La remediación inconclusa del complejo sanrafaelino contrasta con el renovado interés por el uranio. Mientras persisten los pasivos ambientales, el ajuste sobre la CNEA y el freno al reactor CAREM ponen en discusión las prioridades de la política nuclear nacional.
Cerca de treinta años después del cese de la explotación de Sierra Pintada (el complejo minero fabril se paralizó en 1997), San Rafael continúa esperando una remediación integral. Cambiaron los gobiernos, se sucedieron anuncios y comenzaron obras, pero la deuda ambiental permanece. El tiempo transcurrido obliga a desplazar el foco de las promesas hacia los resultados: una comunidad no puede pasar décadas esperando que el Estado nacional termine de hacerse cargo de los residuos de una actividad que él mismo desarrolló en nuestro departamento, sumado a los tambores traídos y sin ningún tipo de cuidados desde Dioxitek, Córdoba, y que despertaron sospechas y todo tipo de elucubraciones.
La responsabilidad atraviesa distintas administraciones nacionales. Sin embargo, esa herencia no exonera al Gobierno de Javier Milei, que debe responder por las decisiones actuales, los recursos que asigna y las capacidades que conserva para cumplir con una obligación pendiente. Haber recibido un problema antiguo no habilita a prolongarlo ni a debilitar al organismo encargado de resolverlo.
La propia Comisión Nacional de Energía Atómica reconoce que la remediación no se ha iniciado y menos concluida. En su información institucional describe obras de infraestructura y autorizaciones para avanzar en la primera fase, destinada al tratamiento del agua de cantera y la gestión de residuos sólidos. También informa que la planta de tratamiento de radio y arsénico está en construcción y que otros pasivos serán abordados en futuras etapas, sujetas a estudios y permisos.
Existen avances que corresponde reconocer. Pero construir instalaciones, efectuar ensayos y preparar tratamientos no equivale a haber completado el saneamiento. La diferencia es decisiva para San Rafael, donde cada anuncio debe medirse contra la magnitud de lo pendiente y el tiempo acumulado. La población necesita un cronograma integral, financiamiento suficiente y resultados verificables, además de comunicaciones sobre obras parciales.
En ese escenario, el renovado interés por aprovechar el uranio vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que tiene un límite judicial. En la causa Arenas-Bitar, la Justicia Federal prohibió la reapertura del complejo hasta que se acreditara la remediación total de los pasivos ambientales verificados. La Cámara confirmó esa decisión y, en diciembre de 2010, la Corte Suprema rechazó la queja presentada por la CNEA.
El antecedente establece una secuencia que ninguna urgencia económica debería invertir: primero resolver la deuda ambiental. Presentar una eventual explotación como horizonte de desarrollo no permite dar por superada una obligación todavía incumplida. Tampoco corresponde confundir el uranio recuperado durante el tratamiento de residuos con la habilitación para volver a extraer mineral.
La contradicción nacional se vuelve más profunda cuando se observa la situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Mientras se mantiene abierta una tarea que requiere conocimiento especializado y continuidad, el organismo pierde recursos y personal. Un relevamiento publicado por Chequeado en julio indicó que el presupuesto previsto para 2026 era un 58% inferior, en términos reales, al ejecutado en 2023. También registró 389 puestos de trabajo menos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.
Las desvinculaciones posteriores profundizaron el conflicto. El Gobierno sostuvo que se trataba de contratos vencidos y de funciones mayoritariamente administrativas. La representación gremial cuestionó esa explicación y denunció la salida de trabajadores calificados. En declaraciones a FM Vos y Diario San Rafael, Daniel Sánchez, coordinador de la Mesa Nacional de ATE CNEA, advirtió que las cesantías alcanzaron áreas técnicas y comprometieron tareas de preservación de equipamiento del proyecto CAREM.
Ese proyecto permite dimensionar lo que está en juego. El CAREM es un reactor modular pequeño de desarrollo argentino, una iniciativa que reúne capacidades científicas, ingeniería y proveedores nacionales. La propia CNEA destaca el posicionamiento internacional de esa tecnología y señala que aproximadamente el 70% de los insumos calificados, componentes y servicios del prototipo provienen de empresas locales.
Frenar su construcción y perder especialistas implica mucho más que postergar una obra. Significa comprometer conocimientos que demandaron años de formación y una cadena industrial capaz de participar en un mercado tecnológico exigente. La eficiencia de una política pública también debe evaluarse por aquello que preserva y permite desarrollar, no solamente por lo que deja de gastar.
A ese cuadro se suma la orientación privatizadora del Ejecutivo. El Gobierno anunció la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina, manteniendo el control estatal mayoritario. Esa decisión corresponde a la empresa operadora de las centrales y no constituye una privatización de la CNEA. Aunque información sectorial reciente señala que el proceso permanece en pausa, la intención oficial expresa el rumbo elegido para una parte estratégica del sistema nuclear.
La discusión exige explicar cómo se protegerán el conocimiento nacional, la continuidad de los proyectos y las obligaciones ambientales. La participación privada no libera al Estado de remediar Sierra Pintada, ni reemplaza automáticamente las capacidades de los profesionales que se pierden.
San Rafael tiene razones para exigir respuestas concretas. La deuda ambiental no puede quedar subordinada al atractivo comercial del uranio ni a los tiempos de una nueva inversión. Después de casi tres décadas, cumplir dejó de ser un anuncio para convertirse en una prueba de responsabilidad estatal. El Gobierno Nacional debe demostrar que puede reparar lo que permanece pendiente y preservar las capacidades necesarias para hacerlo. Hasta entonces, hablar de nuevas oportunidades sin resolver las viejas obligaciones seguirá siendo una promesa difícil de creer.
