La eventual reactivación de la explotación de uranio en Sierra Pintada ha generado una fuerte preocupación entre los ambientalistas y la comunidad sanrafaelina. Según trascendió, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) espera firmar acuerdos con empresas mineras antes de que finalice el 2026 para reactivar la minería de uranio en el país. Otro objetivo es sentar las bases para volver a enriquecer uranio, según lo manifestado días atrás por el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, en un mensaje institucional por el Día Nacional de la Energía Atómica. “Conocemos bastante bien en dónde hay uranio. Hay varios proyectos, uno podría ser la reactivación de Sierra Pintada, otro empezar con la factibilidad de Cerro Solo”, planteó el funcionario.
Raúl Montenegro Karlic, biólogo y activista ambiental que reside en Córdoba, distinguido en 2004 con un premio Nobel Alternativo, advirtió y fue tajante que, a pesar de los anuncios del gobierno nacional sobre un plan nuclear, la situación legal y ambiental en San Rafael es clara: no hay posibilidad alguna de inicio de actividades sin que esté completada la remediación de los pasivos ambientales.
El complejo minero fabril Sierra Pintada está ubicado en el distrito Cuadro Benegas, a 38 km al oeste de la ciudad de San Rafael y a 240 km al sur de la ciudad de Mendoza. Funcionó durante 20 años, entre 1975 y 1995. Se cerró completamente en 1997.
En una entrevista que brindó a FM Vos 94.5, Montenegro explicó que el presidente Javier Milei anunció en diciembre un plan nuclear que evalúa la reactivación de trabajos en Sierra Pintada y la puesta en marcha de nuevos yacimientos como Cerro Solo en la Patagonia. Sin embargo, el activista marcó una diferencia muy clara: Sierra Pintada, una mina inactiva con reservas comprobadas, arrastra un largo historial de problemas de funcionamiento. “Allí no solo quedaron las colas de mineral y restos de operaciones mineras, sino también tambores con residuos radiactivos de baja actividad provenientes de otras instalaciones. Quedaron todos los restos de las operaciones mineras mientras estuvo activa. La situación jurídica en Sierra Pintada es clara, hasta que no haya una remediación total no se puede plantear nada, ni mucho menos su reactivación”, expresó enérgico Montenegro Karlic al principio del reportaje.
La lucha de la multisectorial del sur de San Rafael ha sido clave para que la justicia federal haya dictaminado que la remediación es una condición ineludible para cualquier avance. En ese sentido, Montenegro recordó que el Arroyo del Tigre, uno de los afluentes del sistema en San Rafael, ya presentaba valores de uranio muy altos o sumamente excesivos debido a la contaminación pasada. “La actual medida judicial impide cualquier tipo de producción de uranio hasta que se remedien los pasivos ambientales, incluyendo los tambores trasladados de forma irregular en el pasado y los residuos propios de la actividad minera. Una cosa es la intención que pueda llegar a tener el presidente de la Nación de reactivar la minería de uranio y otra distinta es la medida judicial vigente”, apuntó.
El complejo desafío de la remediación y el historial negativo en Sierra Pintada
Más allá de la remediación, Montenegro señaló que cualquier reinicio de actividad minera requeriría un nuevo estudio de impacto ambiental y una nueva audiencia pública, ya que los estudios previos fueron muy criticados y sirvieron de base para la decisión judicial de detener las operaciones. El científico detalló que la remediación de una mina de uranio no se limita al uranio en sí, sino que debe abordarse toda la serie del uranio, que incluye 14 materiales radiactivos, como el radio 226 y el radón 222, un gas radiactivo. “Esto, sumado al pésimo récord de funcionamiento que ha tenido Sierra Pintada, similar a la mina de uranio de Los Gigantes en Córdoba (también a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y finalmente cerrada), nos lleva a considerar que lo más lógico para San Rafael y para la propia mina de uranio es que directamente permanezca cerrada en forma indefinida. Sierra Pintada históricamente ha tenido diversos funcionamientos incorrectos”, remarcó el biólogo.
