Siniestros viales fatales: diferencia de criterios

Los siniestros viales fatales protagonizados por conductores alcoholizados son una realidad cada vez más palpable y dolorosa. Más allá de las particularidades de cada caso, Genaro Fortunato, Marcela Quiroga, Santiago Zaragoza y Fernando Quiroz son las más recientes víctimas de personas al volante con un alto –o altísimo- nivel de alcohol en su sangre.
La problemática depara, además del dolor de las pérdidas, una polémica referida al tratamiento que el Poder Judicial (y sus funcionarios) le da a quienes cometen esas faltas a la ley de tránsito y penal.
En general, y tal como ocurrió aquí con los casos mencionados, quienes manejan un vehículo después de haber consumido alcohol por encima de lo que la ley permite y, en ese estado, provocan siniestros que terminan con la vida de otra persona son imputados del delito de “homicidio culposo” y en casi todos los casos recuperan su libertad prontamente puesto que el tipo penal mencionado es excarcelable. Incluso, ello ha ocurrido con conductores que han huido del lugar del hecho dañoso.
Sin embargo, un caso ocurrido en el norte provincial pareciera contradecir esa visión: el sábado 18 de mayo, alrededor de las 6:30, el médico José Paulos (34) conducía su Volkswagen Gol por el acceso Sur cuando colisionó de atrás a un taxi en el que viajaba Luciana Montaruli (27). Como consecuencia del impacto, Luciana murió en el acto. Paulos manejaba con cinco veces más de alcohol que el permitido por ley y la fiscal Liliana Giner decidió imputarlo bajo la figura de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Esta semana, la jueza Patricia Alonso confirmó la imputación y que el profesional permanezca encarcelado.
Cada caso es particular, pero es innegable la similitud de los hechos ocurridos en el sur y en el norte. Es por ello que no deja de llamar la atención -más allá de la discusión acerca de que funcionario está acertado al actuar- la diferencia de criterio que existe entre miembros de un cuerpo judicial que maneja (o debiera) el mismo plexo normativo.