Sierra Pintada: el dilema de un gigante dormido frente a la memoria de un pueblo
La reciente reactivación del debate sobre la extracción de uranio en Mendoza vuelve a colocar a San Rafael en el epicentro de una discusión que excede lo económico para adentrarse en el terreno del cuidado ambiental y la soberanía territorial. El yacimiento de Sierra Pintada, inactivo desde mediados de la década del 90, no es solo una reserva mineral estratégica para la Comisión Nacional de Energía Atómica; es, fundamentalmente, un enorme signo de interrogación en la conciencia de una comunidad que ha hecho de la defensa del agua su principal bandera de identidad.
Históricamente, la discusión en San Rafael ha estado marcada por una profunda desconfianza hacia los organismos de control y las promesas de «minería sustentable». Durante años, el reclamo social no solo se centró en la negativa a la explotación, sino en la exigencia prioritaria de la remediación de los pasivos ambientales. Las miles de toneladas de colas de uranio y residuos sólidos que aún permanecen en el predio de Cuadro Benegas son el testimonio mudo de una época donde la producción se priorizó sobre el cuidado del entorno, dejando un legado de incertidumbre que ninguna gestión ha logrado disipar por completo.
La actual coyuntura, impulsada por un gobierno nacional que promueve el extractivismo sin cortapisas y una gestión provincial en consonancia, intenta presentar la reapertura de Sierra Pintada como una «oportunidad» de inversión y empleo. Sin embargo, para San Rafael, la ecuación no es tan simple. La proximidad del yacimiento con la cuenca del río Diamante plantea un riesgo que el sector agrícola y turístico no está -o eso creemos- dispuesto a asumir.
Cualquier intento de avanzar sobre Sierra Pintada o sobre el yacimiento Huemul en Malargüe —que operó hasta mediados de los 70— debería respetar la célebre licencia social, aunque los últimos meses han demostrado que ella no siempre es obligatoria para los gobernantes de este tiempo cuando impulsan estos proyectos. La remediación de los pasivos existentes debe ser el paso previo y obligatorio a cualquier otra discusión; pretender reactivar la mina sin haber saneado la deuda ambiental del pasado es una ofensa a la inteligencia de los sanrafaelinos.
El desarrollo de San Rafael debe ser pensado desde la sostenibilidad y el respeto por su vocación productiva histórica. La energía nuclear puede ser parte de la matriz nacional, pero no a costa de convertir a nuestro departamento en una zona de sacrificio. La discusión por Sierra Pintada requiere de una transparencia que hasta ahora ha brillado por su ausencia y de un respeto irrestricto por la licencia social, ese activo invisible pero determinante que los pueblos ejercen cuando sienten que su futuro está en juego.