El debate sobre el futuro del sistema previsional argentino se intensifica. Los proyectos para recomponer los haberes jubilatorios y prorrogar la moratoria, que se esperaban tratar en la Cámara de Diputados, no lograron el quórum necesario. Ante este panorama, FM Vos y Diario San Rafael entrevistaron a Carlos Gallo, especialista en Seguridad Social y exjefe de la Regional Cuyo de ANSES, quien ofreció un análisis detallado de la situación.
Gallo explicó que entre los dictámenes de mayoría que buscaban aprobarse contemplaban tres puntos principales. El primero era la recomposición de los haberes jubilatorios para saldar un desfasaje que se arrastra desde principios de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei modificó la movilidad jubilatoria. El haber se actualiza por el IPC con dos meses de retraso. «Esa actualización contempló un 12,5% cuando la inflación fue del 20,8%, aproximadamente. Ahí ya se produjo un desfasaje. El porcentaje que se viene reclamando desde ese momento quedó plasmado en un proyecto de ley, el cual propone un aumento del 7,2%. El mismo se sumaría a la actualización por inflación, quedando consolidado en el tiempo para todas las jubilaciones del régimen general», precisó Carlos Gallo al principio del reportaje.
El segundo punto, dentro del mismo proyecto, se refería a la recomposición del bono para jubilados, que hoy está congelado. «Ese bono, si se hubiese ajustado de la misma manera en la que se actualizan las jubilaciones, ya tendría que superar los 150 mil pesos. El bono permanecerá congelado, así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos», afirmó Gallo, señalando que el proyecto solicitaba una actualización a $115.000 y que, una vez alcanzado ese monto, también se actualizara por la ley de movilidad jubilatoria para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
El fin de la moratoria y un futuro incierto para los trabajadores
El tercer eje, y el más polémico, era la continuidad de la moratoria previsional. El gobierno ya había anticipado que, de aprobarse, vetaría la medida. «Quienes sufren la no prórroga de la moratoria son la mayoría de los trabajadores, tanto formales como informales, que no cumplen los 30 años de aporte. Sobre la prórroga de la moratoria hay dando vueltas varios proyectos, pero el que tenía dictamen por mayoría extendía el beneficio por dos años. Igualmente, esta propuesta tampoco pudo ser tratada en el recinto. La moratoria venció el 23 de marzo, y actualmente los turnos en ANSES para tramitar jubilaciones son a 60 días, lo que deja a muchos trabajadores sin una herramienta para regularizar su situación», advirtió el especialista en Seguridad Social ya que en estos días se están realizando los últimos trámites.
«El fracaso en la votación en Diputados, por falta de quórum, evitó que el Presidente Milei tuviera que pagar el costo de tener que vetarla. La ausencia de quórum se dio gracias al apoyo, en su mayoría, de la Unión Cívica Radical. El único diputado de ese partido que dio quórum y se presentó fue Julio Cobos. El resto decidió no darlo. Legisladores del PRO y algunos de los bloques aliados determinaron no bajar al recinto para tratar los proyectos», apuntó.
Por otra parte, el especialista también criticó el proyecto que propone un nuevo esquema para aquellos trabajadores que llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años de aporte. «Una de las ideas que circula y que cuenta con aval del FMI, es el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años tanto para varones como mujeres. Esta prestación no contributiva otorga el 80 % de la jubilación mínima. En ese sentido, uno de los proyectos que estaban presentando buscaba disminuir la edad para las mujeres a 60 años, como así también no elevar el piso. A su vez, esta iniciativa planteaba crear una prestación complementaria en base a los años de aporte. Hoy en día quien tiene 29 años aportados y accede a la PUAM cobra solamente el 80% de la jubilación mínima. Un punto crítico de la PUAM es que no es derivable, es decir, no se transfiere al cónyuge tras el fallecimiento de la persona que la cobra, lo que representa un recorte o un ajuste muy importante», resaltó.
El riesgo de un sistema desfinanciado y la necesidad de una reforma integral
Gallo también abordó la preocupación por el financiamiento del sistema previsional. «Si bien de los once proyectos presentados solo uno contemplaba fuentes de financiamiento. Cada vez se está desfinanciando más el sistema previsional. Los aportes y contribuciones siguen en caída, desde que ha asumido el nuevo gobierno se perdieron casi 200 mil puestos de trabajo en el sector privado. Por otra parte, ha aumentado la informalidad laboral y ha caído el consumo, lo que hace bajar la recaudación del impuesto IVA. No hay que olvidarse de que parte de lo que se recauda a través de este impuesto se destina al sistema previsional. Además, eliminaron el Impuesto País, que en el año 2024 significó el 8% del financiamiento del sistema previsional. Discutir el financiamiento es una trampa, porque el gobierno elimina las fuentes que fortalecen al sistema. Si seguimos en esa lógica, en el futuro las jubilaciones se podrían reducir a la mitad de lo que son hoy, limitando mucho más la cantidad de prestaciones «, remarcó.
En este contexto, la propuesta del gobierno de crear una comisión especial para trabajar en un anteproyecto de cambio integral del sistema previsional es vista con cautela por Gallo. «Aunque me parece bien que se conforme una comisión compuesta por la presidencia de ambas cámaras y tres funcionarios del gobierno nacional, creo que la composición de la misma debería ser más diversa, al menos para discutir la reforma del sistema previsional», expresó.
Finalmente, el especialista enfatizó sobre la necesidad de una reforma integral del sistema previsional, pero advirtió que debe estar sujeta a una discusión de una reforma impositiva y una reforma laboral. «La legislación vigente del sistema de reparto se sustenta sobre un sistema de capitalización individual, por lo que tiene miles de parches. Me parece que es necesaria la discusión de una reforma del sistema previsional, pero debe estar atada a una reforma impositiva y laboral. Si no se achica la informalidad laboral y no se fortalece la recaudación tributaria va a dejar afuera del sistema a un montón de gente. Si no se modifica el sistema se van a poder jubilar sólo un millón de personas (contra los siete millones actuales) porque no va a alcanzar el dinero. Al sistema hay que darle fluidez y financiarlo. La jubilación es un derecho establecido en la Constitución y los tratados internacionales, así hay que garantizarla y mejorar los haberes mínimos que hoy están muy retrasados», cerró.