El activista señaló que la remediación, que supuestamente sería financiada por el PRAMU (Programa de Remediación de Minas de Uranio) con recursos del Banco Mundial, es una tarea compleja y costosa. Asimismo, anticipó que, de resurgir la idea de la reapertura, se movilizarán los mismos actores sociales y se reforzarán las medidas judiciales ya vigentes. Sin embargo, no subestimó la determinación de la actual gestión presidencial. “Hay que estar atentos, porque existen muchos episodios por parte del actual gobierno nacional. El respeto de Javier Milei por las normas es muy cuestionable. Por eso, me parece que la comunidad debe estar atenta y que se complete la remediación. La Justicia debe mantenerse firme con respecto a la decisión que tomó”, declaró Montenegro.
Cerro Solo y el escaso beneficio para las comunidades
Sobre el yacimiento de Cerro Solo en la Patagonia, con un potencial de 4.420 toneladas de uranio, Montenegro expuso que, si bien es una zona de mayor producción que Sierra Pintada, también deberá pasar por evaluaciones de impacto ambiental y audiencias públicas. No obstante, advirtió que la Patagonia es una región con una fuerte resistencia de las comunidades a la minería de uranio, con una clara decisión de que esta actividad no se reinicie. “La Patagonia es una región donde las comunidades están más organizadas, así que no le será fácil al gobierno la puesta en funcionamiento de mina Cerro Solo”, consideró el entrevistado.
Montenegro criticó que la megaminería, incluyendo la de uranio, solo terminan enriqueciendo a las grandes corporaciones como Blue Sky Uranium, y que no deja recursos significativos en las zonas donde se ubica. «Es realmente despreciable lo que queda como, llamémoslo, bienestar económico. En el caso de San Rafael, cuya economía regional se basa en la producción de frutas y exportación de frutos secos, una mina de uranio en funcionamiento podría generar sospechas sobre los productos locales, a diferencia de Chile, que no explota uranio y, por ende, no enfrenta el mismo riesgo de cuestionamientos sobre sus productos exportables”, diferenció.
“Chile explota cobre, pero bajo ningún punto de vista se puede comparar una actividad minera metalmecánica no reactiva con otra sumamente peligrosa y contaminante como la que lleva aparejada la explotación de uranio. San Rafael debe cuidar su economía regional, la cual tiene un buen posicionamiento y está bien consolidada”, recalcó Raúl Montenegro Karlic.
“El proceso de extracción de uranio con ácido sulfúrico, conocido como lixiviación ácida, implica la disolución del uranio presente en el mineral utilizando una solución de ácido sulfúrico. Este proceso puede liberar radón y otros contaminantes al medio ambiente, afectando la calidad del agua y el suelo. En La Rioja también se intentó hacer minería de uranio y la sociedad resistió. El Estado no está cuidando a las comunidades, se quiere avanzar en nuevos proyectos dejando de lado el proceso de remediación. La minería de uranio tiene un triste historial en Argentina”, sostuvo con vehemencia el ambientalista.
Finalmente, el biólogo criticó al Estado Nacional y lo tildó de “bobo” puesto que, a su juicio, permite que los grandes lobbies influyan en las prioridades del gobierno sin considerar las variables ambientales y sociales. Asimismo, cuestionó la persistencia en la energía nuclear en Argentina, que apenas genera entre el 7% y menos de la energía eléctrica consumida, y cuya necesidad de uranio ya está cubierta con importaciones. Además, recordó que muchos yacimientos de uranio en el país, como la planta de purificación Dioxitek en Córdoba, siguen sin ser remediados, con 57.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad almacenados sin geomembrana en plena ciudad. «No hay ninguna relación entre el peligro que representan las centrales nucleares de potencia y su deficiente récord de funcionamiento. Argentina es un país donde existen otras alternativas», concluyó, reafirmando la necesidad de buscar fuentes energéticas de menor riesgo y advirtiendo a la comunidad sanrafaelina trabajar en conjunto para cuidar su salud y el medioambiente ante los embates de los lobbies mineros.
