La posible reapertura de Sierra Pintada ha encendido las alarmas en el ámbito político y ambiental de Mendoza. Dentro de este contexto, el diputado provincial Jorge Difonso expresó su profunda preocupación ante nuestro medio de comunicación.
«Evidentemente estamos ante un intento del gobierno de generar noticias que configuran una situación de hecho, desoyendo la contundente medida judicial emitida por el Juzgado Federal y ratificada por Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida judicial, fruto de una movilización importante de las comunidades de San Rafael y de estudios precisos, es un emblema que debe respetarse a rajatabla», enfatizó Jorge Difonso al inicio del reportaje.
«Cuando las cosas se hacen mal, no se tienen que avanzar de la forma que le parezca al gobierno o al empresario de turno», sentenció.
«A casi 30 años de la paralización de las actividades en Sierra Pintada, no se han remediado los pasivos ambientales, condición indispensable impuesta por la Justicia para cualquier avance», destacó el legislador.
Más adelante, el diputado lamentó que, a pesar de que han pasado distintos gobiernos con presupuestos asignados para la remediación, estas tareas no se han llevado a la práctica. «Lo que me preocupa es que funcionarios de alto nivel empiecen a dar como entendido, como que las cosas van a suceder, creando un clima de avance que podría llevar a pasar por encima de leyes y sentencias judiciales bajo la excusa de un beneficio económico. Ante esta situación, hemos elevado una resolución a la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza, solicitando el contundente cumplimiento de lo resuelto por la justicia y que el organismo actúe en defensa de la comunidad y del ambiente, en lugar de ser un lobista para las mineras», declaró.
Críticas a la gestión ambiental
Difonso fue muy crítico con el posicionamiento de la provincia en este tema. En ese sentido, cuestionó el rol de la actual ministra de Ambiente, quien ha sido a la vez directora de YPF. «Ha ocupado los dos lados del mostrador al mismo tiempo. Lo que evidencia una prioridad por los intereses empresariales por sobre los de la comunidad. Un Ministerio de Ambiente debería ser una especie de moscardón que está encima del control, velando por la salud de la población y hoy se ve que el rol de Ambiente en Mendoza es un rol de lobista para las mineras», afirmó.
El diputado valoró la preocupación, información y movilización de la ciudadanía en temas ambientales, y el respaldo judicial que han obtenido. «Sinceramente, lamento que el gobierno provincial no esté en esta impronta de defensa ambiental, motivo por el cual lo estamos exigiendo mediante una resolución en la Legislatura para cuando finalice el receso legislativo. El tema debe mantenerse vigente en la opinión pública para que los gobiernos no pasen por encima con sus atropellos la voluntad de la ciudadanía», consideró.
Condiciones para
la explotación:
transparencia
y control
Consultado sobre un escenario hipotético en el que el gobierno cumpla con la remediación y los controles ambientales, y pretenda continuar con la explotación de Sierra Pintada, Difonso fue claro. «La condición indispensable es la participación de la comunidad, con correcta información y transparencia. No se puede avanzar si el gobierno demuestra a cada rato que pasa por encima de los controles y de las resoluciones judiciales, con tal de beneficiar determinados desarrollos económicos normalmente respaldados por empresarios cercanos al gobierno», recalcó.
Por otra parte, si bien reconoció que todas las actividades lícitas se pueden desarrollar, siempre y cuando no perjudiquen a la comunidad y vayan en contra de los fallos judiciales y la legislación de control, Difonso manifestó sus dudas sobre la capacidad del actual gobierno provincial para controlar un desarrollo de tal magnitud. En ese sentido, mencionó como ejemplos la contaminación petrolera en Luján de Cuyo, el vertido de líquidos cloacales y el manejo de basurales a cielo abierto como pruebas de una gestión, que, según su parecer, no controla férreamente.
«La palabra definitiva la debe tener cada comunidad. Dentro de ese marco, San Rafael ha sido contundente con las acciones de la multisectorial y otras organizaciones en defensa del ambiente y del cumplimiento de los fallos judiciales», expuso a modo de cierre.
