la reapertura del complejo o la reanudación de la explotación minera en las actuales condiciones resulta, llanamente, una irresponsabilidad institucional intolerable.

Coincidimos plenamente con la premisa de que no es jurídicamente viable, pero fundamentalmente no es moralmente admisible, concebir una reactivación de Sierra Pintada mientras no se haya saneado de forma definitiva el pasivo ambiental acumulado durante décadas de desidia operativa. Pretender encubrir el inicio de nuevas actividades extractivas bajo el ropaje de un supuesto plan de remediación en etapas es una trampa metodológica que el sur mendocino ya conoce. La remediación no puede ser la promesa accesoria de un nuevo negocio minero; debe ser la condición previa, obligatoria y excluyente de cualquier discusión futura sobre el destino de ese suelo.

Para San Rafael y las comunidades productivas aguas abajo, la preservación de las cuencas hídricas no es una abstracción de laboratorio ni una bandera ideológica; es la base misma de nuestra subsistencia económica y sanitaria. El oasis sur de Mendoza no puede transformarse en la zona de sacrificio de una tecnocracia centralizada que observa las variables ambientales como meras trabas burocráticas para el ingreso de divisas. La dirigencia política local, los organismos de control y la sociedad civil deben abroquelarse detrás de las advertencias científicas expuestas por Montenegro: la salud de nuestra población y la pureza de nuestros recursos hídricos no son negociables bajo el altar de ninguna urgencia de caja.